Carmena forzó a Mato a ajustar las cuentas a la Ley de Estabilidad

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, obligó a su concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, a ajustar las cuentas municipales a los dictámenes del Ministerio de Hacienda, según revelan fuentes del gobierno de Ahora Madrid. Estas fuentes explican que el documento de ajuste económico aprobado este lunes en el pleno —con la abstención de PSOE, PP y Ciudadanos— fue trazado por la regidora sin tener el beneplácito del delegado de Economía. El plan contempla ajustes en el capítulo del gasto, además de una venta prevista de suelo público por 200 millones de euros.

La votación del plan financiero de este lunes cerrará con toda probabilidad el enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda que el delegado de Economía mantuvo en los últimos meses. Un pulso del que la propia alcaldesa quiso desmarcarse. Dio su palabra a Cristóbal Montoro de que el Ayuntamiento cumpliría con las limitaciones del gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y este lunes lo demostró.

El plan aprobado prevé recortes en el gasto social e inversiones (más de 127 millones) acompañados por la venta de suelo público por un total de 203 millones de euros. Se trata de medidas impopulares que el gobierno de Carmena toma con dificultad para cumplir con la Ley de Estabilidad y sanear las cuentas del Ayuntamiento, según afirman fuentes del propio gobierno de Ahora Madrid.

El Ayuntamiento incumplió en los últimos dos años la ley al sobrepasar el techo de gasto en más de 250 millones. Esta gestión, que la oposición considera fracasada, obligó a estos recortes. Fue la propia alcaldesa quien decidió ponerse manos a la obra hace meses, pilotando la redacción del plan de ajuste y obligando a Mato a aceptarlo, revelan fuentes del gobierno local. El propio Mato dijo en el pleno que su coalición "detesta la legalidad vigente", pero que la va a cumplir. Se trata de la misma postura mantenida por la alcaldesa en las últimas reuniones a las que asistió personalmente con los representantes de Hacienda.

A primera hora de la mañana de este lunes, el concejal de Economía no participó en la reunión con los representantes de los partidos políticos para debatir los detalles del plan. Una ausencia significativa, puesto que en su lugar estuvo Marta Higueras, delegada del Área de Equidad y considerada la mano derecha de Carmena.

Este lunes, una portavoz del equipo de Mato negó que la alcaldesa forzara al edil a adoptar el plan, ya que lo "defendió con la vehemencia y satisfacción". Según el entorno de Mato, su "objetivo primordial" es no hacer recortes y sostienen que "es problemático hablar de política" con "rumores de noviazgos y rupturas constantes".

Durante el debate, todos los partidos criticaron la falta de planificación del gobierno local. La socialista Erika Rodríguez dijo que la interpretación de la regla de gasto por parte de Hacienda es "injusta", pero subrayó los errores del ejecutivo municipal: "No estamos contentos con la forma en la que ha actuado el gobierno [de Ahora Madrid]", dijo la edil, quien habló de falta de previsión por parte de Mato.

La crítica del PP también fue dura. Íñigo Henríquez de Luna (PP) acusó a Mato de trabajar para que la oposición paralizara un plan en el que él no creía. Achacó los retrasos a la búsqueda de un rédito político: "Usted lo hizo para intentar entrar en la lista de diputados de IU al Congreso", dijo, y sostuvo que la regidora "ha intervenido" la Concejalía de Economía.

Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos, resaltó que el incumplimiento de la regla de gasto por parte de Mato fue "premeditada" para obtener "rédito político". Recordó la compra de un edificio en la calle de Alcalá, 45, por 104 millones, que hizo disparar el gasto del Ayuntamiento y dificultó buscar una solución con Hacienda.

El PSOE finalmente decidió abstenerse por "responsabilidad". Una posición que modificó la línea de PP y Ciudadanos, que pasaron de un posible rechazo a la abstención. Esto permitió a Ahora Madrid, que gobierna en minoría, aprobar el plan con solo los votos de sus ediles.

El plan aprobado contempla un recorte de 127 millones en gasto social, subvenciones e inversiones. Para evitar un mayor tijeretazo, el Consistorio madrileño quiere vender más de 200 millones de suelo público. La esperanza del gobierno es que de esta manera Hacienda dé su visto bueno al plan y quede zanjada la polémica.