El fiscal del ‘caso Guateque’ cree que se usaron “tácticas mafiosas” para agilizar licencias
El ministerio público mantiene su petición de penas de entre 10 meses y 31 años de prisión para 26 de los acusados.
El fiscal del caso Guateque (trama en la que se hicieron supuestos pagos ilegales a funcionarios para agilizar licencias) expuso este martes sus conclusiones definitivas sobre el juicio, en las cuales acusa a los 30 procesados de haber utilizado "tácticas mafiosas" para lucrarse con el adelanto de licencias urbanísticas. Estas afirmaciones se producen después de que el pasado día 29 de marzo, César Estirado rebajara las penas para cuatro de los acusados por confesión y reparación de daños. Los procesados -entre ellos 19 funcionarios del Consistorio- se enfrentan a un total de 250 años de cárcel. Se les acusa de cohecho, de delito continuado de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, de tráfico de influencias, de prevaricación ambiental y de negociaciones prohibidas a funcionarios.
"Creo que a nadie le cabe ninguna duda de que los procedimientos se agilizaban. No era una organización como tal, pero sí prácticas difusas y reiteradas", afirmó el fiscal. Estirado defendió que existen pruebas para realizar "una fotografía de la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid en el 2000" y resaltó la acusación del Consistorio en el proceso celebrado en la Audiencia Provincial. "Es importante el protagonismo que ha tenido en la persecución de los delitos", dijo.
El fiscal también acusó a los procesados de servirse de sus cargos como funcionarios para hacer interpretaciones propias de la norma municipal para agilizar licencias y recibir pagos por ello. Estirado habló de partes del proceso como la del edificio de la calle de Tutor 8, en el que "se aportaron tres licencias falsas". "La aseguradora Ocaso estaba ocupando con oficinas piratas cuatro pisos de la calle", aseguró. También recordó conversaciones que han servido como prueba en el juicio, como en la que Santiago Castillo [uno de los procesados] dice que "le dieron un kilo". Además, aseguró que en el caso de la calle de Alberto Alcocer es "donde se cometieron las irregularidades más groseras", ya que según él "el funcionario sobornado y el técnico sobornante se pusieron de acuerdo".
Además, el fiscal expuso en sus conclusiones que los empresarios ligados a las firmas AC 93, Rehabilita Inmuebles S.L, AB Sanz Escribano Ingenieros Consultores S.L y Agustino Proyectos e Instalaciones S.L., ejercieron de enlace entre promotores y funcionarios municipales. Según el fiscal, el modus operandi era que los intermediarios aprovechaban el retraso en las concesiones de licencias por parte del Consistorio para que los promotores se sintieran presionados y así pedir a los funcionarios que agilizaran las licencias mediante "tácticas mafiosas". Estas estrategias se basaban en el pago de sobornos de miles de euros.
El fiscal habló de conversaciones que se escucharon en la sala durante algunas sesiones del proceso, en las que algunos acusados discutían sobre las cantidades a repartir procedentes de los sobornos. El ministerio público rememoró conversaciones del supuesto cerebro de la trama, Victoriano Ceballos, con otro de los acusados y su jefe en el momento de los hechos (hace casi 10 años), Joaquín Fernández de Castro. En ellas, Fernández de Castro habla de "dar grandes golpes" mientras que Ceballos opina que era mejor "dar muchos pequeños".
Después de un breve receso, César Estirado concluyó su intervención dando una visión general de todos los años de duración que lleva el proceso judicial del caso. "Los dos primeros años la instrucción fue muy intensa, acertada y ágil. La segunda fase fue mucho más ralentizada", aclaró. A su vez, alabó la tarea de la sección sexta que "estudió toda la causa, trabajo para el que se empleó mucho tiempo". Mañana continuará el juicio a las 10.00 en la Audiencia Provincial.
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