Barcelona aprueba la ordenanza de civismo con reproches cruzados entre ERC e ICV

Barcelona empezará el año 2006 con una nueva ordenanza de civismo y convivencia. La norma fue aprobada ayer en el último plenario del consistorio y se hizo dejando en evidencia la división del tripartito municipal. La ordenanza fue votada por el PSC, Esquerra Republicana y Convergència i Unió, mientras que el PP se abstuvo e Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) votó en contra. Este posicionamiento que también se reflejó en los reproches que se lanzaron Esquerra y la formación ecosocialista, y en las críticas en los bancos de la oposición a la división del tripartito en un asunto de calado.

"En un gobierno de coalición ninguno consigue imponer sus tesis al cien por cien. Hay que renunciar. Todos hacemos lo que podemos y eso supone intentar buscar soluciones a los problemas reales". La afirmación de Jordi Portabella (ERC), segundo teniente de alcalde, estaba dirigida a las filas de ICV. Concretamente a la presidenta de la formación, Imma Mayol, que en su intervención explicó el no a la ordenanza aduciendo que no responde a los criterios de su formación, que se opone totalmente a que problemas sociales, como la mendicidad y la prostitución, se incluyan en una ordenanza de civismo. "La mendicidad agresiva ya está regulada por el Código Penal y hay que aplicar esa norma también a las redes de prostitución. Claro que hay situaciones de conflicto como la que se produce en Sant Antoni, pero hay que ir contra las mafias con el Código Penal", sostuvo Mayol, quien añadió que, en su opinión, en el caso de Sant Antoni se tiene en cuenta especialmente a los comerciantes molestos por la presencia de las prostitutas a cualquier hora del día y bastante masiva. La líder ecosocialista insistió en que el posicionamiento de su grupo es "cuestión de ideología".

En la presentación de la nueva ordenanza, un texto de 102 artículos que entrará en vigor hacia la segunda quincena de enero, la regidora de Participación, Assumpta Escarp, que ha llevado el peso de la elaboración y la negociación, defendió que la ordenanza es una norma de "convivencia, no de civismo", que responde a las reclamaciones "y reiteradas quejas que hacen los ciudadanos" . Escarp subrayó el esfuerzo negociador y lamentó que la ordenanza no se aprobara por una "mayoría en la que nadie quedara excluido". La edil socialista no evito replicar a Mayol: "La ideología también es no esconderse de los problemas reales porque los valores en política los tenemos todos". Al cerrar el debate, el alcalde de Barcelona,Joan Clos, se refirió a la "obligación que tenemos de afrontar los problemas de la convivencia". "Y con esta ordenanza nos hemos mojado", añadió; "no es una varita mágica, pero es novedosa porque utilizamos el derecho administrativo como medida preventiva, porque todos sabemos que la intervención del penal suele ser demasiado tardía". No obstante, afirmó que lo importante será el resultado de su aplicación, "y si hay que cambiar algo, pues lo corregiremos", agregó.

En los bancos de la oposición, la actitud fue de apoyo a la ordenanza como un instrumento que debe poner freno al deterioro del espacio público y de la convivencia sufrido en el último año. Alberto Fernández Díaz (PP) reconoció que es un primer paso -de ahí su abstención-, pero reclamó más: "Tolerancia cero". Xavier Trias (CiU) afirmó que la ordenanza no tiene ideología: "No son normas ni de izquierdas ni de derechas, son de todos". Tras expresar su total apoyo al texto, pasó a criticar la división del tripartito: "Es una lástima que ustedes internamente no sean capaces de hacer un ejercicio de responsabilidad".

La ordenanza, que supone una dotación extra de 28 millones de euros en el presupuesto de 2006 para su aplicación, es una actualización y ampliación de las anteriores, mucho más detallada en cuanto a las infracciones que perseguir y las conductas que perturban la convivencia. Aplica el dercho administrativo, introduce medidas alternativas a sanciones -sobre todo en infracciones cometidas por menores- y regula, por primera vez, determinados casos de prostitución callejera.

Éstos son algunos aspectos destacables de la ordenanza.

- Prostitución.

La normativa acota el ejercicio de la prostitución callejera cuando suponga una invasión del espacio público, una limitación a otros usos. Algo así como un apoderamiento. Y la prohíbe a menos de 200 metros de los colegios, para lo que prevé sanciones -a cliente y prostituta- de 750 euros. Introduce la atención social mediante un plan integral destinado a las mujeres que quieran abandonar la profesión.

- Mendicidad. La mendicidad que suponga coacción, como la de los limpiacristales de los semáforos, también será sancionada con multas de entre 750 y 1500 euros. La causa de la polémica que se abrió en este capítulo, y también en el de la prostitución, es que para algunos suponía la represión de los más débiles. Debido a ello, el articulado final especifica que las sanciones a la mendicidad se aplicarán en los casos de coacción o acoso y cuando se utilice a niños, y que la indigencia de raíz social será atendida por los servicios sociales.

- Bebidas alcohólicas. La ordenanza intenta poner freno al botellón e introduce sanciones si se perturba la convivencia o si se utilizan envases de vidrio o latas. Las sanciones pueden ir de 30 a 1.500 euros.

- Juegos de apuestas. El juego del trile -más bien una estafa-queda prohibido y se sanciona con multas de 1.500 a 3.000 euros.

- Orinar en la calle. Puede suponer una sanción de entre 300 y 1.500 euros.

- Juegos acrobáticos. También ha sido un punto de especial fricción entre la postura de buscar una autorregulación (ICV) y la del resto de las formaciones, partidarias de sancionarlos si se apoderan del espacio público y molestan. Las multas oscilan entre 750 y 1.500 euros, y son extensibles a las acrobacias con patines, monopatines y bicicletas.

- Venta ambulante. Quien compre o venda productos del top manta podrá ser sancionado con 500 euros.