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PP y Ciudadanos rechazan limitar eventos multitudinarios en fincas protegidas

PSOE y Podemos afirman que la actual ley es un "coladero" que está dañando gravemente zonas de gran valor de Madrid

El pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado una proposición de ley que pretendía restringir la celebración de bodas u otros eventos sociales en fincas rústicas de toda la Comunidad de Madrid. PP y Ciudadanos han votado en contra de la iniciativa presentada de forma conjunta por PSOE y Podemos. Ambos grupos de izquierda sostienen que la actual redacción de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, supone un "auténtico coladero" para poner en marcha actividades hosteleras ilegales. En estos lugares, muchos de ellos protegidos y de gran valor ecológico, se celebran eventos multitudinarios que reúnen a cientos de personas sin ningún tipo de seguridad para los asistentes y provocando graves afecciones al medio ambiente.

El portavoz de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), Javier Zamora, se lamentaba del rechazo de PP y Ciudadanos. "No entendemos la razón por la que se sigue permitiendo una actividad que nos está dañando", ha declarado Zamora en los pasillos de la Asamblea de Madrid, tras producirse la votación que ha tumbado la ley. La única explicación que encuentran a lo sucedido, es que "los empresarios a los que se les permiten esos usos, muy lucrativos, son más afines al PP que a otros grupos políticos".

La normativa actual permite en suelo no urbanizable y urbanizable no sectorizado usos que favorecen el desarrollo rural sostenible, los vinculados a la celebración de actos sociales y eventos familiares, y los caninos y ecuestres. Estas actividades se pueden llevar a cabo en cualquier tipo de edificación existente. Lo que pretendían PSOE y Podemos es que se derogara este artículo, el número 9, y que los interesados en abrir nuevos establecimientos se enfrentaran a la legislación habitual en estos casos. Sin ventajas.

El diputado del PSOE Agustín Vinagre ha argumentado en el pleno que dicha ley, aprobada en la época del expresidente Ignacio González, ha posibilitado la explotación de fincas en suelos protegidos, además de favorecer la celebración de eventos ilegales que operan sin ningún control.

En la actualidad, según datos ofrecidos por los empresarios, existen 55 peticiones para abrir nuevos espacios de celebración de eventos de ese tipo (a 17 ya se les ha concedido la licencia). "Es precisamente su alto valor ecológico, los que le confiere su mayor atractivo y su mayor debilidad, porque no se puede considerar que semejante uso preserve las fincas sin que se lleve a cabo un estudio de impacto ambiental", exponen los diputados en el texto de la ley rechazada.

Estas celebraciones reúnen a cientos de personas y vehículos en lugares no adaptados para ello y  con música a alto volumen. También se construyen infraestructuras como plataformas de hormigón, caminos y se generan cantidad de residuos. "Es un sarcasmo afirmar que son compatibles con la protección y favorecen el desarrollo rural sostenible", dicen los parlamentarios.

Por otra parte, constituye una competencia desleal con respecto a otros empresarios que pagan importantes impuestos y cuentan con instalaciones con todas las medidas de seguridad e higiene para los usuarios. La consecuencia es que en los últimos años no se ha producido la apertura de ni una sola instalación dedicada a ese tipo de eventos en suelo legalizado. Y si, en cambio, el cierre de empresas.

El PP, a pesar de haber votado en contra, presentará en el pleno de la semana que viene una proposición de ley para delimitar qué tipo de eventos se podrán autorizar en las fincas rurales y que lugares los pueden acoger, Una postura "desleal" a juicio de la diputada de Podemos Laura Díaz, porque se había hablado de un posible apoyo de los cuatro grupos.

Díaz no comprende el cambio de postura de Ciudadanos, "dado que su diputado Enrique Veloso incluso ha participado en la redacción del texto que hemos presentado hoy". Veloso ha mantenido que la propuesta "adolece de numerosas contradicciones". Por ejemplo, cuando hablan de "coladero y afección al medio ambiente de extrema gravedad", cuando, según sus datos solo se han autorizado cinco instalaciones.

En cuanto al PP, el parlamentario Luis del Olmo, comprende que los empresarios estén molestos, pero añade que es un conflicto difícil de abordar, porque hay personas que desean celebrar sus eventos en un entorno "natural".

La propuesta de los populares no convence a los empresarios de AMER, porque se va a permitir que la actividad se ejerza en edificios que sean bien de interés cultural o con valor arquitectónico. En la actualidad, se autoriza en cualquier inmueble. "¿Qué significa eso?, porque las grandes fincas suelen contar con inmuebles importantes", se preguntan. La Consejería de Medio Ambiente asegura que la autorización la tendrá que informar la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá un mayor control.