Colau acelera la inversión y el gasto social en vistas al final de mandato

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, abre el grifo de las inversiones y el gasto social en el tercer año de su mandato, el último antes de las elecciones. El consistorio ha presentado este martes su proyecto de presupuestos para 2018: 2.643 millones de euros, 62,4 más que en el presente ejercicio. Del total, 482 corresponden a inversiones, con una aportación de 50 millones por parte del Patronato Municipal de la Vivienda. El gasto corriente crece en 58,7 millones y se destina sobre todo a servicios sociales, transporte público y vivienda y urbanismo.

El ejecutivo afronta ahora la negociación con la oposición para aprobarlos. Sería la primera vez que lo consigue y el portavoz del ejecutivo, Gerardo Pisarello, ha pedido "un esfuerzo extra", tras la cuestión de confianza con la que se aprobaron las cuentas de 2017. También ha destacado que la presentación de los números supone un mensaje de estabilidad institucional: "Barcelona no se para", ha resumido.

El primer teniente de alcalde ha defendido unas cuentas que ha subrayado que son "una foto fija del cambio de filosofía presupuestaria" del actual mandato, "con una clara apuesta en materia social". Pisarello también ha querido señalar que presentar las cuentas "en un momento de incertidumbre es un mensaje de estabilidad y normalidad institucional, mostrar que pese a los tiempos que vivimos, esta ciudad sigue trabajando y funcionando". Y ha enviado un mensaje de tranquilidad a los sectores económicos: "En un día como hoy, cuando llevo semanas escuchando a sectores económicos expresando su preocupación y temor, quiero lanzar mensaje de serenidad y compromiso de la ciudad con la gente que peor lo está pasando con la crisis y con todos los actores económicos; de decir que tendrán al gobierno de la ciudad a su lado. Nos tienen a su lado y Cataluña también, si Barcelona funciona bien, Cataluña también", ha dicho.

Pisarello ha destacado que además del gasto social y en vivienda, las cuentas para 2018 son también "una apuesta por la reactivación económica y por acompañar el dinamismo, con casi 500 millones de inversión, recuperando los niveles de antes de la crisis, que es la mejor noticia en materia económica".

El equipo económico de Colau ha querido así mismo dejar claro que presentan su proyecto de cuentas un mes antes que el año pasado, para dialogar durante cuatro semanas antes de la comisión de economía del mes de noviembre. En este sentido, Pisarello ha invitado a la oposición a "ir más allá de los intereses partidistas en unos presupuestos que tienen una clara vocación redistributiva, son claramente sociales, no recortan y son aceptables para todas aquellas fuerzas que sean conscientes de la importancia de Barcelona como capital internacional y de Cataluña".

Gasto social y transporte público

El proyecto de presupuesto para 2018 consolida la política de servicios sociales y promoción social hasta 328,7 millones de euros, un 15% del total de gasto corriente. El gasto también destina 408,8 millones a medioambiente (limpieza viaria, abastecimiento de agua o alumbrado) y 175 millones a transporte público (un 14% más), aumentando las transferencias a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM).  También crecen las partidas destinadas a cultura (145 millones) o educación (121,8 millones).

Respecto a las inversiones, además de los casi 100 millones para vivienda (entre la compra de solares, construcción de vivienda y ayudas a la rehabilitación o al pago del alquiler), se destinan 157 millones a construcción y mejora de equipamientos y 144 a mejora del espacio público. Entre las partidas concretas, el gobierno también destaca el túnel de la plaza de les Glòries, el plan de transformación digital de la administración, el plan de barrios en Nou Barris (27,4 millones sumados todos los planes), la construcción de carriles bici (6,4 millones) o las obras para acabar la rehabilitación del mercado de Sant Antoni (5,8).

En línea con las cuentas de los otros años del ejecutivo de Colau, el presupuesto mantiene el nivel de endeudamiento en el 33% de los ingresos (835 millones, la cifra más baja desde hace una década) y mantiene una liquidez que permite pagar a los proveedores a 30 días. El ahorro bruto previsto (la diferencia entre los ingresos y el gasto corriente) es del 15% del presupuesto, de ahí la inversión prevista.