La cuenta atrás de los refugiados

Roman Oditsov tiene 34 años y desde hace tres meses es vecino del barrio del Carmel, en Barcelona. Vive junto a su esposa, Tatiana Odintsova (33 años), y su hijo, Kyrylo (10 años), en un piso gestionado por la Fundación Benallar. Los tres son ucranianos y, por lo menos hasta el 27 de marzo, fecha en la que caduca su tarjeta, tienen la condición de refugiados. El matrimonio vivía en Donetsk donde él instalaba aires acondicionados y ella trabajaba en una tienda.

Roman hacía, en junio de 2014, pequeños arreglos en el garaje de su casa cuando una bomba destrozó el chalet de sus vecinos. “La onda expansiva me lanzó varios metros atrás. Aquel día supe que teníamos que marcharnos. La vida de nuestro hijo corría peligro”, recuerda Roman. “Disponíamos de algo de dinero. Yo tengo una tía en Pamplona por lo que fijamos esa ciudad como punto de destino de nuestra escapada”, recuerda Tatiana. Consiguieron un visado como turistas a Polonia y entraron en España, en noviembre de 2014, a bordo de un avión. En Pamplona vivieron varios meses y solicitaron asilo al Gobierno. El Estado admitió la solicitud y les dio una tarjeta roja que les acreditaba como solicitantes de protección internacional.

En abril de 2015 consiguieron una plaza en un centro de refugiados en Alcobendas donde vivieron poco más de siete meses. Mientras Roman realizaba cursos de mecánico, su mujer intentaba aprender español. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) les concedió unas ayudas para alquilar un piso en Madrid donde estuvieron hasta septiembre del año pasado. “La ayuda tiene un límite de 24 meses. En septiembre Tatiana consiguió un trabajo en tareas de limpieza en Barcelona. No lo dudamos y vinimos aquí”, recuerda Roman. Lo que Roman no sabía es que los solicitantes de asilo no pueden cambiar de provincia. Sin previo aviso, fueron expulsados del programa estatal y perdieron las ayudas. Recurrieron a algunas entidades y consiguieron acceso al programa municipal Nausica, para la atención de personas refugiadas en Barcelona. Este plan ayuda a los demandantes de asilo durante 6 o 12 meses más, cuando se ha agotado la atención estatal.

Representantes municipales de 13 Consistorios se reunieron el martes en el Ayuntamiento de Barcelona para compartir estrategias ante la acogida de refugiados. “Sáenz de Santamaría dice que los municipios no tenemos nada que decir sobre refugiados. No es competencia nuestra, pero somos los que afrontamos su acogida. Nos encontramos ante un programa opaco y centralista”, denunciaba el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens, quien se quejó de que el Estado “recibe financiación de Europa, pero destina el dinero a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y a la expulsión de personas”.

España pactó en 2015 acoger a 17.387 personas procedentes de Siria y otros países en guerra. Pero hasta el pasado febrero solo habían llegado 1.028 refugiados, el 5,9% de su objetivo. Los municipios saben que la competencia de atención social a los refugiados es del Estado, pero denuncian que el programa dura un máximo de 24 meses y cuando el plan concluye un gran número de refugiados terminan en los servicios sociales municipales.