Los secesionistas quieren la ley de ruptura antes del 1 de octubre

El grueso de los partidos y las entidades independentistas que apoyan al Gobierno de Carles Puigdemont apuestan por tener la Ley de Transitoriedad Jurídica (la que definirá el marco legal en el momento de la hipotética independencia) antes del referéndum ilegal que se pretende celebrar el 1 de octubre. Fuentes de Junts pel Sí aseguran que la decisión está tomada, después de convencer al PDeCAT (herederos de Convergència) de que era necesario iniciar la campaña del referéndum conociendo la “legalidad catalana” —según el lenguaje utilizado por el bloque secesionista— con la que se declararía la supuesta independencia. Una parte del partido era refractaria a esa opción, al entender que suponía dar otro paso hacia la desobediencia sin ningún sentido, ya que esa ley de ruptura solo se aplicará en el caso de que se imponga el sí.

ERC, la CUP, Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana han presionado en las últimas semanas para forzar esa aprobación, que acabaría con la desconfianza existente acerca de que algún partido dé marcha atrás en el proceso. Visto el calendario al que se enfrentan los independentistas en las próximas semanas, y a la espera de qué movimientos pueda hacer el Gobierno central, las fechas escogidas para aprobar esa norma se situarían en la segunda quincena de septiembre y cuando debería desarrollarse la campaña por el referéndum, que el Gobierno central ha asegurado que no se celebrará. La diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha demandado la necesidad de dar margen de tiempo entre la aprobación de la primera ley vinculada a la consulta, la del referéndum, y la de Transitoriedad Jurídica.

La norma con la que se pretende dar cobertura al referéndum pasará los dos pasos parlamentarios que necesita —la tramitación y la aprobación— el mismo día, el 6 de septiembre, en el primer pleno ordinario del curso político. Aunque hay voces que todavía abren la puerta a que sea el Gobierno catalán el que le dé el visto bueno a través de un decreto ley, existe una mayoría partidaria de que sea el Parlament el que asuma la responsabilidad de su aprobación. Entre ellos se encuentra la CUP, que ha demandado ya iniciar la vía unilateral y de la desobediencia.

Una vez aprobada esa ley, y tras la segura anulación por parte del Tribunal Constitucional, le tocará al Gobierno catalán aprobar y firmar el decreto de convocatoria. La norma no establece quién ha de suscribir ese documento y hay dudas de si se asumirá de una forma colegiada por parte de todos los miembros del Ejecutivo autónomo o se responsabilizará en solitario el presidente de la Generalitat. En una entrevista al Financial Times el viernes, Puigdemont aseguraba: “Yo no quiero ir a prisión, pero no hay nada que ellos puedan hacer [el Gobierno central] que me pueda hacer frenar el referéndum”.