Correos advierte a sus empleados de que no tramiten documentación del referéndum

La Generalitat deberá contratar un servicio de envío postal después de que la dirección de Correos haya emitido una circular dirigida a los directores de sus oficinas en Cataluña en la que recuerda que el referéndum del 1 de octubre está suspendido por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, pide a sus empleados “abstenerse de realizar la admisión de envíos, o llevar a cabo cualquier acto, que pudiera estar relacionado con dicha consulta”. Prestar cualquier servicio postal, advierte el texto de la empresa pública, implica “colaborar administrativamente” con el referéndum y piden que se notifique a todos los empleados ese escrito.

El texto se refiere a las comunicaciones que han de recibir los miembros de las mesas, pues en el referéndum del 1 de octubre no se podrá votar por correo. Solo podrán hacerlo los catalanes residentes en el extranjero, que podrán emplear el sistema de comunicación que ha establecido la Generalitat a través de sus embajadas en varios países.

La carta de Correos pretende zanjar la incertidumbre que pudieran tener sus funcionarios y por eso advierte: “Cualquier duda, aclaración y/o incidencia que pudiera plantearse habrá de ponerse de inmediato en conocimiento de su respectivo jefe de sector, que presentará el apoyo necesario a esos efectos”.

La advertencia de Correos ha reavivado la polémica entre los sindicatos y el Govern sobre a la protección de los trabajadores públicos ante el referéndum. Tras meses de desencuentro y después de mucho debate interno, CC OO y UGT registraron el 8 de agosto una carta en la que piden a la consejera Meritxell Borràs en agosto al departamento de Gobernación que convocase al Consejo de la Función Pública, el máximo órgano de la Generalitat que se encarga de los temas relacionados con el funcionariado. Los sindicatos creen que este es el lugar idóneo para que el Ejecutivo catalán detalle cómo piensa proteger a los funcionarios, pero la reunión no se ha celebrado aún ni está convocada por la consejera Meritxell Borràs, que rehúsa el encuentro.

Esta postura de Correos es otra piedra en el zapato del referéndum ilegal del 1 de octubre. Aun sin ella, el calendario que elaboró la Generalitat para realizar las actuaciones que permitieran la constitución de las mesas electorales lleva retraso y no podrá ajustarse a los plazos previstos. Tal y como avanzó el ayer EL PAÍS, el Govern ya ha realizado el sorteo para elegir a los 55.000 ciudadanos que se requieren, entre titulares y suplentes, para configurar los 6.300 puntos de votación que prevé instalar el día de la consulta que ha convocado Carles Puigdemont y que sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Este viernes finaliza el plazo para que las personas designadas, escogidas del censo electoral confeccionado por la Generalitat, reciban en su domicilio la comunicación de que habían sido elegidas para ejercer de presidente de mesa, vocal o suplente, pero ese trámite no se podrá cumplimentar, ante la negativa de Correos a colaborar en el envío de las notificaciones.

El Gobierno catalán ya imaginaba que no sería fácil cumplir ese trámite y de ahí que la propia normativa que está suspendida ya prevé que si la notificación se produce más tarde de ese plazo no será motivo para invalidar el proceso realizado ni la designación de los elegidos: personas menores de 70 que tienen la obligación legal de acudir, aunque existe una relación de motivos para que puedan excusarse. La Generalitat admitió ayer el retraso y explicó que las notificaciones se cumplimentarán al inicio de la semana próxima, aunque no explicó qué medio empleará para hacer posible el envío de las 55.000 notificaciones y del manual de instrucciones al personal implicado.

En unas elecciones ordinarias son los Ayuntamientos los encargados de realizar ese sorteo y de comunicarlo a los afectados, pero en el caso del referéndum la Generalitat ha querido asumir todo el protagonismo en la organización desde el primer momento. El papel que ha reservado a los Ayuntamientos es el de colaboradores de la consulta y de ahí la carta que Puigdemont envió a los alcaldes para que en el plazo de 48 horas le comunicasen su disposición o no a facilitar locales al Gobierno catalán para poder habilitar colegios electorales.