Retiran a un abogado acusado de maltrato del turno de asistencia a la mujer
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián cree verosímiles los testimonios de la expareja del letrado
El Colegio de Abogados de Gipuzkoa (Icagi) ha retirado "cautelarmente" al abogado Miguel Alonso Belza, investigado por presuntos malos tratos a su pareja, del Turno de Oficio de Violencia contra la Mujer al que se encontraba adscrito voluntariamente. Esta decisión se produce tras conocerse que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián ha dictado una orden de protección en favor de la víctima, que prohíbe al letrado aproximarse a la perjudicada y comunicarse con ella durante la tramitación de la causa que se sigue por estos hechos.
Miguel Alonso Belza, que ha llevado numerosos casos penales en Gipuzkoa, ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco y es Miembro de Honor del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), además de diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, a la que ha dejado de pertenecer tras conocerse este caso.
El abogado que representa a Alonso Belza en esta causa, Juan Román Zubillaga, ha rechazado "categóricamente" los hechos que se imputan a su defendido y ha precisado que la medida cautelar de protección dictada contra su cliente ya ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa. Belza es conocido por haber representado a la familia de Nagore Laffage, víctima de un asesinato machista en Sanfermines de 2008.
Los hechos que han motivado la orden de protección contra Alonso Belza tuvieron lugar presuntamente entre abril y diciembre de 2016, cuando la víctima habría sufrido, "indiciariamente", "numerosos episodios de agresividad física, psíquica y ambiental" por parte de su compañero, con el que había iniciado una "relación afectiva" en 2015.
El documento judicial, fechado el pasado 16 de enero, aclara que los sucesos se produjeron cuando ella pretendía dejar la relación con el abogado. "Los hechos son aparentemente constitutivos de un posible delito de maltrato habitual, así como de diferentes delitos de maltrato y de acoso en el ámbito de la violencia de género", cita el escrito.
El documento asegura asimismo que la declaración de la perjudicada "goza de un alto grado de credibilidad", no responde a "ningún tipo de móvil espurio" y es corroborada por cuatro elementos "periféricos" que aumentan su "verosimilitud" como la existencia de una "grabación videográfica", dos informes médicos, y la declaración de una testigo que "no ha presenciado agresiones" aunque sí algunos episodios de presunto acoso.
Tras hacerse públicos estos hechos, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gipuzkoa ha emitido un comunicado en el que explica que, por unanimidad, "considera conveniente" la "separación cautelar" del letrado del citado turno de oficio con el objetivo de "garantizar el funcionamiento normal del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a las Mujeres víctimas de la violencia de género". En su nota, el Icagi muestra "el máximo respeto a la actuación judicial en curso" y "a la presunción de inocencia de la persona afectada", al tiempo que reafirma su "compromiso institucional" y de sus abogados "con la erradicación" de la "lacra social" de la violencia machista.
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