Los separatistas alentarán movilizaciones si se impide el referéndum

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha cedido a las presiones de ERC y la CUP y optará por una jornada contrarreloj para aprobar este miércoles la ley del referéndum ilegal. Los independentistas se inclinan por alterar el orden del día del pleno y aprobar la ley en el Parlament y la convocatoria de la consulta ese mismo día, adelantándose así a la suspensión del Tribunal Constitucional. La secretaria general de ERC y portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, advirtió ayer de que, si se impide la votación, alentarán movilizaciones en la calle.

“Si hubiese una ofensiva del Gobierno para retirar urnas, entonces evidentemente movilizaremos a los ciudadanos para que esto no pase y para que la Generalitat y la administración electoral constituida puedan garantizar que los colegios electorales abran con normalidad”, dijo Rovira en declaraciones a Efe.

El consejero de Salud, Toni Comín, alimentó esa tesis en una entrevista en Ara: “Tendrán que reprimir, y la gente no se quedará en casa. Entramos en la vía de la represión de las instituciones, y eventualmente de la sociedad civil movilizada”, afirmó.

El independentismo sabe que el Constitucional suspenderá el referéndum en cuanto el Gobierno de Mariano Rajoy recurra el decreto de convocatoria. Aun así, pondrá a prueba la rapidez de la respuesta del Estado y recurrirá a la movilización ciudadana, la última carta que cree que le daría legitimidad. La ley del referéndum fue registrada en julio y la Mesa del Parlament no la ha tramitado aún, una maniobra atípica con la que se ha buscado dilatar un más que posible recurso.

El Govern especuló la semana pasada con la posibilidad de aprobar esa norma con un decreto ley. Pero, según fuentes de Junts pel Sí, se han impuesto las presiones de ERC, CUP y las entidades privadas soberanistas y Puigdemont se decanta por utilizar la vía parlamentaria. El pleno del Parlament comienza el miércoles y el plan de Junts pel Sí —la coalición donde conviven el PDeCAT y ERC— y de la CUP pasa por modificar sobre la marcha el orden del día y votar la ley. Antes, la mesa tendría que admitir a trámite el texto, un paso que activa el cronómetro del Gobierno central de cara a una suspensión.

Sin el trámite habitual

Los grupos independentistas sostienen que, reglamento en mano, su mayoría les permite eximir al texto de la tramitación estándar. La oposición en bloque pidió un informe sobre la validez de esta fórmula e insistió en que el Consejo de Garantías Estatutarias ya opinó en su día que la ley tenía que seguir el cauce normal. El PSC y Ciudadanos han anunciado que se ausentarán del hemiciclo en la votación, pero los 72 votos de Junts pel Sí y la CUP bastarán para aprobar la ley del referéndum. Es una incógnita qué hará Catalunya Sí Que Es Pot, el grupo en el que se integra Podem.

El Constitucional ha suspendido la introducción en el reglamento de la Cámara del procedimiento de aprobación por lectura única, pero el plan b de Junts pel Sí (aprobarla alterando el orden del día en el último momento) tendría el mismo efecto. Rápidamente se publicaría el texto en la edición digital del Diario Oficial de la Generalitat para que entre en vigor. Después, el Govern en pleno firmaría el decreto de convocatoria del referéndum.

La semana pasada, el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, acusó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de actuar como “presidenta de facto del Constitucional” por adelantar que recurrirá la ley. Turull sugirió además que el Govern no acatará una suspensión dictada por el tribunal. El president Puigdemont rechazó ayer en La Vanguardia apartarse del cargo en caso de que el Constitucional le suspenda de funciones. “No podré aceptar de ninguna manera una suspensión”, afirmó. Su vicepresidente, Oriol Junqueras, coincidió en que sólo teme que le inhabiliten los ciudadanos. “Es a ellos a quien nos debemos”, dijo en La Razón.