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El bloque independentista ha tenido desde hace años en Cataluña una amplia red de periodistas y tertulianos en TV3 y Catalunya Ràdio, además de alguna emisora privada, que han aplaudido los acuerdos que ha venido adoptando la mayoría del Parlament y el Gobierno de la Generalitat en favor de la secesión. Sin embargo, el desenlace del proceso y la posibilidad de que se produzca una declaración unilateral de independencia (DUI) —como si existiera una declaración que no fuera unilateral— ha hecho recular a algunos de estos opinadores. La fuga de empresas y la amenaza de que el deterioro económico desemboque en una recesión también ha encendido las alertas entre el empresariado hasta hoy más cercano a las tesis soberanistas, que ayer salió para advertir de los efectos de una DUI.

Es el caso de la escritora y columnista Pilar Rahola, icono del independentismo catalán, biógrafa de Artur Mas y que presume también de amistad con Carles Puigdemont. En un artículo publicado en La Vanguardia el pasado día 6, tres días antes del pleno del Parlament inicialmente previsto para el día 9, Rahola rectificaba el apoyo que mantuvo durante años a la declaración de independencia, que consideraba “una decisión precipitada”. La columnista pedía “medir bien los éxitos logrados y no romperlos con decisiones aceleradas” y proponía “contrarrestar la precipitación agresiva del Estado con paciencia e inteligencia”. Por eso, decía que la declaración de independencia supondría una “derrota” del relato secesionista. “Es un juego de ajedrez en el que una mala jugada puede hacer perder piezas valiosas de la partida”, escribió Rahola.

Imagen en Europa

Una posición similar mantuvo el día 5 Jordi Basté, presentador de El món a Rac-1, el programa matinal con mayor audiencia en Cataluña. En su espacio de opinión al inicio del programa, Basté se preguntaba: “¿Qué se gana con una declaración unilateral?”, y él mismo se respondía: “Esta es la pregunta. ¿Un martirio? ¿La aplicación del artículo 155 de la Constitución? Esto, todo sea dicho, sería un error descomunal del Gobierno de España. ¿El encarcelamiento de líderes catalanes? ¿Una manifestación de tres o cuatro millones de personas? ¿Incidentes graves? ¿Y después, qué? ¿Qué pasará?”. Basté advertía de que “la imagen de una declaración de desconexión a partir de cómo se desarrolló el referéndum del domingo será difícil de justificar en Europa”.

En sentido parecido se ha expresado el periodista Josep Martí, que fue secretario de comunicación del Gobierno catalán bajo la presidencia de Artur Mas. En agosto, Martí aseguró: “Todo está a punto para el combate cuerpo a cuerpo que es, en definitiva, lo que se quiere y se busca desde el resultado de las elecciones de 2015”. Sin embargo, Martí el pasado día 13, durante su intervención en la tertulia de El món a Rac-1, expresó una opinión bien distinta y afirmó que si Puigdemont declaraba la independencia, “habría una parte importante de Cataluña que no le daría ningún tipo de legitimidad” y, por tanto, eso llevaría, dijo “a una situación bastante extraña”.

La declaración de independencia también inquieta al mundo empresarial catalán. Y no solo entre las grandes patronales, que tradicionalmente se han posicionado en contra del proceso soberanista. Alguna firma, cuyos consejeros están vinculados al entorno independentista, ya ha decidido trasladar su sede social a Madrid. Es el caso del grupo GVC Gaesco, en cuyo consejo está el vicepresidente segundo de Òmnium Cultural, Joan Vallvé. La empresa, según fuentes del mercado, ni esperó a que se celebrara el referéndum y aprobó el cambio de domicilio social en septiembre.

“Una trampa colosal”

Pero, además, círculos próximos al Gobierno catalán pidieron ayer a Puigdemont que retirara de la mesa la carta de la DUI ante la inminencia de su respuesta al requerimiento del Gobierno central. El cofundador y presidente del consejo de administración del diario Ara, el empresario Ferran Rodés, publicó ayer un artículo en ese diario en el que sostenía que la DUI es una “trampa colosal” que solo satisface al “independentismo más enardecido” y, en cambio, pondría en un “callejón sin salida” al president, al movimiento que lidera y a todos los catalanes.

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Rodés esgrimió en el diario —que ya se negó a poner publicidad institucional del referéndum ilegal del 1 de octubre— que la DUI supondría entrar “en una espiral que alterará la paz social” de los catalanes. Pero fue más allá y recordó que el bloque independentista arrastra un “error” desde septiembre de 2015, cuando Junts pel Sí ganó las elecciones que Artur Mas planteó en clave plebiscitaria sobre la independencia pero sin alcanzar el 50% de los votos. “Cree que tiene una mayoría social en votos, cuando la tiene solo en el Parlament. El referéndum, que no pudo ser pactado, es insuficiente para ser homologado a nivel internacional”, sostiene Rodés. El presidente de Ara añade un tercer motivo para evitar la DUI: no solo sería desobedecer al Estado, sino a Europa. “El presidente dejaría de ser el presidente de todos, y Cataluña perdería su autogobierno, me temo que por muchos años”, sostuvo.

También Joaquim Coello, presidente de la Fundació Carulla —accionista del mismo diario y vinculada al grupo Agrolimen— publicó otro artículo en el que recordaba que la respuesta al requerimiento del Gobierno central era “no”, puesto que esta ni se ajusta a la ley catalana ni a la española. Coello avisó de que una DUI sería un “salto al vacío que tendría un escaso reconocimiento internacional”, desataría “el desorden en la calle” e iniciaría “un camino de incertidumbre”. El empresario se unió a la tesis de que el independentismo no había demostrado tener una mayoría de ciudadanos a favor de la independencia y advirtió de que si bien a corto plazo la pérdida de sedes sociales conlleva consecuencias “menores”, a largo plazo los efectos pueden ser “perniciosos”. Puesto que Coello no ve viable que el Estado acepte la mediación que propone el Ejecutivo catalán, en el artículo aboga, como “única salida posible”, por unas elecciones en las que los partidarios de la independencia “lo declaren”.

También el economista Miquel Puig, que entre 2000 y 2002 fue director general de la antigua Corporación Catalana de Radio y Televisión, el pasado jueves aseguró a través de su cuenta de Twitter que discrepaba de quienes pedían reactivar la declaración. “Si queremos ser independientes, hemos de ser respetables, y eso exige ser previsibles”, sostuvo entonces. Sin embargo, tras conocerse la respuesta de Puigdemont al Gobierno central, Puig cerró filas con el presidente.

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