Los secretarios e interventores obedecerán al Constitucional

Por segunda vez en menos de tres meses, los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local catalana han salido a rechazar públicamente la celebración del referéndum ilegal convocado para el próximo 1 de octubre. En un escueto comunicado, el Consejo de Colegios que los agrupa ha asegurado que tras su última junta directiva ratifica su tesis del pasado julio, cuando pidió a sus colegiados “permanecer siempre fieles al espíritu y al texto de la Constitución Española, a la normativa autonómica y europea”.

La reafirmación en el posicionamiento llega después de que el Parlament aprobara la semana pasada las leyes del referéndum y de transitorierdad jurídica y el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont pidiera la ayuda de los ayuntamientos catalanes para ceder los locales de cara a la votación. Algunos alcaldes denuncian presiones para permitir la votación.

Un total de 688 municipios, la mayoría muy pequeños, han dado su apoyo a la consulta, pero los más grandes argumentan su negativa con base en los informes jurídicos presentados por los interventores. Este es el caso de L’Hospitalet o Santa Coloma de Gramanet, en el que los Gobiernos municipales han invocado las recientes comunicaciones del Tribunal Constitucional en sus comunicaciones declinando la petición de Puigdemont.

El independentismo asegura que, con las leyes emanadas del Parlament, es suficiente para dar amparo jurídico al referéndum del próximo 1 de octubre. Tanto desde el Ejecutivo central como desde la Delegación del Gobierno en Cataluña se ha advertido mediante cartas de la consecuencia de desobedecer al Alto Tribunal.

El Consejo de Colegios ha asegurado en su nuevo comunicado que “en cumplimiento de sus compromisos, respeta las recintes providencias del Constitucional”, que precisamente suspenden la convocatoria del referéndum y la ley de transitoriedad.

En julio pasado, cuando se pronunciaron por primera vez sobre el tema, el consejo recordó a sus colegiados la obligación de “permanecer siempre fieles al espíritu y al texto de la Constitución Española, a la normativa autonómica y europea”. “Un enunciado claro que no admite interpretaciones”, apostilló la junta directiva,

Los encargados del control interno, la gestión económico financiera y el asesoramiento legal de los municipios aseguraron entonces que su actividad se rige por los principios de “la defensa de los valores democráticos, de legalidad, lealtad, de neutralidad y de imparcialidad política”.

Sin fecha para la reunión con los sindicatos

De otro lado, CC OO y UGT han asegurado hoy que aún están a la espera de que el Departamento de Gobernación convoque el Consejo de la Mesa de la Función Pública, máximo órgano de la Generalitat sobre los temas que tienen que ver sobre los funcionarios y donde se espera se explique cómo se les protegerá de cara a la votación. UGT ha revelado esta mañana que, en el pasado mes agosto, habían hecho formalmente la petición para que se reuniera el órgano en el que esperan que se explique el plan de la Generalitat para proteger a los funcionarios de cara a los preparativos y celebración del referéndum.

A pesar de ello, los secretarios generales de ambas formaciones no explicaron ayer, durante la ofrenda a Rafael Casanovas, que se había llegado a pedir la reunión. Su convocatoria, de hecho, generaba dudas entre las entidades pues no coincidían sobre el momento que se debería utilizar ese recurso para forzar la comparececia de los responsables del Govern. La petición, registrada oficialmente el 4 de agosto y con la firma tanto de CCOO como de UGT, solicita que se convoque el órgano “a partir del 1 de septiembre”.

Es potestad de la consejera Meritxell Borràs convocar la reunión. Una portavoz del departamento explicó ayer que no se convocaría esta reunión pero si otras, más amplias, donde tuvieran cabida otros sindicatos, una noticia que no sentó bien en CC OO y UGT. Ambas formaciones recuerdan que, si bien aceptan otras reuniones adicionales, los estatutos del Consejo de la Mesa de la Función obligan a forzar la reunión si se lo piden ambos sindicatos.