El férreo corsé de Venecia

La Generalitat ha dado el primer paso comprar 8.000 urnas para el referéndum. La medida implica activar la maquinaria y ratifica el compromiso de Carles Puigdemont de organizarlo aunque sea sin el permiso del Gobierno. Luís Rabell, de Sí que es Pot, eludió “magnificar” la noticia ni debatir si las urnas serán o no de “metacrilato”. El diputado subrayó que lo trascendente es la moción que se debatirá en el Parlament en la que instan al president a obviar el pacto con Mariano Rajoy y buscar el amparo de la Comisión de Venecia, un órgano que depende del Consejo de Europa y que emite dictámenes sobre constitucionalidad. El más escrutado entre los partidos es su Código de Buenas Prácticas sobre referendos.

El independentismo ha aludido en ocasiones con simpatía a la Comisión de Venecia, denominada oficialmente Comisión Europea para la democracia a través del derecho, porque no fija requisitos de participación en los referéndums. El ente consultivo se apellida con el nombre de esa ciudad porque allí se reúnen cuatro veces al año sus miembros: 47 juristas, uno por cada Estado miembro del Consejo de Europa, y 14 en representación de países de África, América y Asia. La Comisión, creada para ayudar a las nuevas democracias del Este surgidas tras la caída del Muro de Berlín, asesora en materia constitucional y persigue contribuir a la difusión y al desarrollo de “un patrimonio constitucional común” con el objetivo de gestionar conflictos y dar “ayuda constitucional a los Estados en transición”.

El Código de Buenas Prácticas contempla unas reglas claras. Una de ellas es taxativa. Bajo el epígrafe del Estado de Derecho, afirma: “El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad y especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum en una cuestión de competencia exclusiva del Parlamento”.

La declaración no invita a los secesionistas a alimentar esperanzas ante el plan de Sí que es Pot. Fuentes del Gobierno catalán ven positivo que el grupo renuncie ya a exigir una consulta pactada pero admite que la opción de Venecia es difícil. Los comunes basan su confianza en que la Comisión pueda hacer una recomendación a La Moncloa de que desbloquee el conflicto de la misma forma que le instó a hacer mejoras en su reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. En cualquier caso, la validó. Estos son los requisitos básicos del código:

1. Las líneas básicas

El primer apartado del código apela al sufragio universal; aconseja que puedan votar los ciudadanos extranjeros; que el censo electoral sea fiable y el voto equitativo. Esto es, que la autoridad administrativa tenga una “actitud neutral en la campaña del referéndum”, en la cobertura de los medios públicos o en la propaganda y publicidad. Paralelamente, insta a que las autoridades no hagan uso de fondos públicos con fines de campaña. El código plantea que la pregunta sea “clara”. “No debe inducir al error; los electores deben estar informados de los efectos del referéndum y debe permitirse que se responda a las preguntas con un sí, un no o un voto en blanco”, dice.

2. Las condiciones

Este bloque contiene un escollo difícilmente salvables para la Generalitat. En el punto sobre cómo regular los referéndums, que debe estar organizado por un “órgano imparcial”, el Código sostiene: “Los aspectos fundamentales de la ley del referéndum no deben poder ser reformados durante el año anterior a un referéndum o deben incluirse en la Constitución y en una norma superior a la ley ordinaria”. La ley de transición jurídica aún no ha sido presentada y todo apunta a que Junts pel Sí y la CUP apurarán para evitar la suspensión del Constitucional.

3. Reglas específicas

El código concluye con un tercer apartado sobre las reglas específicas que es el que incluye que el referéndum debe ajustarse a la Constitución. El catedrático Josep Maria Castellà, representante español en la Comisión de Venecia, sostiene que la única forma de encajarlo sería una reforma de la Carta Magna y rechaza la tesis de que se pueda hacer una consulta ad hoc. 600 juristas acaban de firmar un manifiesto en el que sostienen que sí encaja en la Constitución al amparo del principio democrático que protege a las minorías frente a las mayorías. Las reglas citan que los efectos del referéndum deben estar estipulados en la Constitución o en la ley —se supone que teóricamente estarán incluidos en la ley de desconexión— e incluyen dos de los aspectos más celebrados por el independentismo: no se recomienda fijar un quórum de participación ni de aprobación para que los contrarios no fomenten la abstención.