Zoido accede a participar en la Junta de Seguridad de Cataluña

Las tensiones entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior catalana, que se sintió agraviada tras los acuerdos alcanzados por el Gobierno central y el vasco en la Junta de Seguridad del País Vasco, parecen diluirse. El ministro, Juan Ignacio Zoido, remitió ayer una carta al consejero, Jordi Jané, para convocar la Junta de Seguridad de Cataluña. Fuentes del ministerio ven en el malestar expresado por la Generalitat una sobreactuación para obtener el dinero que creen que les adeuda el Estado tras ampliar la plantilla de los Mossos d’Esquadra.

Las fuertes tensiones políticas del Gobierno con la Generalitat de Cataluña por el desafío independentista tienen consecuencias a otra escala. Ahora es en el delicado ámbito de la seguridad en el que han surgido las discrepancias y los desplantes, aunque parece que quedarán mitigados en cuanto se convoque la Junta de Seguridad —el organismo creado para unificar las políticas de seguridad a nivel autonómico—, que no se reúne desde 2009.

El Ministerio del Interior, que se ha apresurado —mediante una carta del ministro Zoido al consejero Jané— a buscar una fecha para un encuentro consensuado “cuanto antes”, insiste en que la seguridad está tan garantizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el País Vasco como en Cataluña.

“Es una irresponsabilidad intentar justificar la necesidad de la convocatoria alegando la mejora de la seguridad de los ciudadanos o el nivel de amenaza terrorista. Ambos están plenamente cubiertos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sus frecuentes reuniones de coordinación operativa. La Junta de Seguridad trata de las políticas de seguridad, no de la seguridad operativa”, dicen fuentes de Interior. “Es necesario evitar que asuntos ajenos a la seguridad interfieran en nuestra convocatoria”, escribe el ministro en su carta.

El cambio de parecer fue celebrado por el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien afirmó que se cambiará la fecha que ya había establecido unilateralmente el Gobierno catalán —porque Zoido no podría asistir ese día, el 3 de julio— pero avisó de que no se permitirán más “dilaciones” en la convocatoria. Desde el departamento catalán de Interior aseguran que el encuentro entre los responsables de la seguridad de los Gobiernos central y autonómico no puede ir mucho más allá de los diez primeros días de julio.

El Govern tiene intereses en la convocatoria por partida doble. En primer lugar, por una cuestión económica, ya que considera que el encuentro supondría certificar una deuda del Estado hacia la Generalitat de unos 500 millones de euros por la ampliación de efectivos que ha tenido el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, que tiene que ser asumido en parte por las cuentas estatales. Según sus cálculos, la deuda inicial sería de unos 264 millones, cifra que se ha incrementado hasta el doble por “los intereses de demora” acumulados en los últimos años.

Amenaza terrorista

El segundo interés del departamento de Interior de la Generalitat es lograr que la policía autonómica gane representatividad tanto en foros españoles como internacionales. El Gobierno catalán considera que los Mossos d’Esquadra deben participar de forma permanente en la mesa de evaluación del nivel de amenaza terrorista y en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) y que se les permita el acceso a la base de datos de Europol, además de a otros foros internacionales.

De ahí que la convocatoria de la Junta de Seguridad se haya convertido en un viejo y recurrente anhelo de la Generalitat. Fue una de las primeras demandas que el actual consejero de Interior, Jordi Jané, le transmitió al asumir el cargo al entonces ministro Jorge Fernández Díaz. Exigencia que se ha repetido en las dos reuniones que ha mantenido posteriormente con su sucesor, Juan Ignacio Zoido. Y que la Generalitat ya había expresado con anterioridad.

La Generalitat ha subido el tono de sus protestas en materia de seguridad al considerarse agraviada en el trato respecto al que recibe la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, que ya tiene permiso para conectarse a la red de las policías europeas y ha logrado el permiso para ampliar plantilla.