Puigdemont anuncia para el 1 de octubre el referéndum sobre la independencia

El referéndum independentista en el que el Gobierno catalán lleva meses trabajando ya tiene fecha: el próximo 1 de octubre. Si se celebra, los ciudadanos tendrán que responder a la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de répública?”. Al menos esa es la “voluntad” que ha salido este viernes de la reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán, según ha anunciado el presidente catalán, Carles Puigdemont, durante el acto solemne que protagonizó después junto a los diputados del frente independentista: Junts pel Sí y la CUP. Abre así un nuevo camino tan unilateral como incierto, amenazado por el rechazo rotundo del Gobierno central y las resoluciones previas del Tribunal Constitucional, que ha anulado todos los actos vinculados a la hoja de ruta de Puigdemont.

Las entidades independentistas obtuvieron la concreción que demandaban desde hace meses. Y Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, la fotografía que querían: la de un anuncio que muestra su determinación a seguir adelante con el proceso político catalán y el compromiso de que la respuesta que den sus conciudadanos, “en forma de sí o de no, será un mandato que este Gobierno se compromete a aplicar”. Lo hicieron tras constatar el martes pasado que quienes podrían ser sus aliados en la reivindicación del referéndum, Catalunya en Comú, no lo hará a cualquier precio y solo tendrán su acompañamiento si se pueden dar garantías jurídicas a la consulta que se celebre.

Pero ni Puigdemont ni Junqueras se han dirigido hoy a la confluencia que dirigen Ada Colau y Xavier Domènech. Más allá del anuncio dirigido al soberanismo, el grueso de sus dos discursos buscaron con dureza al Gobierno de Mariano Rajoy. Junqueras, responsabilizando al Ejecutivo central de haber negado “en al menos 18 ocasiones” la petición de Cataluña de decidir su futuro a través de las urnas, pero también achacándole otros problemas que superan la carpeta catalana. Ha denunciado el precario estado de los fondos de la Seguridad Social, el incumplimiento en las obras del corredor mediterráneo o el escándalo del almacén subterráneo de gas Castor.

Los agravios denunciados por Puigdemont sí se limitaron a la petición del referéndum, si bien tomó como origen el Estatut refrendado en 2006 y posteriormente recortado por la sentencia en 2010 del Tribunal Constitucional. El president denunció la politización del tribunal de garantías y afirmó que ese organismo “hoy no es mejor”. Responsabilizó de ello al Ejecutivo del PP, al que reprochó que no haya presentado ninguna “propuesta” para Cataluña pese a que hace más de medio año Rajoy encomendó a su Gabinete a una Operación Diálogo que no ha surtido efecto. Apenas ha habido dos reuniones de primer nivel, una entre Rajoy y Puigdemont y otra entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Junqueras.

Problema “real y profundo”

Puigdemont ha insistido en que abrir la vía de la consulta pactada no es una cuestión de “marco legal”, como se repite desde La Moncloa, sino que el problema es el “no quiero” expresado por Rajoy. Y ante ese “no quiero”, ha dicho el presidente catalán, “es mejor no ir al altar”, afirmación que alberga dos lecturas. La primera y más evidente, que Cataluña no puede continuar ligada a España, según sus palabras. La segunda, que no merece la pena acudir al Congreso a explicar su propuesta si antes no hay voluntad de dialogar y negociar una salida pactada. Puigdemont lamentó que “todo un sistema político (y seguramente también social, mediático y económico)” haya sido incapaz de resolver en 40 años “un problema real, profundo”, como es el del encaje de Cataluña en España.

A falta de esa propuesta, la pregunta presentada por el Gobierno catalán no presenta ninguna alternativa a la independencia como había sugerido Puigdemont si Rajoy se avenía a realizar una contrapropuesta. Por ello, Puigdemont afirmó que la Generalitat “se conjura a ofrecer todas las garantías y a velar por la rectitud del proceso de convocatoria, organización y celebración del referéndum”. Con el planteamiento de la pregunta, Puigdemont ha logrado contentar a todos los partidos que le apoyan en el Parlament, al introducir el concepto “Estado” —demandado por el PDeCAT— y “república”, opción preferida por ERC y la CUP y ahora su Ejecutivo deberá desarrollar legalmente el anuncio de ayer. Porque ayer ni Puigdemont ni ninguno de sus consejeros firmaron nada que les comprometa.

Hasta mediados de agosto, cuando se inicie la aprobación de decretos y leyes, el enfrentamiento entre Administraciones se limitará previsiblemente a la dialéctica. Después, el choque institucional llegará a su máxima expresión si no se alcanza una salida airosa. La “voluntad” expresada ayer por Puigdemont podría acabar también con unas elecciones anticipadas.