El Canal retrasa la aprobación de sus cuentas por la Operación Lezo

Estaba previsto que el Canal de Isabel II presentara las cuentas de la compañía —que debían ser aprobadas posteriormente por la junta de accionistas— en el consejo de administración celebrado el pasado miércoles. Pero este punto, según ha sabido EL PAÍS, se levantó del orden del día debido a la “compleja situación de varias de las filiales en Latinoamérica”. Los últimos acontecimientos (imputaciones, detenciones, ingresos en la cárcel...) han provocado que el Canal extreme las precauciones, sobre todo por las responsabilidades en las que podrían incurrir los consejeros. Para evitarlo, la empresa de aguas madrileña solicitó el asesoramiento del bufete Herbert Smith Freehills (HSF), que realizó un “análisis jurídico” sobre la auditoría forense anterior que había efectuado Ernest & Young (E&Y) “en relación con la adquisición de una participación” del Canal en la empresa brasileña de aguas Emissao Engehnaria e Constriçao Ltda.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lleva meses investigando la expansión del Canal por Latinoamérica, en concreto la adquisición de dos de sus filiales por las que se habría abonado un importe superior al real (Emissao en 2013 y la colombiana Inassa en 2001), lo que habría supuesto el desvío de fondos públicos.

Los recelos del equipo de Gobierno de Cristina Cifuentes son notables porque E&Y detectó circunstancias que pudieron haber afectado a la independencia de unos auditores anteriores, que revisaron las cuentas de 2014 y 2015. El informe de E&Y alertó de unas “comunicaciones” en 2012 entre esos auditores y Canal Extensia (empresa del Canal que es poseedora de la mayoría de las acciones de Inassa). A este respecto, el informe jurídico de HSF considera que “no obran en su poder los datos suficientes para ser concluyentes”, pero “parecen no existir incompatibilidades”.

En cuanto a la formulación de las cuentas de 2016 del grupo, el estudio de los letrados es muy claro: existe una obligación legal en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social. Las cuentas deben reflejar la imagen fiel de la empresa, aunque haya sociedades que “puedan haber cometido actuaciones delictivas o irregulares”. Al mismo tiempo, recomiendan que en el informe de gestión de la empresa se indique que existe un procedimiento penal abierto, por las consecuencias que pudieran derivarse de él.

El Consejo de Administración del Canal, presidido por el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, lleva tiempo dirimiendo la forma de afrontar los problemas surgidos en Latinoamérica. De momento, la empresa se ha decantado por deshacerse de aquellas filiales que no tienen nada que ver con el ciclo del agua u otras sin actividad, que se utilizaron como sociedades instrumentales en la expansión.

Las últimas declaraciones realizadas por Garrido antes de asistir al consejo del miércoles apuntan a que se estaría pensando en abandonar de forma ordenada Sudamérica, y seguir aportando el conocimiento del Canal solo en ingeniería y en todo el ciclo de suministro de agua, pero no siendo los propietarios de compañías.

En el consejo de administración del miércoles se aprobó la personación penal de la compañía y de su filial Canal Extensia en el procedimiento penal abierto como partes perjudicadas, tal y como reclamaban en su informe “estrictamente privado y confidencial” los expertos de HSF.

Al mismo tiempo, el consejo decidió reforzar la organización de la empresa internacionalmente, mientras el grupo mantenga su presencia en las inversiones actuales. Además, acordó reforzar las áreas financieras de control y de contabilidad de todas sus filiales extranjeras, así como la vigilancia de su archivo documental para evitar que desaparezca documentación.

Auditorías independientes

También se realizarán nuevas auditorías independientes complementarias en todas aquellas filiales donde sea necesario y se incrementará el área de auditoría interna que se extenderá a la división internacional. Una de las grandes preguntas que se hace la oposición, es la razón por la que nadie advirtió lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, ni los auditores externos, ni los internos, ni la Cámara de Cuentas.

Bien es verdad que en un informe del 18 de febrero de 2013, los fiscalizadores internos del Canal alertaron de que “dado el esquema de administración de Emissao”, la compra podría provocar “graves riesgos operativos, los cuales pueden causar pérdidas potenciales debido a la falta de control”, No obstante, añadieron, “estratégicamente para el grupo Canal/Inassa, Emissao constituye un vehículo de entrada en Brasil que, lógicamente, repercutirá favorablemente en las cifras de Inassa”. El juez y la Comunidad de Madrid tienen dudas sobre esto último.