La ANC cuenta el dinero para los condenados por el 9-N
Las entidades independentistas gestionan una caja de resistencia para ayudar a Mas, Ortega y Rigau, entre otros
![Cristian Segura](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F801bb98f-999b-4674-9d76-45e449db2604.png?auth=c3867bc5e22bc1e4da23181047f96e55fb39a2acb978f234041d4061225aab10&width=100&height=100&smart=true)
![Recogida de dinero durante la manifestación de la Diada, para pagar la multa de Mas por el 9-N.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/C3BZNPISFYLTRSRTCOUKMD7TKM.jpg?auth=3f97ffa763c13cc4224d52f0a6ed1476063dea6cc4e392fe099ad4f113138eab&width=414)
Cuatro miembros de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural se encerraron ayer en una sala de la sede de la ANC para contar billetes y monedas. Eran las donaciones que miles de personas ofrecieron a la caja de solidaridad del independentismo durante la manifestación del lunes en Barcelona.
La ANC y Òmnium, los dos brazos movilizadores de la base social del soberanismo catalán, abrieron en mayo esta bolsa para sufragar las multas a los condenados por la consulta del 9-N de 2014. El fondo había recibido hasta principios de septiembre más de 800.000 euros en donaciones, cifra que podría superar el millón de euros cuando se haya contabilizado lo recaudado el lunes a pie de calle durante la manifestación independentista de la Diada. La ANC todavía no ha hecho pública la cantidad conseguida.
La ANC y Òmnium activaron este fondo de solidaridad tras la condena contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la organización del 9-N. Hasta el 6 de septiembre, la recaudación había alcanzado los 450.000 euros. Dos días después la cifra ya ascendía a 800.000 euros, según la ANC, por la indignación popular tras conocerse que el Tribunal de Cuentas estudia imponer a Mas, Ortega y Rigau una sanción de 5 millones de euros por uso indebido de fondos públicos.
El objetivo de las entidades independentistas no es solo cubrir las condenas económicas a Mas, Ortega y Rigau. Su primer éxito se produjo en mayo cuando sufragó la multa de 30.000 euros impuesta al exconsejero de la Presidencia y exdiputado Francesc Homs, condenado por el Tribunal Supremo también por la organización del 9-N. El comunicado de creación de la caja de solidaridad también indicaba que su función iba más allá de cargos políticos y que se comprometía a cubrir una multa al periodista Joan Guirado por acceder con una estelada en un partido de la Copa del Rey en 2013.
Una de las inspiraciones de la ANC son las tradicionales cajas de resistencia de los sindicatos en caso de largas huelgas y también las de los grupos de protesta de izquierdas que se movilizaron durante la Transición. Las aportaciones se pueden realizar por transferencia bancaria o a través de su página de Internet. También pueden realizarse en los puntos de recaudación que las entidades instalan en sus actos públicos. La ANC trabaja desde sus inicios —fue fundada en 2012— con una caja de colaboración para sufragar sus gastos. 200 parejas de voluntarios recogían donaciones durante la manifestación de la Diada del pasado lunes. Las entidades organizadoras informan de que “los responsables de esta caja de solidaridad son dos personas de la ANC y dos de Òmnium. Tiene como auditores externos e independientes a los tres expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert”.
No desgravable
La ANC es una sociedad sin ánimo de lucro pero no es reconocida como entidad de utilidad pública, por lo que las donaciones a la caja de solidaridad no pueden desgravar.
El sistema para hacer efectivo el pago de las multas a los condenados genera explicaciones contradictorias. Un portavoz de la ANC asegura que la sanción a Homs la ingresó directamente la entidad en el Tribunal Supremo. Una portavoz del Tribunal Supremo asegura que esto no es posible porque la ley establece que “la pena de multa es personal e intransferible”. La misma explicación establece la normativa del Tribunal de Cuentas: las sanciones deben ser cumplidas por el condenado.
La cuestión no es baladí, indica Hugo Chinelli, abogado y socio-director de Gabinete Sacich, porque si Homs es quien pagó la multa —es decir, si la ANC donó el dinero al exconsejero—, este debería pagar a la Generalitat un 7% de la cantidad en concepto del impuesto de sucesiones y donaciones. Este impuesto, según subraya Chinelli, es una tasa con varios tramos que oscilan entre el mínimo del 7% y el más alto, del 32%, para donaciones superiores a 800.000 euros. Mucho menos que los 5 millones que se estudia pedir a los dirigentes del PDeCAT condenados.
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