Salud detecta tentativas de acceso irregular a la lista de trasplantes

El altruismo, la solidaridad y la equidad de acceso son los cimientos del sistema de trasplantes español, un modelo de éxito internacional. Pero para mantenerlo, estos principios han de ser inquebrantables. En una vigilancia permanente de la lista de espera, la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT) ha detectado varios casos de turismo de trasplantes que ponen en jaque la equidad de acceso. Este año, la OCATT ha localizado a seis extranjeros que llegaron a Barcelona solo para entrar en la lista de espera. Sin embargo, para acceder al circuito es necesaria, según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), tener, al menos, una “residencia estable” en España.

El intento de fraude en el sistema perjudica a los que ya están en lista de espera, que sí cumplen los requisitos. El modelo español, líder en trasplantes y donaciones, funciona con precisión. Pese a ser una carrera contrarreloj —la vida de miles de personas les va en ello—, nada se deja a la improvisación. Cada paso está medido por protocolos y guías de actuación que salvaguardan los principios elementales. Pero la vigilancia de la lista de espera es imprescindible para evitar dos grandes amenazas: el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes.

Sin embargo, pese a los filtros para evitar malas prácticas o injerencias irregulares en la lista de espera, la OCATT alerta de que aumentan los casos de turismo de trasplantes. En 2017 ya llevan seis episodios detectados: cuatro adultos y dos menores. “Alguno llegaba al hospital directamente del aeropuerto”, explica el director de la OCATT, Jaume Tort. Los niños han entrado en la lista y se han operado porque las normas internacionales obligan a atenderlos sin restricción alguna. Otros dos adultos también terminaron por entrar en la lista porque los facultativos consideraron que su situación clínica era crítica. Los demás están en tratamiento a la espera de poder acceder al sistema de trasplantes.

Tort, que está investigando otras dos sospechas de turismo de trasplantes, teme que el “efecto llamada” incremente los casos. “Una persona que baja del avión y se va al hospital, pues en la lista no entra. Estará perfectamente atendido, pero fuera de la lista. Ahora bien, esta persona se queda cuatro años en España y acaba consiguiendo los papeles y entra en la lista. Esto es la realidad y nos preocupa el efecto llamada. Como un caso de estos se resuelve, en su país de origen dirán: espera año y medio y estarás operado fantásticamente”, apunta. Este fenómeno, añade, también se da en Andalucía y Madrid, donde están los hospitales con más volumen de trasplantes y donaciones.

Tort alerta además de que, tras la intervención, muchos pacientes vuelven a su país de origen y no tienen el seguimiento médico necesario. “Si esta persona no cuida mucho su salud y no se toma su medicación [tienen que tomar inmunosupresores de por vida], puede sufrir un rechazo y el trasplante acaba malbaratado”, señala.

A la OCATT tampoco se les escapan los casos de tráfico de órganos —un delito recogido en el código penal— para los que se coordinan con la policía. Hay varios casos paradigmáticos. “Hubo un libanés hace tres años en el Clínic que se quería hacer un trasplante de hígado de donante vivo y trajo a un conocido. Al final se descubrió que él había estado buscando un donante por Valencia, haciendo analíticas en centros privados para ver si eran compatibles. Esto se detectó y se pudo parar”, recuerda Tort. En otro caso, de un paciente albanokosovar que intentó comprarle un riñón a un indigente, la interacción de la OCATT con la policía fue capital para detectar el delito. “El hijo del jefe de una banda de delincuentes estaba en diálisis y necesitaba un trasplante. Aquí fue la policía la que nos avisó porque ya los estaba siguiendo”, apunta.

Aunque hay legislación para frenar estas amenazas, quedan lagunas. La Declaración de Estambul dejó claro que no es ético participar en donaciones en las que se sospeche un tráfico de órganos. La Unión Europea también dispuso una directiva que permite la libre circulación de pacientes en la UE pero excluye de este acuerdo los trasplantes para preservar el esfuerzo de cada país en donaciones. La trasposición de esta directiva es diferente en cada país, que pone sus propios requisitos para entrar en la lista de trasplantes.

Para incluir a un paciente en la lista de España, la ONT exige que los pacientes tengan “residencia estable” en el país y coticen a la Seguridad Social, aunque los médicos son más laxos con este segundo punto si se comprueba que llevan años en España. Tort lamenta, no obstante, que la normativa no sea más concreta. “El tema crítico aquí es que tú necesitas un bien muy escaso de origen humano, que viene de la solidaridad. No es un tema económico. Son los políticos y la sociedad los que tienen que legislar sobre esto. No nos corresponde a los clínicos tomar la decisión del grado de accesibilidad y solidaridad del país”, agrega.

Los controles de la lista

Cuando hay un órgano disponible de un donante cadáver, no es para el primero que está en la lista, sino para el primero que es compatible con el órgano y reúne unos requisitos de carácter geográfico y clínico. Se prioriza la llamada urgencia cero, que son los casos en los que el paciente está en situación crítica. Y también hay criterios de proximidad debido al tiempo de isquemia fría, esto es, el tiempo que el órgano aguanta fuera del cuerpo humano (en corazón o pulmón, el tiempo máximo son unas cinco horas). Así, primero se busca un receptor local, cerca del lugar de la extracción, y si no hay, se amplía el perímetro de búsqueda. En el caso de los niños, matiza Tort, “se va a donde haga falta”, porque hay pocos donantes y las posibilidades de un órgano compatible son menores.

Para un trasplante de donante vivo (normalmente, riñón o hígado), el proceso es distinto, pues los donantes suelen ser familiares del enfermo y no entran en la lista de espera establecida. Los médicos han de comprobar que no hay ninguna contraprestación de por medio y, además, donante y receptor han de declarar ante un juez que no hay ningún interés externo y cumplen todos los protocolos.