550 personas viven en los 101 asentamientos urbanos de la capital

La capital cuenta con 101 asentamientos urbanos ilegales repartidos por los 21 distritos, según el último recuento realizado por el Samur Social. En ellos, pernoctan 550 personas, en su gran mayoría de origen extranjero. Este número es algo inferior que el recuento facilitado por el Consistorio a principios de año, cuando salían 135 minipoblados. Los distritos de Moncloa-Aravaca y de Chamartín están a la cabeza, mientras que en otros su presencia es testimonial, como ocurre en Usera, Moratalaz y Vicálvaro. En ninguno de ellos se han detectado menores, según fuentes municipales.

El número de asentamientos y su ubicación es “cambiante”, según reconoce el director del Samur Social, Darío Pérez Madera. Si existe presión vecinal, sus moradores se mueven de un lugar a otro de la ciudad. En caso contrario, se mantienen. “Los hay más o menos discretos, que pasan desapercibidos. Se trata de personas que se abrigan y se refugian, sobre todo en invierno, y que, cuando amanece, recogen todo y se marchan”, explica el director del Samur Social.

De los 550 censados en estos asentamientos, un 68% son extranjeros frente al 2% de españoles. El 30% restante son personas que no quieren decir de dónde proceden y que, por tanto, no se puede contabilizar su procedencia. Por nacionalidades, predominan los rumanos (en su mayoría de etnia gitana), con un 63,9% frente a otras mucho más minoritarias, como búlgara, marroquí o de países subsaharianos. “Los españoles, según se les informa de los recursos, se van integrando en ellos. Por el contrario, los rumanos son los que suponen las intervenciones más difíciles. Suelen rechazar lo que les ofrecemos”, explica Pérez.

El gran problema con este grupo de gitanos rumanos es que es un grupo itinerante y que suele moverse por las principales capitales europeas. “Se van entre septiembre y diciembre, vuelven en navidades y se marchan hasta mayo y junio. Aguantan hasta las vacaciones”, añade Pérez. El estudio del Samur Social también recoge que siete de cada diez personas son hombres, frente al 30% de mujeres.

Mediadores rumanos

La instalación de un nuevo asentamiento se conoce de varias maneras. Unas veces son los propios vecinos los que denuncian su existencia. En otras, la Policía Municipal, los agentes de Movilidad o los servicios de limpieza son los que detectan su presencia. Los propios equipos del Samur Social (16, en total) también se encargan del recuento. De hecho, dos de estos equipos cuentan con mediadores gitanos rumanos para reducir su presencia en la capital.

La forma de actuar de este servicio municipal es siempre la misma. Se acercan a ellos y les ofrecen todos los recursos de que dispone el Ayuntamiento. Es una labor que les lleva muchas veces semanas e incluso meses. Así fue el caso de un hombre que pernoctaba en el paseo de Santa María de la Cabeza. Los integrantes del Samur Social fueron a visitarle casi todas las semanas durante ocho años. Él se negó a acudir a las instalaciones municipales. Un día se cayó y se partió una clavícula. Cuando los sanitarios le preguntaron a quién llamaban, la víctima dijo que avisaran a los empleados municipales. “Ahora está en nuestro centro de acogida”, explica el responsable municipal.

Los lugares elegidos por estas personas suelen ser parques y zonas ajardinadas en las que haya fuentes de donde proveerse de agua potable. Por ello, los distritos predilectos son los de Moncloa —en especial, el parque del Oeste— y Fuencarral-El Pardo. El perfil de estas personas es un hombre de entre 18 y 35 años. También los hay de entre 50 y 60 años, pero en menor proporción. Con lo que nunca se encuentran es con niños o adolescentes. “Si ocurriera esto, la Ley de Protección del Menor nos obliga a llevárnoslos a un centro de acogida por estar en riesgo”, explica Pérez.

El Ayuntamiento ofrece a estas personas plazas en pensiones y pisos con acompañamiento social, centros de acogida municipales y, en otras ocasiones, el pago del billete a sus países de origen. En este caso se ponen en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de destino para que allí se tomen medidas y les den cobertura asistencial. También se les ayuda en la tramitación de la renta mínima de inserción (RMI), en la renovación del carné de identidad o en lograr que tengan cobertura sanitaria. “Lo importante es que se genere esa confianza y exista una relación. El último objetivo es que dejen la calle, cosa que solo lo pueden hacer de manera voluntaria. Nosotros no les podemos obligar”, concluye Pérez Madera.