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PSOE y Podemos registran una ley para limitar los eventos en fincas rústicas

Las asociaciones de hosteleros denuncian que desde 2012 la normativa "es un coladero de actividades hosteleras ilegales"

Los Arcos del Real, donde se celebró la boda de Ana Aznar y Agag
Los Arcos del Real, donde se celebró la boda de Ana Aznar y Agag

El PSOE y Podemos han presentado hoy en el registro de la Asamblea de Madrid una proposición de ley que pretende poner freno a la celebración de bodas y otros eventos multitudinarios en fincas que no cumplen con la legislación y que suelen estar ubicadas en terrenos rústicos o protegidos. Los políticos estaban acompañados por representantes de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER) y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). El PP y Ciudadanos no se han sumado a la iniciativa. Los populares explican que ellos ya presentaron una proposición de ley al respecto el pasado 27 de junio.

El problema se encuentra en el artículo 9 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Los hosteleros sostienen que su redacción es muy abierta y ha propiciado la situación actual; tienen contabilizadas unas 60 fincas en las que se llevan a cabo celebraciones de eventos en los que pueden llegar a asistir 1.000 o 2.000 personas.

Estas fincas se ahorran alrededor del 80% de los gastos en los que incurre un empresario del sector que se encuentre en un entorno urbano y que tiene que hacer frente a impuestos y requerimientos de seguridad e higiene que no exigen en terrenos rústicos, han calculado las asociaciones. "Lo que queremos es una normativa igual para todos, porque la actual supone un agravio comparativo", ha indicado Álvaro Couso, asesor jurídico de los empresarios afectados. La consecuencia es clara: "en los últimos años no se ha producido la apertura en suelo legalizado de ninguna nueva instalación hostelera dedicada a esos eventos", sostiene la propuesta. "Por el contrario", continúa, "se constata el cierre de empresas que venían actuando en el marco de la legalidad, incapaces de competir con esos nuevos operadores"

El artículo que se pretende reformar se refiere a los usos que favorecen el desarrollo rural sostenible, que están vinculados a la celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad, así como los usos caninos y ecuestres. Se permite que las celebraciones se lleven a cabo en edificaciones existentes que pueden ser habilitadas para esos fines, "que se ubiquen en suelo no urbanizable con cualquier protección y suelo urbanizable no sectorizado". 

A pesar de que los terrenos están ubicados principalmente en suelos serranos y parajes de gran valor ecológico como parques regionales, pueden ser autorizados por calificación urbanística, algo que les parece insuficiente a los hosteleros. La propuessta sostiene que esta actividad supone un daño para el medioambiente, porque hay que habilitarlas con instalaciones como aparcamientos para cientos de vehículos, plataformas de hormigón para instalar carpas, infraestructuras de saneamiento, entre otras. Todo ello, "sin ningún control ambiental", puntualiza el texto.

El artículo ha demostrado ser "un auténtico coladero de actividades hosteleras ilegales que operan al margen de cualquier control medioambiental y de legalidad administrativas, constatándose que nada aporta al desarrollo rural de donde se realizan".