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El saqueo de la asociación de municipios llega a juicio

Josep Maria Matas y Xavier Solà, excargos de CDC, afrontan cinco años y medio de cárcel por malversar un millón de euros

Xavier Solà (izquierda) y Josep Maria Matas, en un acto de Convergència en 2012.
Xavier Solà (izquierda) y Josep Maria Matas, en un acto de Convergència en 2012.

El expolio perpetrado por los dos antiguos responsables de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) llega a juicio cuatro años después. Josep Maria Matas y Xavier Solà se apropiaron, presuntamente, de más de un millón de euros de la ACM, un ente municipalista históricamente ligado a CiU y hoy entregado al proceso secesionista. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Matas y Solà, que declaran en la vista oral junto a una treintena de testigos.

La ACM nació en 1981 como una agrupación voluntaria de municipios, comarcas y otros entes locales que se definía a sí misma como “nacionalista”. Su principal fuente de financiación son las cuotas de esos socios, lo que ha originado un intenso debate jurídico sobre si se trata de fondos públicos. Eso es lo que cree precisamente el fiscal, que pide cinco años y medio de cárcel para Matas y Solà por los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental. Ambos se enriquecieron a costa de la entidad mediante facturas infladas y trabajos ficticios.

La carrera política de Matas y Solà estuvo siempre ligada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Ambos llegaron a ser destacados dirigentes de la formación en la comarca de Osona. Ascendieron poco a poco, siempre en segundas posiciones, pero con paso firme. Entre 1999 y 2011, fueron los máximos responsables operativos de la Asociación Catalana de Municipios: Matas, como secretario general; y Xavier Solà, como jefe de sus servicios jurídicos. Poco después, Matas fue nombrado coordinación general de la Diputación de Barcelona, o sea número dos del organismo provincial; mientras que Solà llegó a ocupar el cargo de secretario general del Departamento de Cultura con Ferran Mascarell.

En 2012, sus carreras se truncaron: EL PAÍS destapó sus actividades irregulares al frente de la ACM. La Fiscalía se querelló contra ambos en febrero de 2013. La investigación se desarrolló con celeridad y, de hecho, el ministerio público presentó sus conclusiones en 2014. Los avatares procesales, sin embargo, han retrasado el inicio de la vista oral, que comienza este lunes, o sea cuatro más de cuatro años y medio después del inicio de las investigaciones.

Empresas pantalla

El escrito del fiscal detalla cómo lograron perpetrar el saqueo sin que nadie lo impidiera. Matas aprovechó su poder “omnímodo” en el ente para lucrarse personalmente. Lo hizo mediante una empresa instrumental: Parés i Solé. En cuatro años, esa empresa cobró de la ACM por una serie de servicios: revistas de prensa, encuadernación de directorios y publicación de libros y manuales, entre otros. Pero era pura fachada. Parés i Solé, en realidad, no prestaba esos servicios. Lo hacían otras empresas. Matas se limitaba a “incrementar ilícitamente el precio” abonado por la ACM y se embolsaba el sobreprecio. En otros casos los trabajos ni siquiera existían, sino que eran “total y completamente irreales”. En total, Matas se apoderó de 771.000 euros que le permitieron acumular “un significativo patrimonio inmobiliario” y, también, para comprar “vehículos de alta gama”.

Solà se sumó a la mecánica de su amigo Matas un tiempo después. También usó una sociedad pantalla (Esports i Lleure) aunque, en la última fase del saqueo, se “autoconcedió una retribución laboral desproporcionada”, considera el fiscal: 273.000 euros para el ejercicio 2011. La cantidad malversada por Solà asciende a los 189.912 euros, que también invirtió en el sector: se pagó una segunda residencia en Cadaqués.

Dos acusados, dos estrategias judiciales

Josep Maria Matas y Xavier Solà han mantenido, a lo largo de la instrucción judicial, dos estrategias contrapuestas. Matas se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, pero empezó a devolver las cantidades de las que supuestamente se apropió —con la excepción del sueldo— y a reconocer, parcialmente, los hechos. Su objetivo es lograr una rebaja de pena de la Fiscalía. Solà, por su parte, sí declaró, pero solo para defender que su empresa sí realizó los trabajos y que no se apoderó de los fondos del ente municipalista.