La Moncloa avisa a los funcionarios de las consecuencias penales de organizar el referéndum

Aunque la Generalitat insiste en que no pondrá en riesgo a los funcionarios para preparar el referéndum de secesión, el Gobierno central ha optado por recordar a todos los trabajadores públicos los riesgos a los que se exponen. En un argumentario interno que maneja La Moncloa, y al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que la primera obligación de los empleados públicos es la “lealtad a la Constitución”; y que su incumplimiento puede implicar responsabilidades disciplinarias e incluso penales.

El Ejecutivo del PP confía en que los funcionarios no se arriesgarán a posibles sanciones o incluso a ser apartados de un puesto que han logrado por oposición. De momento la Generalitat ha optado por no poner a prueba a los trabajadores públicos y la licitación de las urnas del referéndum la han hecho altos cargos, no funcionarios. Sin embargo, será muy complicado mantener esa fórmula en el tiempo. Por eso el Gobierno de Rajoy ha querido deslizar las recomendaciones a seguir en caso de que los funcionarios reciban órdenes de dudosa legalidad.

La Moncloa recomienda que el trabajador que reciba una orden que pueda ser contraria a la Constitución exija a su superior jerárquico que se la ponga por escrito. Este es uno de los asuntos que estuvo encima de la mesa en la reunión que a primeros de mayo mantuvo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra.

La número dos del Gobierno conoció de primera mano el protocolo diseñado por el sindicato, que aconseja a los empleados públicos que, en caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito inmediatamente, para poder advertir a la Administración de sus dudas. En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda trasladar al superior su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Así se pretende evitar la responsabilidad del trabajador.

Las alarmas de los funcionarios catalanes se dispararon cuando se hicieron públicas las advertencias del diputado de Junts pel Sí Lluís Llach, advirtiendo de que los trabajadores públicos que se resistieran a acatar la Ley de Transitoriedad Jurídica serían “sancionados”. El Gobierno catalán matizó, pero nunca desmintió esas palabras.