La Guardia Civil refuerza su equipo de investigación en Cataluña

La Guardia Civil se refuerza en Cataluña y lo hace en pleno proceso independentista. El 8 de marzo, se convocó una comisión de servicio para las unidades de Policía Judicial e Información del instituto armado en lo que se conoce como la séptima zona. En total, unos 70 guardias se incorporarán a la plantilla en Cataluña, según fuentes del cuerpo consultadas por EL PAÍS. “El objetivo es potenciar las competencias en investigación de la Guardia Civil en Cataluña”, aseguran esas mismas fuentes, que lo desvinculan de la batalla soberanista del Gobierno catalán. Es la primera vez que se hace una comisión de este estilo para toda una comunidad autónoma, según fuentes policiales.

Los guardias que se trasladen a Cataluña estarán en su nuevo destino durante un año como máximo, aunque la voluntad sería lograr que esas plazas fuesen fijas. La mayor parte de esos puestos, unos 50 en total, serán para las unidades de Policía Judicial de toda Cataluña. El resto, se destinará a Información. Se trata de un traslado temporal, que permite el reglamento de la Guardia Civil, y en este caso está remunerado en los conceptos de alojamiento y manutención. Fuentes del cuerpo matizan que se trata de cubrir vacantes históricas en el territorio.

La convocatoria ha tenido éxito. Hasta ahora, unos 700 guardias se han presentado como candidatos. El proceso está ya en su fase final, y está previsto que el 1 de abril se puedan incorporar a sus puestos de trabajo. En general, una comisión de servicio dura como máximo un año y tiene el objetivo de “reforzar a unidades, centros u organismos” para “el desarrollo de determinados cometidos específicos o cuando el mayor volumen de servicio de los mismos no pueda ser atendido de manera eficaz por su plantilla orgánica”, según recoge el reglamento del cuerpo. Es habitual, por ejemplo, que se hagan en la operación en el estrecho durante el verano.

En los últimos tiempos en Cataluña la Guardia Civil, que tiene más de 3.400 efectivos, ha llevado las mayores investigaciones sobre corrupción. Desde 2015, investigan el caso del 3%, la trama de presunta financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya. Nació en 2014, por una denuncia de exconcejal de Torredembarra (Tarragona). La evolución del caso apunta a Germà Gordó, exconsejero de Convergència, e incluso al expresidente Artur Mas, implicado por un testigo protegido.

También investigan un supuesto caso de corrupción que salpica a 23 ayuntamientos, vinculada a la constructora Efial, para conseguir contratos fraudulentos. En esa investigación, el instituto armado pidió documentación sobre adjudicaciones en Girona cuando su alcalde era el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. O el del empresario Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol júnior, al que acusan de haber amañado un contrato para la concesión de basuras en Lloret de Mar, controlada por Convergència.

También es suyo el caso de los sobrecostes en la línea del AVE de presuntos sobornos a altos mandos de ADIF. Empezó en Barcelona y se ha extendido por toda la península, con obras investigadas en Castilla-León, Galicia, Euskadi y Asturias. O el de Innova, de presunta corrupción sanitaria en el que hay más de 100 imputados, con epicentro en Reus y el PSC y Convergència en el punto de mira.

También a los socialistas les afecta el caso Inipro, sobre el presunto uso fraudulento por parte del Ayuntamiento de Tarragona, en manos del socialista Josep Fèlix Ballesteros, de unos fondos municipales para pagar campañas para el partido. El caso Pretoria, de supuesta corrupción urbanística, que sienta estos días en el banquillo de la Audiencia Nacional a exaltos cargos de CiU y PSC, también fue una investigación de la Guardia Civil.

Además, se acerca un ciclo complicado en Cataluña, con multitud de procesos abiertos por la cuestión soberanista, en los que quizá podría participar la Policía Judicial. En el proceso por la consulta del 9-N fueron los peritos de la Guardia Civil quienes analizaron la web que creó la Generalitat exprofeso. Ahora el gobierno de Puigdemont ha presentado también un concurso de sobres y papeletas, que oficialmente es para unas futuras elecciones, aunque algunas fuentes apuntan que podrían ser preparativos para el referéndum.