Política lingüística universitaria

Hace quince días participé en la Setmana del Parlament Universitari, un curso de formación destinado a estudiantes de las universidades catalanas donde, a partir de simulaciones tutorizadas de la actividad parlamentaria, conocen la estructura, las funciones y el funcionamiento de la cámara legislativa. Me invitaron para hablar de política universitaria en una comisión parlamentaria ficticia en la que se generó un apasionante debate entre alumnos-diputados sobre el valor de la docencia, el reconocimiento de la investigación, la política de profesorado, las tasas universitarias y, también, sobre la política lingüística universitaria.

Desde 1980, ningún gobierno de Cataluña ha fijado una política lingüística universitaria integral con criterios homogéneos para todas las universidades, a diferencia de lo ocurrido en la educación preuniversitaria. La excusa de tal desidia ha sido el manido recurso de preservar el principio de autonomía universitaria, que desde hace años se vulnera sistemáticamente en Cataluña. En ausencia de pautas políticas, la política lingüística universitaria la han desarrollado los vicerrectorados responsables de este ámbito, quedando al albur de las sensibilidades lingüísticas del equipo rectoral de turno. Afortunadamente, los servicios lingüísticos universitarios siempre han demostrado una gran profesionalidad, han cubierto las carencias de los vicerrectores y, en realidad, han sido los principales impulsores de la política lingüística de nuestras universidades.

Una de las supuestas prioridades lingüísticas de la Secretaría de Universidades, ha derivado en fracaso y marcha atrás. Me refiero a la acreditación de un nivel B2 de lengua extranjera para obtener la titulación universitaria, que, tras el anuncio de algunos centros de no aplicar el requisito, se decidió aprobar una moratoria de cuatro años. Sin cobertura legal, sin recursos económicos, sin una respuesta satisfactoria de los alumnos y sin una adecuada planificación, el fiasco de la idea original del exconsejero Mas-Colell estaba anunciado. Por otro lado, el debate sobre el multiligüismo sigue inmerso en conceptos vagos y contradictorios, y la administración universitaria es incapaz de precisar qué es un entorno universitario multilingüe, cómo se acredita, qué actividades académicas engloba, a cuántas (y cuáles) lenguas implica, etc., mientras seguimos sin ser multilingües.

Normativamente, hay pocos artículos que se refieran a la política lingüística universitaria y, los pocos que hay, o no se han desarrollado o no se han aplicado. El artículo 35.1 del Estatuto de Cataluña de 2006, que escapó de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, establece que “el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria”, pero todavía no sabemos en qué se concreta este derecho lingüístico. Yo pregunto a los responsables de las políticas universitarias ¿cuáles son los objetivos que tienen de porcentajes de docencia impartida en catalán en los grados? ¿Les perece bien (o se ajusta al artículo 35.1 del Estatuto) que de la actual oferta de unos 500 grados universitarios aproximadamente una decena se puedan estudiar íntegramente en catalán? ¿Y si consideramos, como es lógico, que los doctorados y másteres oficiales son “enseñanza universitaria”, cumplen con el precepto estatutario? ¿Cómo es posible garantizar que el catalán sea “lengua vehicular y de aprendizaje en la universidad” si todavía hoy los programas de contratación de profesorado de la Generalitat, como el Serra Húnter, permiten llegar a obtener una plaza sin saber ni una palabra de catalán? No hay criterio ni objetivos.

Tampoco queda muy claro si el gobierno de Cataluña pretende que el catalán sea una lengua de prestigio universitario, puesto que penaliza a conciencia la investigación universitaria escrita en la lengua propia de Cataluña. No se promocionan las tesis doctorales escritas en catalán, ni se fomentan revistas científicas en catalán con parámetros bibliométricos de calidad, ni se reconoce oficialmente la investigación excelente escrita en catalán para obtener acreditaciones, tramos u otros reconocimientos científicos. Y si no lo hace el gobierno de Cataluña, es evidente que no lo hará ningún otro gobierno del mundo.

Hace cuarenta años, cuando le preguntaron al presidente Adolfo Suárez si habría enseñanza en vasco o en catalán, respondió: “Su pregunta, perdone que le diga, es una tontería. Encuentre primero a un profesor que pueda enseñar química nuclear en vasco o en catalán. Seamos serios”. A muchos de los que todavía hoy critican aquella respuesta, como los responsables de política universitaria en Cataluña, si ahora les preguntásemos si es posible una buena investigación universitaria escrita en catalán responderían exactamente lo mismo: "su pregunta, perdone que le diga, es una tontería; seamos serios".

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB.