La humillación

Humillación se cura con humillación. O eso parece. Después de pactar una cierta tolerancia para una votación light el 9-N, el Madrid gubernamental vivió la explotación del éxito de la consulta como una humillación intolerable. Aquellos 2,3 millones de votantes abrieron una herida en el orgullo del poder que requería ser curada. Los que se tienen a sí mismos como propietarios del poder en España percibieron el amenazante emerger de una fuerza fuera de su control. Concluyeron que dejar tal osadía sin castigo equivalía a mantener abierta la herida e incurrir en riesgo de gangrena. Decidieron que haber planteado abiertamente a la ciudadanía la partición de España no podía resultar gratis.

El lenitivo para la herida ha sido sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de la Generalitat durante tres días seguidos como reo de un delito penal. El humillador de ayer ha sido al fin humillado: se le ha tratado como a delincuente. Nada de política. Código Penal a secas. Y desde ayer, también para su mano derecha, Francesc Homs. Se ha dejado claro cuál es, al fin y al cabo, la verdadera relación de fuerzas. Quién manda y quién se sienta en el banquillo. El orden ha sido restablecido, incluso en el supuesto de que hubiera absolución, porque la parte acusada no ha cuestionado la legitimidad del juicio. Los humillados de ayer sienten que se cauteriza su herida. La jerarquía ha sido restablecida.

Todo esto es parte importante en los juicios de Artur Mas y Francesc Homs. Pero no es todo, claro. Hay también un debate jurídico, que tiene su cosa. Son varios pulsos políticos simultáneos, a cuál más interesante. El principal se dirime entre el poder español y lo que queda del poder catalán, que es más bien poco: una carcasa institucional sin dinero, con competencias recortadas y mediatizadas, y la Hacienda intervenida. Corre el riesgo de quedar en nada. El apoyo en la calle movilizado por los acusados ni siquiera hace cosquillas al adversario.

Al mismo tiempo, hay otro pulso, menos evidente, entre el Gobierno del PP y el sistema judicial, al que aquél utiliza para que éste le resuelva el problema político que el propio PP creó estando en la oposición. Más allá de lo que sea o no delito de desobediencia, ¿está pasando con la administración de Justicia lo que pasó con el Tribunal Constitucional entre 2006 y 2010 a raíz del Estatuto de Autonomía? En cualquier caso no es un asunto relativo solo a Cataluña. En aquella ocasión saltó por los aires el pacto constitucional y ahora lo que se dirime es la disyuntiva entre un modo de gobernar basado en la negociación o en el autoritarismo.

En otras etapas históricas, lo que ocurre con Mas, Homs y sus colaboradores hubiera sido insoportable para el cuerpo social que representan. Pero la ciudadanía vive tiempos de estupefacción y se resiste a las respuestas airadas. En pocos años ha contemplado sucesos antaño inimaginables, inconcebibles, fantásticos. El expresidente Jordi Pujol, descubierto como un evasor de impuestos. El ex vicepresidente Rodrigo Rato, perseguido y condenado como un ladrón. Un expresidente de Baleares, en la cárcel por corrupción. Familiares del Rey, cazados haciendo negocios ilegales. Dos expresidentes de Andalucía, a juicio. Sentencias judiciales en Valencia describen al PP como una organización para profesionales del delito de cuello blanco y corbata. La ciudadanía ha leído la fotocopia de la larga lista de altos dirigentes del PP que cobraban parte de su sueldo en negro, y entre los nombres figuraba el del actual presidente del Gobierno. Y los beneficiarios políticos de tantos desmanes, ganando las elecciones. Tiempos difíciles de entender.

¿Hasta cuándo? El PP y sus sucesivos Gobiernos parecen convencidos de que pueden hacer lo que quieran en Cataluña, un país en el que esta franja de la derecha ha sido siempre minoritaria, porque cree que el movimiento independentista es un tigre de papel. Es decir, cree que a la hora de la verdad no será capaz de forzar una ruptura que implicaría la voladura del régimen político. Al fin y al cabo, es un movimiento dirigido por las clases medias y por un partido de orden, tantas veces aliado y socio del propio PP en un pasado nada lejano.

Lo único que no se sabe es si la humillación permanente acabará provocando en Cataluña una reacción proporcional, hasta dónde agrandará la quiebra de la que advirtiera José Montilla hace una década. El riesgo es cada día mayor.