Barcelona estudia cómo hacer que los turistas paguen las multas por incivismo

La revisión de la polémica ordenanza de Civismo del Ayuntamiento de Barcelona fue una de las promesas electorales del partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Casi dos años después de las elecciones de mayo de 2015, el equipo del teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, trabaja todavía en la futura norma. En parte se apoyará en un estudio que ha realizado la Universitat de Barcelona, que concluye que el texto está desfasado y que en sus 11 años de vigencia la ordenanza se ha aplicado en más de la mitad de los casos (53% de las sanciones) en Ciutat Vella y en relación al ocio nocturno (multando a lateros, sobre todo). Además, el porcentaje de multas que se cobran ronda apenas el 30%-40% de las que se imponen (la media en 2015 fue de 165 euros por sanción, se pusieron 80.000). De ahí que el gobierno estudie, entre otras cuestiones, "la fórmula para multar eficazmente a los turistas". Es decir, que paguen si se les multa por conductas incívicas en Ciutat Vella.

Tanto los autores del estudio como Asens subrayan que la ciudad y sus retos actuales no tienen nada que con los que afrontaba cuando la ordenanza se aprobó en 2005. Entonces, las cuestiones que los ciudadanos expresaban como principales preocupaciones en las encuestas eran la limpieza, la inseguridad y los problemas asociados a la inmigración. Ahora, en cambio, son el paro y las condiciones laborales, el turismo y la circulación.

Asens también ha recordado las voces, como las de la Síndica de Barcelona, que reiteradamente han alertado de que la ordenanza se ceba con los más vulnerables (personas sin techo, trabajadoras sexuales o vendedores ambulantes). Las multas a estos colectivos apenas se cobran en un 5% de los casos, ha explicado a partir de datos del año 2014. "La maquinaria de imponer, tramitar y cobrar las multas es muy costosa para el Ayuntamiento y el bajo índice de pago obliga a hacer una reflexión, nos preocupa", ha dicho Asens este viernes, antes de presentar el estudio a los grupos de la oposición.

También ha explicado que para elaborar el nuevo texto deberán tener en cuenta sentencias de los últimos años que tienen que ver con la ordenanza y leyes que antes no existían, como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), que tiene impacto sobre el espacio público y es de rango superior a una ordenanza municipal. "Nos crea un nuevo campo de juego, hay que ver como afecta", ha dicho.

La futura ordenanza prevé incrementar las actuaciones de orden social, graduar las sanciones o incrementar la aplicación de medidas alternativas a las multas. Estas medidas se ofrecen a los menores de edad y los adultos pueden solicitarlas. Y consisten en recibir formación o charlas (por ejemplo a los menores que beben en la calle) o en acciones de mejora en la comunidad. "La nuestra quiere ser una mirada más social hacia los vulnerables", ha dicho Asens y ha explicado que los servicios jurídicos están elaborando un estudio "que no podemos revelar".

Los autores del estudio son los doctores en Derecho, Cristina Fernández, y Psicología Social, Andrés Di Masso, que han explicado que sus conclusiones apuntan a una norma desfasada, aunque hay consenso en que es necesario un marco regulador y sancionador. También apuntaron que entre sus 60 entrevistados (desde agentes de la Guardia Urbana, hasta skaters pasando por personas sin hogar) "hay una sensación de injusticia" respecto a la ordenanza. "Ha acabado siendo una herramienta para dar respuesta a problemas muy concretos en una zona muy concreta", han apuntado. "Y no reduce la conflictividad", añaden. Por ello recomiendan modificarla de acuerdo a la realidad actual de la ciudad, promover medidas socioeducativas, facilitar un acceso no excluyente al espacio público y que se tenga en cuenta la realidad de cada territorio a la hora de aplicarla.