El malestar del centro de salud

Que un paciente tenga que esperar hasta un mes para poder ser atendido por su médico de cabecera es un indicador de lo mucho que se han deteriorado las condiciones en que trabaja la asistencia primaria. Eso es lo que ocurre en algunos ambulatorios con mucha presión asistencial. Después de seis años de recortes y políticas de austeridad —entre 2010 y 2104 los presupuestos se han reducido un 20%— era previsible que las costuras estallaran. Más presión asistencial con menos medios es una ecuación que lleva necesariamente a un deterioro de la calidad asistencial y al conflicto.

Al principio los profesionales compensaron con mayor dedicación y esfuerzo los efectos de los recortes, pero una situación sostenida de falta de medios no puede afrontarse indefinidamente con voluntarismo. La marea del descontento ha ido subiendo y ya está formando las primeras olas de protesta. Los profesionales sanitarios de más de veinte centros de salud han suscrito un manifiesto en el que alertan de la situación límite en que se encuentran a causa de la presión asistencial y de la falta de recursos.

Entre los firmantes hay algunos veteranos de todas las batallas por la dignificación de la asistencia primaria. De esos que estudiaron la especialidad de Medicina Comunitaria no porque no tuvieran nota o no pudieran optar a una especialidad hospitalaria, sino por vocación, porque creían en la medicina de proximidad y hacían suya una de las divisas que con ahínco defendió en vida el desaparecido Albert Jovell, cuando abogaba por una medicina afectiva, además de efectiva. Poca afectividad se puede desarrollar en una consulta saturada a la que los pacientes llegan cansados de esperar y temerosos de que un retraso en el diagnóstico pueda tener consecuencias graves para su salud. También la efectividad se acaba resintiendo en una situación de colapso permanente.

Cuando se producen este tipo de situaciones, a estos profesionales vocacionales se les plantea un dilema. La denuncia pública del deterioro puede ser utilizada para desacreditar al sistema sanitario y alimentar las campañas que las aseguradoras privadas lanzan con el propósito de captar clientes entre quienes sufren las listas de espera o temen sufrirlas. La gestación de este manifiesto ha coincidido con la presentación del triunfalista balance anual del sector de los seguros privados.

Aunque algunos expertos atribuyen el aumento al efecto rebote, después de la caída y estancamiento que la crisis produjo a partir de 2009, las cifras son significativas. En 2016 se ha superado por primera vez después de años de estancamiento los 10,7 millones de personas cubiertas por un seguro privado, que era el máximo alcanzado en el mejor momento del sector. Ahora hay 11,14 millones, casi 600.000 más que en 2015, lo que representa un aumento del 3,45%. Y una parte de ese crecimiento se debe que ahora muchas empresas ofrecen una póliza privada como parte de la remuneración de cierto tipo de empleados, un fenómeno nuevo que puede tener recorrido.

Pero atención al dato: los directivos de las aseguradoras presumían en la rueda de prensa de la recuperación del sector y atribuía el incremento del número de pólizas a las listas de espera de la Sanidad pública y al temor a que el Estado no pueda seguir financiando los servicios de salud como antes de la crisis. Y a continuación afirmaban que España tiene un buen servicio público de salud, que los seguros privados no compiten con la red pública, que ambas son complementarias y que pueden colaborar. Efectivamente, la existencia de los seguros privados alivia la presión de los ya saturados servicios públicos. Pero también es verdad que los seguros privados son rentables con las primas que ahora cobran porque existe una buena sanidad pública a la que muchos asegurados recurren en cuanto tienen algo serio que tratar.

Tiene lógica pensar que si denuncian la situación y hacen visible el conflicto, contribuyen al descrédito del sistema público, lo que empuja a muchos pacientes a suscribir pólizas privadas. Si el porcentaje de personas con doble cobertura crece demasiado, acabará siendo un factor de deslegitimación del sistema sanitario público en las capas de renta media. Pero dejar que el sistema se siga deteriorando sin luchar por revertir la situación conduce al mismo descredito. A la hora de deslegitimar el sistema público, tanto daño hacen quienes desde fuera intentan una demolición parcial controlada —en realidad las aseguradoras solo quieren ser complementarias— como quienes, desde la gestión de lo público, no invierten suficiente y no son capaces de frenar el deterioro y la descapitalización provocados por los recortes.