UGT y CC OO exigirán a Borràs que concrete el blindaje a los funcionarios

Primer toque de alerta de los sindicatos a la Generalitat por el blindaje de los funcionarios ante el referéndum. UGT y CC OO exigirán en los próximos días a la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, la convocatoria del Consejo de la Función Pública para que explique oficialmente cuál será la protección para los trabajadores públicos. La petición llega después de conocer el texto de la ley que ampara la votación. Desde UGT no ven “garantías ni seguridad jurídica” en la ley del referéndum. CATAC, el sindicato mayoritario en la Generalitat, ha enviado una circular explicando qué hacer en caso de órdenes de dudosa legalidad.

La convocatoria del consejo, el máximo órgano sectorial de la función pública en Cataluña, llevaba meses sobre la mesa pero los sindicatos se guardaban la carta como un método de presión. Las direcciones de CC OO y UGT, defensoras de un referéndum acordado, siempre han manifestado su confianza en los mensajes tranquilizadores del president Carles Puigdemont y otros miembros del Gobierno sobre el compromiso de mantener a los trabajadores públicos al margen de un eventual choque de legalidades. Sin embargo, la cuenta atrás para el 1-O, la ofensiva del Estado para recordar la obligación a ceñirse a la legalidad y cierta decepción respecto al texto de la norma que ampara el referéndum, han hecho que se decida recurrir a la vía oficial para pedir explicaciones.

“Hoy, con esta ley sobre la mesa, no vemos ni garantías ni seguridad jurídica para nuestra actividad profesional”, asegura Carles Villalante, secretario de Política Institucional de la Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos de la UGT. Desde la organización, dice el sindicalista, se han seguido con cuidado los anuncios del Govern y se ha consultado a expertos para conocer el alcance real de la ley y el resultado no es satisfactorio.

Es por ello que, según Villalante, la federación de UGT se reunirá este lunes y pedirá formalmente a CC OO que usen su potestad para forzar la convocatoria del consejo. El órgano, presidido por Borràs, tiene cinco representantes de la Generalitat, otros cinco de los sindicatos y otros tantos de las corporaciones locales. Según Joan Sentís, coordinador del Área Pública de CC OO, recurrir al consejo “es una de las opciones”, pero defiende que “aún no es urgente”. Por ello emplazan a la Generalitat a dar más información.

Los interrogatorios de la Guardia Civil, la semana pasada, a funcionarios de la Generalitat que ocupan plazas clave en la organización del referéndum han aumentado la incertidumbre de los trabajadores públicos. Puigdemont acusó a la fiscalía de “espantafuncionarios” y los sindicatos acreditan el aumento de llamadas y consultas de afiliados.

CATAC, la organización mayoritaria dentro del Gobierno catalán, difundió el pasado miércoles una circular en la que se anima a recurrir a la Fiscalía si se recibe una orden que pueda ir contra la ley, según adelantó La Vanguardia. Un texto que después el sindicato matizó al asegurar en una nota que los trabajadores están protegidos por el punto del borrador del proyecto de ley que precisamente UGT ve problemático: la norma “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”.

Joan Anton Font, el secretario del Ayuntamiento de Tarragona, respondió ayer a la carta del Gobierno central en que pedían su compromiso para impedir el referéndum. El secretario cree que la misiva “se asemeja más a una amenaza que a una oferta colaborativa”.