La miseria que esconde una foto

“Todo surgió en 2010, a raíz de una exposición sobre los bombardeos en Vallecas. El fotógrafo José Latova estaba trabajando en la identificación de las imágenes de la colección Crónicas de la retaguardia y encontró una de una casa que coincidía con la fotografiada por Capa en 1936”, explica. La asociación ha pedido al Ayuntamiento que incluya el edificio en su catálogo de espacios y bienes protegidos, y que sea convertido en bien de interés patrimonial “por su especial valor histórico”.

Uría se queja del tratamiento de la Comunidad hacia su asociación. “Desoye nuestra petición, porque se agarra a que el edificio es una infravivienda con unas condiciones de conservación muy malas. Pero es el antecedente de lo que ha sido la vivienda social en España, construida al calor de la política de casas baratas del siglo XX”. Tanto es así, que la situación de estas viviendas apenas ha cambiado pasado un siglo. Lo sabe bien Sonia Suárez, que vive en una de ellas desde hace cinco años.

“Pagamos 350 euros de alquiler por 20 metros cuadrados sin apenas ventanas, en los que vivimos cuatro personas. No hay intimidad, mi marido duerme con el niño en la cama, una de mis hijas en otra cama y yo en un sofá, lo que me ha producido lumbago y ciática”, afirma. En la puerta de entrada de la casa hay una lámina de madera grande que impide el paso. Suárez afirma que la ponen todas las noches para evitar que entren las ratas. “Tenemos miedo de que las ratas les peguen enfermedades a los niños. También hay ciempiés, arañas y cucarachas”, detalla, mientras muestra los trozos que se caen de una de las paredes: están hechas de arena, que se está desintegrando, y han sido tapadas con unas planchas de plástico.

Suárez lleva un retraso de dos meses en el pago del alquiler porque su marido se quedó sin trabajo. Teme que si el impago se prolonga el casero adopte acciones legales. Casi todas las viviendas son propiedad de una empresa, salvo la decimoquinta, que pertenece al heredero de una mujer que vivió en el edificio después de la Guerra Civil.

Otra de las familias de Peironcely que está pasando por una situación delicada es la de David Sánchez, que vive en 20 metros cuadrados con su mujer y sus tres hijas (la pequeña de un año y medio, la mediana de cinco y la mayor de 17). Sobre ellos pesa una orden de desahucio que les obliga a abandonar la vivienda en menos de un mes.

“Tenemos humedades, una instalación eléctrica de la época de la posguerra, no hay ventilación y las paredes se caen poco a poco”, cuenta. En una de las habitaciones han hecho una instalación eléctrica casera, pero temen a la lluvia, ya que con las gotas “hay muchos chispazos y bombillas que se revientan”.

En otro de los patios vive desde hace tres años y medio Mijaela Jerje (embarazada de siete meses), con su marido y su hijo. La familia paga 300 euros de alquiler al mes por una vivienda en la que, como ella misma dice, “el salón hace su función, pero también la de comedor y dormitorio. Tenemos que dormir los tres en la misma cama”, añade. “Cuando llueve, todas las paredes de la casa se mojan, y cuando hace calor de noche no podemos dejar las ventanas abiertas porque entran ratas”.

La concejal socialista de Cultura, Mar Espinar, afirma que existe un informe de Madrid Salud que afirma que en Peironcely hay riesgo para la salud. “El requerimiento al propietario de los inmuebles para que solucionase la situación se hizo en febrero, pero todo sigue igual. No sé a qué espera el Ayuntamiento”, señala. Además, Espinar alega que su grupo ha presentado una proposición a la junta municipal de Puente de Vallecas y otra al pleno del Consistorio, “porque es inconcebible que en la Comunidad de Madrid haya viviendo gente así”.

El Ayuntamiento se comprometió, tras una votación en el pleno, a incluir la vivienda en el catálogo de bienes protegidos. Sin embargo, el área de urbanismo alega que “es un proceso que lleva un tiempo, porque también intervendrá la Comunidad”.