Dos testigos sitúan a Puigdemont como líder en la organización del referéndum

Dos testigos, el empresario Vicent Nos y el empleado Quim Franquesa, aseguraron ante la Guardia Civil que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras "han dirigido la toma de decisiones respecto a la búsqueda del sistema de votación para la celebración del referéndum del 1 de octubre". Así consta en uno de los informes entregados por los agentes al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que mantiene abierta una investigación por varios delitos sobre la preparación del referéndum y sobre la creación de las llamadas estructuras de Estado.

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La causa judicial ha permanecido diversos meses bajo secreto de sumario y ha implicado escuchas telefónicas a altos cargos de la Generalitat, que fueron detenidos el pasado 20 de septiembre. Las diligencias judiciales, a las que ha accedido EL PAÍS, subrayan que Puigdemont, Junqueras y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, "además de aproximadamente 15 personas" que los testigos "no han podido identificar", lideraron el proceso para garantizar la votación el 1 de octubre. Uno de los testigos sí situó en reuniones clave a Xavier Vendrell y Carles Mundó.

La Guardia Civil tomó declaración a cinco testigos. El que reveló más detalles fue Franquesa, que trabajaba en proyectos de participación ciudadana para varios ayuntamientos. Explicó a los agentes que "un tal Jordi" contactó con él con número oculto; afirmó que no sabe quién es. Explicó que se reunieron en un bar de Sant Joan Despí (Barcelona) y allí dialogaron sobre “las garantías legales” de un sistema de votación para que “no fuera manipulable”. Jordi “le informó que el destino del mismo sería el referéndum del 1 de octubre y que se trataba de un referéndum ilegal”.

Pero Franquesa no podía hacerlo solo y por eso contactó con Nos, empresario que posee diversas empresas informáticas. Franquesa y Nos se reunieron con los máximos responsables de la Generalitat en el Palacio de Pedralbes de Barcelona el 16 de agosto. Allí, Puigdemont, Junqueras, Rovira y "otras 15 personas" inquirieron por el proyecto. Según el testimonio de Nos, los políticos les plantearon "dudas sobre el sistema de votación". Rovira, en particular, le preguntó si podría votarse para los catalanes en el exterior y los de aquí, y le dijo que sí. Finalmente, dijo, decidió no desarrollar el producto “por si podía ser ilegal”.

El relato de Franquesa agrega que, después de ese encuentro de primer nivel, responsables de la Generalitat se volvieron a poner en contacto con él y éste les dijo que el coste estimado sería de medio millón de euros. Más tarde, se reunió también con técnicos del CTTI para “analizar técnicamente el proyecto”.

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El proyecto, sin embargo, no salió adelante. Franquesa decidió "no seguir" porque el timing "era imposible de cumplir". Nos, por su parte, aseguró que "no sabía que se destinaría a votantes en el exterior, pese a que hizo una propuesta de trabajo".

El último informe de la Guardia Civil confirma el papel clave del Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. El CTTI "era el encargado de supervisar el desarrollo del proyecto desde un punto de vista técnico y valorar la viabilidad y posibilidad de ejecutar el mismo", concluyen los agentes.

El rol del CTTI aparece una y otra vez en la causa. En uno de los primeros informes, la Guardia Civil asegura que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías y de la Información (CTTI) “tenía el control total” de los dominios de pactepelreferendum.cat, referéndumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu desde el 20 de enero hasta el 17 de febrero.

El sumario incluye conversaciones telefónicas, como una del 30 de agosto en la que el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, reconoce a un asesor de la Generalitat que, tanto él como Junqueras entendían que proclamar la independencia en octubre tras la celebración del referéndum “era del todo inviable dado que aún carecían de muchas cosas necesarias, control aduanero, banco propio, etcétera”.

La Guardia Civil sitúa al ex número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, como “uno de los brazos ejecutores” del referéndum, ya que “bajo su responsabilidad se encuentra gestionar la logística para proveer los elementos fundamentales del referéndum”. En la causa también figuran detalles como el desvío de 65.000 euros que se justifican con el epígrafe “algún gasto”. Los agentes deducen que el dinero pasó a financiar el registro de catalanes en el exterior y la web referendum.cat.