Banderas a media asta por Cristo

Podemos encontrar muchos ejemplos de actuaciones gubernamentales que nos retrotaen al pasado franquista, pero pocos tan ilustrativos como esa bandera que desde el jueves ondea a media asta en unidades, bases y cuarteles militares de toda España ¡por la muerte de Cristo! Este año, en una nueva muestra del sentido patrimonial que el PP tiene de las instituciones, María Dolores de Cospedal ha extendido esta más que discutible muestra de fervor religioso a la sede del Ministerio de Defensa Y lo ha hecho con la naturalidad liviana con la que cuelga adornos en el balcón de su casa al paso de las procesiones o se pone mantilla cuando visita al Papa. No importa que el reglamento de honores militares de 2010, aprobado bajo el mandato de Carme Chacón, limite las ocasiones, muy especiales, en que la bandera debe ondear a media asta. En una respuesta parlamentaria, el Gobierno alega que, puesto que no está expresamente prohibido, puede hacerlo también en otras ocasiones. Asusta pensar en cuántas otras cuestiones, si continúa esta deriva, puede hacer el Gobierno una “interpretación extensiva” de reglamentos y leyes.

Estamos tan acostumbrados a este tipo de excesos que ya casi ni nos escandalizan. Comparados con la magnitud, volumen y frecuencia de los escándalos de corrupción, pueden parecer incluso anecdóticos. Pero desde que Mariano Rajoy llegó al poder y dio carta blanca a sus ministros para que expresaran a su antojo sus creencias religiosas, no paran de repetirse. Parece como si al PP no le importara ya mostrar e incluso reivindicar el poso de nacionalcatolicismo que corre por sus venas ideológicas. Así es como un día hemos de contemplar atónitos cómo se le concede la medalla de oro del mérito policial ¡a Nuestra Señora María Santísima del Amor! por haber amparado a las fuerzas de seguridad bajo “el manto de su protección”. Y eso lo hace, con toda la pompa, un ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de misa diaria y que dice tener un ángel de la guarda llamado Marcelo que le ayuda a aparcar y a otras muchas cosas. No sabemos si también le ha ayudado en las tropelías que ha cometido con la policía patriótica para perjudicar a los adversarios políticos del PP o si en ese caso ha mirado para otro lado. Ya en 2012 se concedió la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil a la virgen del Pilar y en 2015 la Cruz de Plata a la Virgen de los Dolores de Archidona, mientras la ministra Fátima Báñez agradecía a la Virgen del Rocío su ayuda para que España saliera de la recesión. El nuevo titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, acaba de condecorar, también por méritos militares, al hermano mayor de la cofradía del Cristo de la Buena Muerte (al menos este es un humano) mientras Alberto Fernández Díaz, concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, pide que se priorice a los cristianos en la acogida de los refugiados.

No podemos estar escandalizándonos constantemente. Sabemos, además, que cualquier reacción de repulsa resulta un gesto baldío pues la tolerancia del PP a la indignación ciudadana es cada vez mayor. Este intento constante y descarado de regresión a las formas del nacionalcatolicismo contrasta con la evolución religiosa de la sociedad española, cada vez más secularizada. Tres de cada cuatro ciudadanos se declaran aún católicos por el hecho de haber sido bautizados, pero la realidad está muy lejos de esas cifras. El ministro se encuentra entre el 2% de los españoles que, según el CIS, van a misa varias veces por semana. El 60% de los que se declaran católicos no se acercan a una iglesia más que por compromiso, para asistir a bodas o funerales. Y cada vez tienen menos ocasión. En 1980, el 96% de los matrimonios de celebraban por la iglesia; en 2005 eran ya solo el 60%; ahora no llegan al 22% y cabe sospechar que muchos lo hacen aún por no contrariar a los mayores de la familia.

Todo esto sucede porque todavía arrastramos la que fue una de las principales carencias del pacto de la Transición: la incapacidad de asegurar una efectiva separación entre Iglesia y Estado. Hace tiempo que deberían haberse revisado los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede, que bajo la apariencia de adaptar el Concordato franquista de 1953 a los principios de la Constitución, lo que hizo fue consagrar los privilegios de la Iglesia católica. El Concordato sigue muy vivo para el PP.