El independentismo discute el camino a seguir después del 1 de octubre

A seis días de un referéndum que desembocará en un final imprevisible, en el seno del Gobierno catalán y en Junts pel Sí se mantienen las discrepancias que se han ido larvando durante meses. A la espera de si se celebra o no la consulta ilegal, Carles Puigdemont y sus socios de gobierno de Esquerra Republicana discrepan de la forma en cómo deberá proclamarse la independencia en cualquiera de los escenarios que puedan desencadenarse.

El secesionismo está decidido a proclamar la independencia de Cataluña en los próximos días y solo queda saber cómo y cuándo. Dependerá de si se puede celebrar el referéndum que prometió Carles Puigdemont y que suspendió el Tribunal Constitucional y de que el bloque independentista se ponga de acuerdo.

“¿En caso de que no pueda hacer el referéndum esa Declaración Unilateral de Independencia (DUI) estará sobre la mesa?”, le preguntaron a Puigdemont el pasado domingo en una entrevista en La Sexta. “Seguramente alguien la va a proponer y la vamos a debatir. Prejuzgar que va a ser esa la decisión que vamos a tomar es muy precipitado”, respondió. “¿Es su opción?”, insistió el periodista Jordi Évole. “Mi opción personal, no”, dijo.

La discrepancia con Esquerra Republicana radica también en si esa declaración de independencia se ha de discutir en el Parlament o en una reunión de partidos si no se celebra el referéndum. Desde el PDeCAT se defiende que el debate en la Cámara catalana daría más legitimidad para declarar la ruptura con España, tanto si se celebra el referéndum como si no. En ese sentido, el posicionamiento de Puigdemont enlaza con el que ya expresó el pasado viernes la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, quien también descartó que su partido plantee una declaración de independencia unilateral en caso de que no se pueda celebrar la consulta. “No es la vía que hemos acordado según lo que espera la ciudadanía”, dijo.

El programa de las elecciones catalanas de 2015 que presentó Junts pel Sí, coalición electoral formada principalmente por el PDeCAT y Esquerra, preveía tras los comicios “una declaración solemne en la que se proclamará que, en virtud del mandato recibido de la ciudadanía, se inicia el proceso de independencia”. El secesionismo cambió luego de estrategia y optó por el referéndum unilateral al desmostrarse la inviabilidad de la reclamación de pactarlo con el Gobierno del PP, pero en el seno del Gobierno catalán se mantuvieron las discrepancias que aún persisten.

El propio Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y presidente de Esquerra Republicana, admitió el pasado 18 de abril en un acto público la posibilidad de una secesión unilateral si no se podía celebrar un referéndum, que entonces no estaba aún convocado, pero que Puigdemont había prometido.

Nadie duda de que si finalmente se celebra el referéndum ganará el sí. Queda por ver con qué porcentaje de participación y en qué circunstancias se celebraría. Que se celebre la consulta allanaría el camino de las discrepancias y facilitaría una posición de consenso en el seno de Junts pel Sí, que muy probablemente apoyaría la CUP. De esta manera, se podría seguir invocando el “mandato democrático” y la obediencia al Parlament esgrimida en estos meses, de manera que la mayoría independentista de la Cámara (72 de 135 diputados) volvería a invocar la ley del referéndum aprobada el 6 de septiembre, que sirvió para convocar la consulta, aunque la suspendiera el Tribunal Constitucional al día siguiente.

Ley suspendida

El artículo 4.4 de ese texto asegura que “si el recuento de votos válidamente emitidos da como resultado que hay más afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña”. El mismo precepto añade: “A tal efecto el Parlament de Cataluña dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la sindicatura electoral celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente”.

El 4 de octubre, tres días después del referéndum, está previsto un pleno ordinario del Parlament, lo que facilitaría el pronunciamiento de la secesión. Queda incorporar al orden del día el debate de ese punto, algo que podría producirse el jueves, cuando se reúna la Mesa y la Junta de Portavoces. O bien, sobre la marcha, cuando el pleno ya esté iniciado y se altere el orden del día, que es como se aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica tras un agrio debate ante las críticas de la oposición. En cuanto a la sindicatura electoral, no hará falta que proclame los resultados porque ya ha sido disuelta ante las cuantiosas multas que el Tribunal Constitucional acordó que impondría a sus integrantes.