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La jueza toma declaración a Mato y Mayer como “investigados” en el caso Open de Tenis

Los dos ediles del Ayuntamiento de Madrid defienden que “todo estaba en el marco de la legalidad” y que se trata de una querella política

Los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer acuden a los juzgados de Plaza de Castilla.
Los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer acuden a los juzgados de Plaza de Castilla.Carlos Rosillo

Los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer declararon este lunes en el Juzgado número 21 de Madrid por un supuesto caso de malversación y prevaricación vinculado al caso del Open de Tenis. Los ediles, citados en calidad de "investigados" [antigua figura de imputados] —tal y como refleja "la información de derechos al investigado no detenido" a la que ha tenido acceso EL PAÍS—, salieron del juzgado afirmando que habían podido "demostrar que todo estaba en el marco de la legalidad". Pero a lo largo de este lunes, la alcaldesa insistió en que "no hay imputación" formal para los dos ediles.

Sánchez Mato y Mayer, además de Ana Varela, ex administradora delegada de Madrid Destino, gozaron durante su declaración del derecho a guardar silencio, no declarar contra sí mismos y solicitar asistencia jurídica en el caso de no tener un letrado. Así lo reflejan los documentos judiciales firmados por los propios ediles, que se mostraron "satisfechos" de haber podido aclarar la "total legalidad" de los informes que encargaron sobre el Open de Tenis.

Los ediles acusaron a la vez al PP de haber interpuesto una "querella política" y "de humo". Y agregaron, arropados por otros tres concejales del gobierno, que habían contestado "a las preguntas de todos los abogados". "Hoy hemos podido demostrar que todo estaba en el marco de la legalidad. Esperamos que la jueza lo archive pronto y podamos pasar a otras cosas", dijeron.

Las claves de una denuncia polémica

Sobrecostes. Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer investigaron el convenio del Open de Tenis tras considerar que en la organización el Ayuntamiento de Madrid pagaba más de lo debido a la empresa organizadora. Según su tesis, las aportaciones públicas pasaron de 1,5 millones a más de 10 millones en los últimos años.

Dinero público. En marzo, Sánchez Mato y Mayer denunciaron a título individual el Open ante la Fiscalía Anticorrupción. Su acusación se apoyó en una documentación financiada con dinero público: en concreto, con fondos de Madrid Destino que sirvieron para pagar dos bufetes que buscaban "la vía penal" contra los organizadores del máster de tenis. Otros informes de municipales descartaron ilegalidades.

"Error". La alcaldesa Manuela Carmena calificó el pasado 23 de mayo de "error" la denuncia presentada por sus concejales. "Las personas que tomaron esa decisión han asumido que no lo hicieron bien y que fue un error", dijo. La oposición exigió que la regidora destituyera a ambos de acuerdo con el código ético de Ahora Madrid, que menciona el "cese inmediato" en el caso de imputaciones por malversación y prevaricación.

Entre diciembre y febrero de este año, Sánchez Mato y Mayer encargaron, como miembros del Consejo de Administración de Madrid Destino, dos informes a bufetes externos para buscar posibles delitos cometidos por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y su equipo en el Máster de Tenis. Pagaron las auditorías privadas con dinero público (al menos 50.000 euros en la versión de los investigados) y luego presentaron una denuncia a título personal. El PP les denunció entonces por un posible caso de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En su denuncia, el PP argumenta que los dos ediles no informaron al Consejo de Administración de Madrid Destino de la contratación de las auditorías, ni de la posterior denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La paradoja es que pocos días después de la denuncia de Sánchez Mato y Mayer, el propio ejecutivo local de Ahora Madrid ratificó el convenio del Open que acababan de denunciar sus ediles, aunque modificándolo en la parte relativa a los asientos VIP. De hecho, Manuela Carmena, se enteró por la prensa de lo que estaba ocurriendo.

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No obstante, Carmena reiteró este lunes que Sánchez Mato y Mayer no estaban imputados, sino que habían sido "citados como querellados". Esta distinción es la base de los argumentos de ambos ediles para no dimitir, tal y como les obliga el Código Ético de Ahora Madrid. Esta defensa de no estar imputados es criticada por la oposición, que, después de reprobar a los concejales en un pleno con el apoyo del PSOE, blande continuamente el código deontológico del partido de Carmena para exigir su "cese inmediato".

Así reza el código ético de la coalición que orbita en torno a Podemos: "Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación, apropiación de fondos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".

"Decir la verdad"

Antes del verano, la alcaldesa sostuvo que solo pediría la dimisión de los ediles en el caso de una imputación por corrupción. Este lunes, afirmó que el deber de sus concejales es "decir la verdad", tal y como debe hacer un "buen ciudadano y un buen concejal".

El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, volvió a exigir la salida del actual delegado de Economía y Hacienda y de la responsable del Área de Igualdad. "Carmena ha sacrificado sus principios, o los que decía defender antes de ser alcaldesa, solo por mantener a este equipo de gobierno, aunque sea en los juzgados", aseveró.

Dos contratos por un total de 50.000 euros

"Hemos contestado a todas las preguntas". Con esas palabras los dos ediles de Ahora Madrid, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, resumieron parte de su declaración ante la jueza. "También hemos dado cumplida explicación a cualquier duda que su señoría haya podido tener", añadió Mato, actual delegado del Área de Economía y Hacienda dek Ayuntamiento.

Por su parte, Mayer comentó que el Fiscal no ha hecho preguntas y que ella explicó que el precio de los contratos a los despachos encargados a la auditoría de los convenios del Open de tenis ascendieron a 24.000 y 26.000 euros.

Hasta los Juzgados se acercaron para arropar a sus compañeros el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, y los concejales de Ahora Madrid Rommy Arce, Montserrat Galcerán, Pablo Carmona y Yolanda Rodríguez, así como la exdiputada de IU en el Congreso de los Diputados Sol Sánchez. A la salida del juzgado, Mato y Mayer calificaron de "querella política" la acusación depositada por el PP por presunta malversación, prevaricación y delito societario.

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