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La lista unitaria, pendiente de los procesos judiciales

Las decisiones judiciales pueden provocar que el independetismo concurra unido a las elecciones

La posibilidad de que el independentismo concurra a las elecciones del 21 de diciembre en una lista unitaria está condicionada por las decisiones judiciales que se produzcan estos días. El primer capítulo se vivirá a partir de hoy en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde está citado todo el destituido Gobierno de la Generalitat y algunos miembros de la Mesa del Parlament. Su encarcelamiento podría forzar al secesionismo a unirse en una candidatura.

Carles Puigdemont durante su comparencencia en Bruselas.
Carles Puigdemont durante su comparencencia en Bruselas. REUTERS

Los partidos políticos que quieran concurrir a los comicios del 21 de diciembre en coalición electoral tienen de plazo hasta el 7 de noviembre para registrarse con su marca y para designar las personas titulares de los órganos de dirección. Diez días después, el 17 de noviembre, deben registrarse las candidaturas de partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Sería un simple trámite burocrático si no fuera porque en ese calendario se intercala el inicio de la investigación de las querellas presentadas por la fiscalía por rebelión, sedición y malversación contra 20 personas que están citadas a declarar entre hoy y mañana por promover la declaración de independencia del pasado 27 de octubre: Carles Puigdemont, todo su Govern y seis miembros de la Mesa del Parlament.

El expresidente de la Generalitat ha anunciado desde Bruselas que no acudirá a declarar ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y queda por ver qué hacen algunos de los que fueron consejeros de su Gobierno. Varios de ellos están también en la capital belga. Si se confirma ese anuncio de incomparecencia, la justicia española enviará a la de aquel país una orden europea de detención y se iniciará un proceso paralelo que podría tardar en resolverse dos meses, una vez pasadas las elecciones.

Además de eso, queda por ver también si la Fiscalía reclama la prisión preventiva para algunas personas citadas a declarar como investigadas y si los magistrados encargados de tramitar las dos causas acuerdan esa medida cautelar. De ser así, el independentismo no solo haría de la decisión judicial un argumento político de cara a la campaña electoral, sino que posiblemente invocaría la “excepcionalidad” del momento para acudir unido a las elecciones de diciembre, al menos en el caso de Esquerra Republicana, el PDeCAT y algunas incorporaciones de personas a título individual. La CUP aún no ha decidido si se presentará y lo más probable es que, si lo hace, acuda con sus siglas por separado.

Todos juntos

Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios y alcalde de Premià de Mar, abogó este domingo por la necesidad de presentar una lista unitaria. En una entrevista en Nació Digital, Buch propuso una candidatura en la que figurasen Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, encarcelados desde el 16 de octubre por las concentraciones realizadas frente al Departamento de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre durante unos registros de la Guardia Civil.

Ni la orden de detención que pudiera acordar la justicia contra Puigdemont, ni la prisión preventiva contra algunos de los que fueron sus consejeros, ni el encarcelamiento en el que se encuentran Sànchez y Cuixart impediría que pudieran ser candidatos en las elecciones, pues en todos los casos se trataría de una medida cautelar. Por tanto, no estarían condenados en sentencia firme a la pena de inhabilitación, que es el único escenario previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impide ser candidato en las elecciones.

El PDeCAT y Esquerra vienen diciendo desde hace meses que no reeditarían la candidatura electoral del año 2015 que cristalizó en Junts pel Sí, pero las circunstancias actuales les pueden acabar conduciendo a hacer de la necesidad, virtud. Puigdemont anunció al asumir su mandato en enero de 2016 que no volvería a repetir como candidato y que su tarea consistía en conducir a Cataluña desde la autonomía hasta las puertas de la independencia. Nadie pensaba entonces que la reclamación de la amnistía para los miembros del Gobierno catalán pueda acabar convirtiéndose en uno de los ejes del programa electoral dos años después. “Si pueden volver a casa no hay lista única”, aseguran de manera taxativa fuentes de Junts pel Sí.

Ese escenario de la lista unitaria acabaría con las aspiraciones personales de algunos dirigentes de encabezar la lista del PDeCAT, como el caso del exconsejero Santi Vila, que dimitió horas antes de que el Parlament proclamase la independencia, aunque eso no le ha servido para evitar que la Fiscalía se querelle también contra él y que haya sido citado a declarar.

Sin ley electoral propia después de 37 años

Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene una ley electoral propia después de más 37 años desde la constitución del primer Parlament de la democracia. Eso obliga a aplicar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para regular la organización y el calendario de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Además de eso, con la autonomía catalana intervenida por aplicación del artículo 155 de la Constitución, corresponde al Gobierno del PP por primera vez en democracia, poner en marcha todo el aparato administrativo para la jornada electoral.

La explicación a que Cataluña no disponga de una ley electoral propia hay que buscarla en las discrepancias que mantienen desde hace décadas los partidos catalanes y que hacen imposible su aprobación si no es con una mayoría de dos terceras partes del Parlament (90 de 135 diputados), la misma que se necesita para reformar el Estatut. El criterio a seguir en la atribución de los escaños y la división de Cataluña en circunscripciones electorales distintas de las actuales cuatro provincias han impedido un acuerdo que estuvo a punto de producirse antes de las elecciones de 2015.

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