corrupción política

El alcalde juzgado por enchufar a empleados culpa al secretario municipal

El regidor de Xinzo alega que no leía los decretos porque hace "cientos de cosas al día" y los técnicos lo niegan

El alcalde de Xinzo, durante un pleno de la Diputación.
El alcalde de Xinzo, durante un pleno de la Diputación.nacho gómez

El alcalde del municipio ourensano de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, elegido por el PP, ha declarado este lunes como acusado de contratar a dedo a cuatro trabajadores en el Ayuntamiento, entre 2011 y 2013, y ha afirmado en su defensa que nunca leía los decretos por los que adjudicó las plazas sin convocatoria previa de concurso público, pese a los informes de advertencia de los asesores jurídicos.

Desde el banquillo, donde se enfrenta a una posible condena de diez años de inhabilitación que le impediría continuar en el cargo, Pérez se ha defendido admitiendo que no examinaba los expedientes de contratación que firmaba. "Hago cientos de cosas al día, y además confiaba en el secretario del Ayuntamiento y este me confirmaba de que todo estaba bien”, ha alegado.

Al igual que su exjefe de filas en el PP ourensano, José Luis Baltar, que antes de ser condenado por enchufar a trabajadores señaló a los técnicos de la Diputación, Pérez ha culpado de las supuestas irregularidades al secretario municipal, insistiendo en que este siempre le decía “que no había anomalías en los contratos”. “Nunca me informó de que hubiera irregularidades en el proceso de selección”, ha asegurado el regidor al tribunal.

Además de negar que hubiera recibido advertencias de que el proceso de contratación era irregular por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, tal y como esgrimen las acusaciones, el alcalde ha dicho que tampoco fue informado de que el Real Decreto 20/2011 prohíbe las contrataciones en las Administraciones locales, salvo casos excepcionales o necesidades urgentes.

A las preguntas del ministerio fiscal y de la acusación particular, el acusado también declaró ante el juez que descubrió que había informes desfavorables al intervenir el ordenador del secretario y que estos fueron redactados entre cuatro a seis meses después de formalizarse los contratos, según informa Europa Press.

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Pérez Rodríguez también ha negado con rotundidad que los informes que hicieron tanto el secretario como el interventor municipal hasta 2012 fuesen reparos de ilegalidad y ha añadido que solo hacían referencia a una falta de coincidencia entre los importes de las nóminas de los trabajadores y los acuerdos del convenio laboral. También se ha defendido alegando que las contrataciones de trabajadores se producían a instancias de los responsables de las distintas concejalías y que este tema se trataba después de las comisiones de gobierno, cuando estas le informaban sobre la necesidad de cubrir plazas de personal laboral.

El secretario municipal aludido y la interventora negaron lo afirmado por el alcalde. Aseguran que alertaron al regidor de que era necesario un proceso de selección, informa Europa Press, y el político era además conocedor de los informes en contra. "El alcalde no firmaba de forma automática, firmaba los documentos", ha destacado el secretario.

En juego su permanencia en el cargo

Pérez ha negado que los contratos de un auxiliar administrativo, dos peones de limpieza y una limpiadora hayan sido a dedo y ha justificado el hecho de que se hubiesen renovado cada año a los mismos trabajadores porque “se entendía que eran las personas más cualificadas para ello”. También ha insistido en que “nadie” le insinuó nunca a qué personas había que contratar.

El regidor cesó como militante del PP en noviembre del pasado año tras conocer el auto de la apertura del juicio, siglas a las que se presentó como candidato y cabeza de lista en las dos últimas convocatorias electorales en las obtuvo mayoría absoluta. El regidor se juega en este proceso su permanencia en la alcaldía si la justicia lo considera responsable de los contratos laborales que ya fueron declarados ilegales por un tribunal de lo contencioso administrativo tras ser denunciados por los representantes sindicales en el Ayuntamiento.

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