El juez da la razón a los Fitz-James Stuart por el corte de unos caminos vecinales en Boadilla
Los propietarios denunciaron que el Ayuntamiento los había inscrito como públicos debido a que los vecinos los usaban desde tiempo "inmemorial"
Los caminos de la finca Romanillos, propiedad de la familia Fitz-James Stuart Gómez, emparentada con la Casa de Alba, son privados. Así lo mantiene una sentencia del juzgado de Primera Instancia de Móstoles que condena al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a devolver la posesión de las sendas a sus propietarios. El municipio los había inscrito como públicos debido a que los vecinos los usan desde “tiempo inmemorial”. La polémica saltó tras una denuncia de la Asociación Amigos de los Caminos en 2013, cuando los dueños cerraron el paso.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) considera públicos los caminos que atraviesan la finca Romanillos, de 823 hectáreas, situada en el Parque Regional del Guadarrama y que linda con varias urbanizaciones de lujo. En 2014, el municipio los inscribió como tal con el argumento de que eran utilizados por los vecinos desde tiempo “inmemorial”. Los propietarios, Jacobo Hernando, Carmen Eugenia, María Eugenia y Luis Esteban Fitz-James Stuart Gómez, emparentados con la Casa de Alba, denunciaron la decisión municipal, con el argumento de que las sendas eran de uso interno de la finca Romanillos.
La controversia por la propiedad de las sendas se inició cuando los dueños del terreno, situado entre Boadilla y Majadahonda, cerraran las entradas de varias sendas y de la vía pecuaria cordel segoviano, impidiendo el paso a los transeúntes. La Asociación Amigos de los Caminos dio la voz de alarma e interpuso una denuncia por ese motivo en 2013.
Ahora el juez ha dado la razón a la familia dueña del terreno. Los cinco caminos en litigio son propiedad de los demandantes, concluye la sentencia de 14 de febrero de 2017. Al mismo tiempo, condena al Ayuntamiento de Boadilla a entregar los mismos, cesando en todo acto que perturbe la “legítima posesión de los demandantes”, así como a rectificar su inventario municipal excluyendo esas propiedades. El fallo declara la “nulidad” de la certificación del dominio a favor del Ayuntamiento de Boadilla, al que condena en costas.
Cuando se cortó el paso, los propietarios esgrimían una licencia concedida por Boadilla en junio de 2012 que les permitía cercar el terreno. Pero, según declaró el alcalde entonces, “se les autorizó a acotar una zona, pero no el acceso a los caminos”, que el municipio consideraba de uso público. El problema es que no estaban inscritos como tales en el catálogo de bienes municipal, algo que se repite en gran parte de los pueblos de España. El juez considera en el fallo que de lo actuado en el procedimiento no se desprende que Boadilla “haya realizado acto alguno que permita inferir la naturaleza pública de tales caminos”. El Ayuntamiento inició los trámites para la inscripción de los caminos en el inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento el 30 de abril de 2013 y se anotan finalmente el 4 de marzo de 2014.
El informe emitido por el Área de Patrimonio del Consistorio indicaba, sin embargo, que los terrenos eran bienes demaniales destinados al uso público desde tiempo inmemorial. A este respecto, el fallo indica que otro de los aspectos que desmonta esta afirmación, es la “cuestión relativa al mantenimiento de los caminos”, de los que nunca se ocupó el Ayuntamiento, sino los propietarios.
En cuanto al movimiento vecinal que se produjo cuando se comenzaron a cerrar las entradas, y que dio lugar a la presentación de denuncias ante la Guardia Civil, el juez señala que la Audiencia Provincial de Madrid las consideró acusaciones “idénticas, estereotipadas, alegando sin justificación alguna ser los afectados del vallado de la finca”.
El juez da, en cambio, todo el crédito al testimonio de dos testigos, uno de ellos hijo de un empleado y otro encargado de vigilar el terreno, que apuntan a que “los caminos controvertidos siempre han sido para uso interno de la finca”. El juez califica su declaración de “creíble y dotada de objetividad”.
Uno de ellos, que se crió en el lugar, aseguró que cuando alguien intentaba acceder a los caminos se le indicaba que era una propiedad privada. La advertencia nunca provocó ningún problema hasta el momento en el que se inicia el vallado y comienza la presión vecinal, “ejercida por los nuevos habitantes de las urbanizaciones colindantes con la finca”. El Ayuntamiento no da por cerrada la batalla y anuncia que recurrirá la sentencia.
Boadilla rechazó convertir parte de la finca en edificable
Los propietarios de Romanillos no han logrado, en cambio, ganar el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se aprobó el plan general del municipio. Se desestimó en diciembre de 2016, aunque era suceptible de recurso de casación. Los aristócratas no estaban de acuerdo con que les hubieran echado para atrás la calificación urbana de un terreno de 130.000 metros cuadrados de la finca. Entre sus argumentos se encontraba que el documento no respondía a los criterios de racionalidad e interés público, la falta de motivación en la desestimación de las alegaciones que presentaron, y el “evidente revanchismo” que antepone el Ayuntamiento frente al interés general, debido a los conflictos que mantiene abiertos con ellos. El municipio justificó la denegación del cambio de calificación urbanística para esa parte de la finca Romanillos alegando que existía una protección ambiental. Es cierto, decían los demandados, que dada la “enorme” superficie de la finca está sujeta a distintos grados de conservación, salvo el triángulo en el que pretendían construir.
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