Un centenar de activistas contra la pobreza energética ocupa una oficina de Endesa

La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han impulsado este martes una acción conjunta para protestar contra los cortes de luz y gas a las familias vulnerables que ocupan una vivienda. La acción, que ha empezado a las 10 de la mañana en el parque de la Ciutadella, ha culminado a mediodía con la ocupación de la oficina de Endesa en la Gran Vía barcelonesa. Las entidades organizadoras de la protesta han ejercido de mediadoras y han presentado a la empresa documentación que acredita la falta de recursos de varias familias. 

La portavoz de la APE, María Campuzano, ha defendido la ocupación de la oficina alegando que las familias seguidas por Servicios Sociales que viven en apartamentos ocupados pueden tener un contrato de agua a través de las entidades municipales. "Mientras tanto, las compañías eléctricas se niegan a hacer ningún contrato de emergencia si no hay un contrato de alquiler o una escritura de la vivienda", explica Campuzano, "lo que lleva a las familias a tener que vivir sin gas ni luz o a tener que pincharla".

Fuentes de la compañía, que distribuye y comercializa electricidad y gas natural, aseguran que trabajan con los "clientes vulnerables que figuran en las listas municipales", pero que no pueden hacer nada con aquellos que ocupan una vivienda y, por lo tanto, no figuran en ningún lugar como clientes. Además, en los casos en los que cortan la luz pinchada, Endesa defiende que lo hacen por motivos de seguridad: "Una instalación eléctrica manipulada es un peligro, no podemos hacer la vista gorda", aseguran desde la compañía.

Sheila Martínez, que ocupa desde hace más de un año una casa en una urbanización de Maçanet de la Selva (La Selva) decidió entrar ilegalmente en una vivienda cuando, con un hijo de cinco años y embarazada de una niña, tanto ella como su pareja perdieron el empleo. "En diez días conseguimos un contrato de agua, pero llevamos un año y medio sin contrato de luz ni gas", explica, y añade que las empresas eléctricas cortan, como mínimo una vez al mes, las instalaciones manipuladas. "Al no darnos un contrato, nos obligan a cometer una ilegalidad y a pinchar los suministros", lamenta otro manifestante.

El caso de Luis Hernández, que vive con un contrato de alquiler social en un piso de Blanes, es distinto. Hernández tuvo desde 2015 hasta el pasado febrero un contrato de luz y gas, que le fue cancelado porque, según él, "el piso tenía un expediente abierto por una deuda de 1.800 euros por tener la luz pinchada durante un año en el que no figura mi nombre". Hernández, junto con otras decenas de afectados, aprovecharán esta jornada de reivindicaciones para poner al día la documentación con la ayuda de las plataformas convocantes y para presentar las reclamaciones a las compañías comercializadoras. En referencia al problema de la contabilidad de los usuarios que están en situación de pobreza energética, por parte de las entidades municipales, Hernández anima a todos a denunciar, "porque hay mucha gente que no puede pagar la luz ni el gas que no se atreve a dar la cara".