La Audiencia ratifica que las sendas de Romanillos disputadas en Boadilla son de los Fitz-James Stuart
El Ayuntamiento anuncia que recurrirá ante el Tribunal Supremo
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) ha perdido el recurso que presentó contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia que decretó que los caminos del Monte Romanillos, ubicados en una finca propiedad de la familia Fitz-James Stuart Gómez, emparentados con la Casa de Alba, eran privados. El municipio ha anunciado que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo. La sentencia obliga al Consistorio a devolver las sendas a sus propietarios.
La polémica saltó en 2013. La Asociación de Amigos de los Caminos denunció que los dueños de la finca Romanillos habían cerrado el paso a cuatro sendas y a la vía pecuaria Cordel Segoviano. Hasta entonces, ciclistas, paseantes, incluso personas a caballo, las utilizaban sin que se hubiera generado ningún problema. La polémica subió de tono y el Ayuntamiento de Boadilla, gobernado por el PP, se lanzó a recuperar un espacio que consideran es de uso público “desde tiempos inmemoriales” y denunció a los propietarios.
La hacienda de 823 hectáreas está situada en terreno protegido en los términos municipales de Boadilla del Monte y Majadahonda. A su alrededor se despliegan urbanizaciones de lujo. Los Fitz-James Stuart intentaron la reclasificación de 130.000 metros cuadrados de la finca para poder construir, sin conseguir la aprobación. Decisión que recurrieron por vía administrativa, y que perdieron en primera instancia.
El Ayuntamiento sostiene que el litigio por la titularidad de los caminos comenzó en 2007, “como consecuencia de un expediente de subsanación de discrepancias catastrales”. Los caminos en disputa no se encontraban registrados en ese momento como tal, una situación que se repite en gran parte de las localidades de España. En 2014, Boadilla incluyó las sendas en el catastro y en el inventario de bienes municipales. Las vías afectadas son el camino de Romanillos a Brunete, el de la Vega, el de Romanillos a Villanueva de la Cañada, el del Huerto y el de Madrid a Romanillos.
En ese momento, el juzgado de Majadahonda dio la razón al Consistorio y ordenó como medida cautelar poner a disposición de los municipios afectados (Boadilla y Majadahonda) y de la Comunidad de Madrid los caminos cerrados, eliminando los obstáculos existentes. El auto confería al Ayuntamiento o ente público la gestión y dominio sobre caminos, candados y cadenas, siendo los únicos que podían proceder a su colocación, retirada, apertura, gestión y decisión sobre las mismas.
Denuncias que no convencen al juez
El cierre con vallas y candados de los caminos de Romanillos en 2013 provocó un importante movimiento vecinal en contra. Los dueños se escudaron en un permiso municipal que les permitía acotar una zona. “Pero no el acceso a los caminos”, respondió el Ayuntamiento. Los afectados denunciaron los hechos ante la Guardia Civil. Pero la sentencia del juez de primera instancia de Móstoles, que recurrió Boadilla del Monte en casación, las echó por tierra por ser “idénticas, estereotipadas, alegando sin justificación alguna ser los afectados del vallado de la finca”.
Boadilla emprendió junto a las actuaciones legales otra serie de acciones por vía administrativa. Se abrieron dos expedientes, uno por el vallado desde la Concejalía de Patrimonio, y otro, desde el área de Urbanismo, por alterar los lindes de la finca y no respetar los propietarios los mojones originales, que señalaban la titularidad municipal, concreta el Ayuntamiento.
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