Triple rebelión jurídica contra la ilegalidad

Los 72 diputados que conforman la mayoría independentista se quedaron ayer más solos que nunca en el Parlamento de Cataluña. La celeridad con la que pretendieron aprobar la ley del referéndum, con el objetivo de esquivar lo más posible el bloqueo del Tribunal Constitucional, acabó con el rechazo también de los funcionarios del Parlament, representados por su secretario general, por los letrados e incluso por el Consejo de Garantías Estatutarias, el ente de la Administración catalana encargado de velar por la legalidad de las normas que se aprueban en la Cámara.

No es la primera ocasión en la que esto ocurre. Las pretensiones del bloque secesionista han contado con varapalos anteriores en forma de dictámenes del Consejo de Garantías y de los servicios jurídicos del Parlament. En julio, el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, tachó de “grave error” la calificación de “totalitaria” de la negativa del Gobierno central a permitir la celebración de un referéndum, según escribió en un artículo publicado en la Revista Catalana de Derecho Público. Fuentes cercanas a los letrados del Parlament afirmaron ayer a Efe que se sintieron “coartados” y “presionados” por la mayoría independentista.

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Todos esos avisos regresaron ayer, de forma escalonada, en la maratoniana jornada que se vivió en el Parlament. Apenas una hora después de que se iniciara el pleno, cuando la bronca ya se había instalado en el hemiciclo, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor registraron un escrito remitido a la Mesa en el que advertían de que la tramitación de las leyes de desconexión chocaba abiertamente con las resoluciones del Constitucional sobre el proceso independentista. El texto fijaba que “está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del TC que declara inconstitucional y nula” la declaración independentista del 9-N de 2015, que marcó la alianza entre Junts pel Sí y la CUP. En ese mismo escrito se advertía a la Mesa de la necesidad de “impedir o paralizar” la aprobación de esas leyes, recordando a sus miembros que se les podía reclamar responsabilidades, como ya ha sucedido en dos ocasiones.

Caso omiso

La Mesa hizo caso omiso de esa advertencia. Los cuatro miembros de Junts pel Sí —Carme Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet— fueron más allá cuando asumieron una responsabilidad que habitualmente corre a cargo de los funcionarios del Parlament. Durante una de las muchas reuniones de la Mesa celebradas durante la mañana, Muro explicó a los presentes que había ordenado que ningún funcionario publicara la ley del referéndum en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), el paso imprescindible para que la admisión a trámite de la norma pudiera seguir adelante.

Entonces, los cuatro miembros independentistas de la Mesa decidieron publicar ellos la ley. Fuentes cercanas a la presidenta del Parlament aseguran que esa decisión obedecía a la máxima de no poner en riesgo a los funcionarios y convertir lo que habitualmente es un mero trámite en una actuación política. En otra de las reuniones de la Mesa a lo largo del día, Forcadell evitó que Bayona tuviera la palabra cuando él mismo la había demandado.

El último varapalo de la jornada para los independentistas llegó del Consejo de Garantías Estatutarias, cuando este dio la razón a la oposición al dictaminar el derecho a solicitar un dictamen de sobre la proposición de ley del referéndum, trámite que Junts pel Sí y la CUP evitaron. “Corresponde a la Mesa, como órgano parlamentario competente para la calificación y admisión a trámite de todas las iniciativas parlamentarias, la tramitación de las solicitudes de dictamen al Consejo en cumplimiento del Estatut”, reza el informe, aprobado por unanimidad de los miembros del Constitucional catalán.