Cataluña ‘olvida’ las pensiones en su ley de Seguridad Social

La palabra “pensión” no aparece ni una sola vez en el texto de la proposición de ley para crear la Agencia Catalana de Protección Social. El documento fue presentado por los diputados de Junts pel Sí y la CUP y se trata de la primera de las tres llamadas “leyes de desconexión”. La norma solo deja la puerta abierta a más competencias que la Generalitat pueda tener en el futuro y se limita a organizar la gestión de parte de las 169 prestaciones sociales actuales del Gobierno autónomo.

El futuro de las pensiones en una Cataluña independiente fue uno de los temas que tensó la campaña de las últimas elecciones autonómicas. Casi 1,7 millones de catalanes reciben esta prestación y la crisis hace que muchas familias dependan de ese ingreso. La entidad antisoberanista Sociedad Civil Catalana hizo un buzoneo advirtiendo de que con la secesión el monto de las pensiones caería. Junts pel Sí respondió con otro escrito, firmado por Artur Mas y Oriol Junqueras, alegando que “no hay datos objetivos” que pongan en riesgo las pensiones. “No dejéis que jueguen con nuestros sentimientos”, decía la carta.

El tema es tan delicado que, más allá de un requisito vital para el hipotético nuevo Estado, la creación de la agencia se convirtió en una herramienta para dar verosimilitud al relato de la desconexión, consagrado en la anulada declaración de soberanía del 9-N. Pero la única referencia al tema dentro del texto que se tramitará está en la exposición de motivos. Allí se justifica el ente debido al modelo económico basado en el trabajo, del que se genera “una dependencia del sistema de rentas para las personas cuando se vuelven inactivas o pasivas”.

Tal como está planteada, la ley invoca las competencias actuales y no plantea ninguna ruptura. Se trata de un texto redactado con cuidado para evitar ser recurrido. Pero su génesis (la declaración de soberanía) podría ser el punto donde la Abogacía del Estado podría ver una brecha para denunciarla ante el Tribunal Constitucional. “No trabajamos pensando en si nos van a impugnar o no las leyes, sino en los catalanes que nos han dado su apoyo”, defendió el diputado Chakir el Homrani (Junts pel Sí).

169 prestaciones

El texto insiste en varias ocasiones en que administrará los instrumentos de la protección social que “en cada momento sean competencia de la Generalitat”. Así, aunque la agencia ambicione gestionar las 169 prestaciones que existen en Cataluña (sumando las de diferentes Administraciones), en realidad se queda con el 60%. El resto compete al Estado.

En el caso de las prestaciones económicas, el 41% de las ayudas tienen como fuente de financiación al Estado (por ejemplo las pensiones). Hacer frente a la protección social implicaría gestionar unos 32.400 millones de euros, pero en las actuales condiciones serían unos 5.200 millones. La agencia centralizará el pago de las prestaciones económicas y de servicios y recaudará los recursos que le “correspondan en cada momento”. Por ahora, por ejemplo, el copago de los dependientes. La prescripción de las ayudas continuará en cada uno de los departamentos hasta ahora responsables.

La agencia tendrá un presidente, designado por el Parlament y ha de contar con “un amplio prestigio en el ámbito de la protección social y reconocida honorabilidad”. También tendrá que acreditar su trayectoria profesional y “capacidad en la comisión parlamentaria correspondiente. En el caso del director no se habla de valores pero sí de diez años de experiencia bien sea profesional o de antigüedad en el funcionariado que tiene que ver con la política social.

Junts pel Sí y la CUP plantean el trámite de la norma por la vía de urgencia, lo que implica que se vote en uno de los plenos de julio. El papel de la oposición está por ver. La creación de un ente que haga una gestión más eficiente las prestaciones sociales es una reivindicación histórica tanto del PSC como de algunos de los socios de Catalunya Sí Que Es Pot y, técnicamente, el texto va orientado en ese camino.