El dueño del Canto del Pico tiene un mes para iniciar la restauración
El propietario donó el inmueble, monumento histórico-artístico, al dictador Francisco Franco. Sus herederos lo vendieron en 1988.
El palacio del Canto del Pico, monumento histórico-artístico desde 1930 y morada del dictador Franco durante 35 años en Torrelodones, se halla en un estado lamentable después de años de falta de mantenimiento y expolios. Su actual dueño quería convertir el inmueble en un hotel de lujo, pero no logró la licencia debido a que se levanta en terreno protegido. A la vista del deterioro —han desaparecido esculturas, bajorrelieves, escudos, azulejería o rejas— Patrimonio ha dado un mes al dueño para que presente un proyecto de rehabilitación. Debe reponer, entre otras cosas, un copia de un claustro medieval.
Poco queda de aquel edificio que comenzó a levantar el conde de las Almenas en 1920 en lo más alto de Torrelodones, a unos mil metros de altitud en una finca de 82 hectáreas. Su característica figura, de granito y mezcolanza de estilos, se mantiene todavía en pie, pero han desaparecido la mayor parte de los elementos decorativos que procedían de monumentos de toda España, víctimas de la falta de mantenimiento y del vandalismo de años. El tiempo ha respetado, en cambio, el espectacular paisaje de 37 municipios que se contempla desde la atalaya.
El expolio ha sido de tal calibre que no queda huella de “todo el material inmueble que puede ser arrancado, como esculturas, bajorrelieves, escudos, azulejería o rejas”, indica un informe realizado por la Dirección General de Patrimonio elaborado tras una visita realizada el pasado 27 de abril y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La situación que encontraron los técnicos ha provocado la apertura de diligencias previas informativas en las que se requiere al dueño a presentar un proyecto de rehabilitación en un mes.
Los muros de carga, en cambio, son “sólidos y no plantean problemas”, pero el edificio se encuentra en “malas condiciones de seguridad, estabilidad, salubridad y ornato”, añaden los técnicos. Los problemas continúan en los forjados de madera que, apuntalados desde hace 19 años, aparecen muy deteriorados “sin que se haya realizado ninguna labor de consolidación o rehabilitación, salvo la cubrición del edificio (tras un incendio que se produjo en 1998)”.
De “especialmente grave” califica Patrimonio el riesgo de caída que presentan los aleros de madera de miradores y elementos salientes, “por el valor artístico de algunas de las piezas antropomorfas identificadas como góticas levantinas”. Como colofón, el propietario ha retirado varias de las piezas escultóricas “sin autorización”. Entre ellas, un gran escudo de armas, la figura yacente de un obispo de mármol y uno de los frontales de alabastro del sarcófago de uno de los duques de Híjar. Tampoco se ha hecho la réplica del claustro que se devolvió al monasterio de Santa María de La Valldigna, y que estaba previsto que pagara la Generalitat de Valenciana.
La dirección de la empresa propietaria explica que guardaron esos elementos para salvaguardarlas de un posible robo. “Cuando adquirimos el inmueble, ya se encontraba muy deteriorado”, aseguran. En la actualidad, existe vigilancia. El informe de la Dirección General de Patrimonio destaca que aunque los huecos de paso se han tabicado para evitar intrusiones, estas se producen a pesar de todo, “a juzgar por las huellas y destrozos en el interior”.
Hotel de lujo
La construcción se utilizó como cuartel del ejército republicano en la Guerra Civil y, posteriormente, el conde la donó al dictador Francisco Franco. Tras su muerte, la sociedad Stoyman Holdings Limited (SHL) compró el palacio a sus herederos por 1,8 millones de euros.
Su propósito de convertirlo en un hotel de lujo de 20 habitaciones —más otras 30 en dos casas adyacentes—, con piscina cubierta y aparcamiento para 100 vehículos, topó con la protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Desde este organismo aseguran que el proyecto cumple con la normativa, por lo que lo enviarán a Patrimonio para responder a su requerimiento.
Una escuela de prácticas corruptas
La compra por parte de la Generalitat valenciana del claustro gótico del monasterio de La Valldigna se cerró en 2003. El Ejecutivo autonómico anunció entonces que el acuerdo contemplaba el pago a su propietario de un millón de euros y la construcción de una réplica, valorada en 100.000 euros, en el palacio del Canto del Pico. La replica no se ha hecho. Y el Gobierno valenciano no pudo confirmar ayer si el importe para erigirla fue abonado o no. El motivo es que la operación de compra fue encargada por el Ejecutivo autonómico del PP a una entidad de trayectoria especialmente opaca, la Fundación Jaume II El Just, dependiente de la Generalitat, que ahora está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción.
El Ejecutivo valenciano está auditando la fundación como paso previo a liquidarla y, hasta el momento, no ha encontrado ningún documento que acredite el pago de la réplica, pero tampoco el compromiso de tener que construirla.
La recuperación del claustro fue un deseo del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, un hombre muy católico. Camps instaló en el monasterio la Fundación Jaume II, dedicada a la recuperación de patrimonio. Y puso al frente a Vicente Burgos, un viejo amigo suyo, detenido el año pasado en la operación Taula bajo la acusación de varios delitos de corrupción.
Marcos Benavent, el arrepentido de Taula, ha contado a la Guardia Civil que cuando entró a trabajar en la fundación Jaume II El Just, Burgos le dijo que su misión era buscar empresas que aceptasen pagar comisiones de entre el 2% y el 3% a cambio de recibir contratos. Y que así lo hizo, iniciando su carrera como “recaudador”
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