Los secretarios e interventores catalanes piden respetar la ley

Los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local catalana se posicionaron ayer sobre una eventual celebración de un referéndum independentista en octubre. El consejo que agrupa a los cuatro colegios profesionales del ramo envió una nota en la que pide a sus colegiados “permanecer siempre fieles al espíritu y al texto de la Constitución Española, a la normativa autonómica y europea”.

Ésta es la definición de legalidad que incluye el código ético del consejo, redactado en 2005. “Un enunciado claro que no admite interpretaciones”, según el comunicado, que fue aprobado por unanimidad en una reunión el pasado lunes.

Los encargados del control interno, la gestión económico financiera y el asesoramiento legal de los municipios explican que su actividad se rige por los principios de “la defensa de los valores democráticos, de legalidad, lealtad, de neutralidad y de imparcialidad política”. Y afean que el anuncio del referéndum les ha dado “un protagonismo que no corresponde”. Se trata de una queja que ya habían manifestado sindicatos como CC OO, UGT o CATAC, que si bien apoyan que se haga un referéndum pactado con el Estado aún tienen dudas sobre cuál será el cobijo legal que tendrán frente a a la convocatoria del 1 de octubre.

La Generalitat insistió ayer en que no habrá riesgos. “Ratificamos nuestra voluntad de que ningún trabajador público va a verse en una situación de dificultad por una decisión que es política”, aseguró la portavoz del Ejecutivo de Carles Puigdemont, Neus Munté. La ley del referéndum, defiende el Govern, blinda a los funcionaros pues prevalece jerárquicamente sobre cualquier norma en la que pueda entrar en conflicto.

Esta fórmula no convence del todo a los sindicatos mayoritarios. UGT no ve “garantías jurídicas” y por ello decidió ayer pedir la convocatoria del Consejo de la Función Pública para que Puigdemont se explique. Sin embargo, para ello necesita el apoyo de CC OO, que aún deshoja la margarita a la espera de más explicaciones y ve la convocatoria del máximo órgano como una carta que aún no hay que jugar.

El posicionamiento de los secretarios e interventores llega una semana después de que el número dos de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, Roberto Bermúdez de Castro, enviara una carta a los secretarios e interventores de las Administraciones catalanas. La misiva les recordaba su obligación de cumplir con la Constitución y advertía de la ilegalidad de colaborar en los preparativos del referéndum.

Los sindicatos que defienden la consulta unilateral y apoyan la independencia ven una intención clara de intimidación. Joan Anton Font, el secretario municipal Tarragona y miembro de la ANC, respondió el pasado viernes a Bermúdez diciéndole que su carta “se asemeja más a una amenaza que a una oferta colaborativa” y que “se manifiesta una interpretación de una norma inexistente”, ya que el referéndum no se ha convocado.