La juez rechaza imponer una fianza a Puigdemont por el referéndum

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado este jueves imponer una fianza al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros de su Gobierno por organizar el referéndum del próximo 1 de octubre. En su querella, la fiscalía había solicitado el pago de una fianza (e incluso el embargo de bienes) de los consejeros para "asegurar sus responsabilidades pecuniarias" ante un posible delito de malversación de fondos públicos. La magistrada, sin embargo, evita "por el momento" ordenar esa decisión.

La magistrada instructora, Mercedes Armas, ha accedido parcialmente a otra de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. El ministerio público había solicitado, en su querella por desobediencia, prevaricación y malversación, que la juez enviase un oficio a todos los medios de comunicación, públicos o privados, con sede en Cataluña. El oficio debía apercibir a esos medios, según la fiscalía, de que debían evitar "insertar publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum".

Armas se mantiene, en cambio, en un punto intermedio. Ha ordenado a la Guardia Civil que remita un informe sobre los medios de comunicación -con excepción de TV-3 y Catalunya Ràdio, la tele y la radio públicas de Cataluña- con sede en Cataluña que "hayan insertado cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre la convocatoria del referéndum". Con el resultado de ese informe, "se acordará" la medida que sea oportuna.

El auto judicial dado a conocer este jueves por la tarde por el TSJC sí contempla plenamente otra de las medidas pedidas por la fiscalía, que había pedido cerrar dos páginas web (garanties.cat y connectat.voluntariat.gencat.cat) de la Generalitat en las que se menciona el referéndum. La juez ordena "adoptar las medidas técnicas oportunas para dejar de forma inmediata fuera de línea y deshabilitar cualquier acceso a través de las líneas de datos, con la consecuente interrupción del servicio".

Con la decisión sobre las medidas cautelares, comienza la investigación de la querella. La causa se dirige contra Puigdemont, contra el vicepresidente Oriol Junqueras y contra los doce consejeros del Gobierno catalán. El TSJC investiga si han cometido los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación al pretender organizar el referéndum pese a los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) sobre su ilegalidad.