Varapalo jurídico a la ‘Seguridad social’ catalana como estructura de Estado

El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre la ley que crea la Agencia Catalana de Protección Social lanza un torpedo contra la fórmula con la que se intentaba evitar una posible suspensión por parte del Tribunal Constitucional. El órgano, cuyas recomendaciones no son vinculantes, pide que se reescriban algunos apartados que hacían referencia al abasto de las competencias catalanas y que pretendían en un futuro subrogar atribuciones del Gobierno central.

La agencia es una de las tres leyes de desconexión de España prometidas por el Govern y tiene como misión última ser el embrión del ente que haga frente a las pensiones en una hipotética Cataluña independiente. Su función es “gestionar de una manera centralizada las prestaciones que integran los instrumentos de protección social que en cada momento sean competencia de la Generalitat”, dice el texto de la norma.

Y es precisamente la coletilla “en cada momento” la que el Consejo de Garantías Estatutarias pide reescribir en al menos tres apartados. En su dictamen concluye que si bien los preceptos examinados no son contrarios ni al Estatut ni a la Carta Magna, es necesario cambiarlos “para evitar cualquier posible duda sobre el sentido de la norma y su abasto competencial”.

El problema es que ese enunciado maximalista, que permite ir añadiendo competencias, fue la fórmula que diseñaron los juristas de la Generalitat para intentar blindar la norma de un más que previsible recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Los grupos del PSC y de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) pidieron el dictamen en julio pasado al considerar que si bien la Generalitat es competente para crear, dentro de sus competencias, las agencias que considere necesarias para su mejor autorganización “no puede pretender, a través de estos entes, asumir y gestionar competencias que no le son propias de acuerdo con la Constitución y el Estatut”.

El Consejo, siguiendo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, recuerda que crear una agencia que pretenda asumir competencias que no son de la Generalitat es inconstitucional. Sin embargo, aclara que la redacción del texto también permite interpretar que se hace referencia a una eventual asunción de funciones traspasadas a la comunidad autónoma por parte del Estado.

Es por ello que el Consejo de Garantías Estatutarias entiende que se tendría que reescribir la coletilla antes mencionada “ya que podría dar a entender que se refiere a competencias respecto a las cuales la Generalitat no tiene poder de disposición”. El ente ve una “técnica legislativa poco adecuada”.

El dictamen sí consideró en contra de la Constitución un apartado referente a la contratación de personal pues considera que que constriñe “el derecho fundamental de acceso y promoción en condiciones de igualdad a la función pública”.

La ley de la agencia ya superó dos enmiendas a la totalidad y se debatirá en el próximo pleno. Los socialistas y CSQP siempre han abogado por la creación de una agencia dentro del actual marco autonomista.