Auge y caída del investigador estrella

Hubo un tiempo en el que el nombre de Vicente Soriano solo daba alegrías a los responsables de la sanidad pública madrileña. El médico, especialista en enfermedades infecciosas, era una especie de estrella del rock de las publicaciones científicas. Las clasificaciones le situaban en la primera posición entre los investigadores con más impacto del mundo, por delante de popes estadounidenses como Anthony Fauci. Era 2010 y su equipo lideraba la investigación mundial sobre VIH/sida desde un pequeño hospital público madrileño, el Carlos III.

Si hoy alguien busca alguna publicación reciente de Soriano como investigador principal no la va a encontrar. El que fuera niño mimado de la maquinaria publicitaria de la sanidad de Esperanza Aguirre lleva años hundido en una maraña administrativa y judicial que le acaba de costar el puesto. Soriano, que declinó hablar para este reportaje, ha empezado a cumplir una sanción de dos años sin empleo ni sueldo por orden de un juzgado madrileño, según ha sabido EL PAÍS. Es una de las sanciones disciplinarias más estrictas que se recuerdan. El motivo: manipular datos de sus pacientes, alterando historias clínicas para exagerar la gravedad de enfermos de hepatitis C.

Soriano está fuera de la consulta y del hospital, algo que llevaba años sorteando pese a los distintos escándalos en los que se ha visto envuelto desde 2012. Fue entonces cuando una carrera aparentemente intachable empezó a venirse abajo. Todo empezó con una denuncia anónima en 2010. Alguien envió documentación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), acompañada de una alerta: Soriano había hecho un ensayo clínico ilegal con pacientes de VIH.

La maquinaria inspectora se puso en marcha y unos meses después la Consejería de Sanidad determinó que Soriano había probado medicación para el VIH en pacientes de su hospital público sin pedir autorización a la Aemps ni al comité de ética del centro, sin suscribir el seguro obligatorio y sin informar a los afectados. Es decir, sin haber seguido los pasos que la estricta legislación española exige para cualquier ensayo clínico. Recurrió la sanción, pero finalmente los tribunales le obligaron a pagar 210.000 euros de multa.

Aquel sería solo el primero de una serie de encontronazos con Sanidad y con la justicia. De uno salió indemne. El director de ensayos clínicos del Carlos III, Manuel Ángel Salinero, le denunció por vía penal en 2013 por falsificar su firma en una autorización para realizar uno de esos ensayos. La jueza que dirimió el asunto absolvió a Soriano porque, pese a que efectivamente había una autorización falsificada, también había una verdadera. El abogado defensor de Soriano, Fernando Abellán, convenció a la jueza con una pregunta muy simple: ¿Qué necesidad tenía el médico de presentar un certificado falso si contaba con el bueno?

En aquel caso, y durante estos últimos años, Soriano ha insistido en la sospecha de una vendetta contra su persona. La magistrada dejó escrito en el fallo que la estrategia de la defensa había consistido en “introducir la sospecha de si pudo haber alguien distinto del acusado interesado en sustituir la certificación auténtica por la falsa”. Sospecha que a la magistrada le pareció que tenía sentido, puesto que también menciona “la mala relación profesional” del personal del comité de ética del hospital con Soriano. Según el abogado, tan mala que le habrían imputado falsamente un delito.

Víctima de “una persecución”

Ya en 2012, cuando El País desveló los ensayos clínicos ilegales, Soriano se declaraba objeto de una persecución. Aseguraba que el gerente del centro, apoyado por la Consejería de Sanidad, quería convertir el Carlos III en un hospital de crónicos y acabar con su servicio, que atendía a muchos pacientes y era muy caro por la medicación que toman. Eso lo dijo en mayo; en octubre de ese mismo año la Comunidad de Madrid anunció que el centro se iba a transformar en un centro de media y larga estancia.

El último y, por ahora, decisivo golpe a Soriano se conoció a mediados del año pasado. Sanidad le impuso una sanción de dos años sin empleo ni sueldo por manipular historias clínicas para que pareciera que sus pacientes de hepatitis C estaban en peor situación de la real. Para entonces, el médico llevaba años sin actividad investigadora y solo se dedicaba a la asistencial: ver pacientes de la consulta de enfermedades infecciosas. Soriano siempre ha negado la manipulación. Asegura que si faltaban datos era porque muchas historias clínicas se perdieron cuando las consultas se trasladaron desde el Carlos III hasta el hospital de La Paz.

Los pacientes le apoyan. Le consideran “un firme defensor del acceso de los pacientes con hepatitis C a los tratamientos curativos de última generación” y creen que su castigo es una “gran injusticia”, según le escribieron al consejero de Sanidad el año pasado. Los hechos por los que se acusa a Soriano sucedieron durante la mayor protesta de pacientes que se recuerda en España. Cientos de miles de afectados de hepatitis C tomaron las calles para pedir que terminara el angustioso racionamiento de unos fármacos innovadores que curaban al 90% de quienes los tomaban. Las administraciones los daban con cuentagotas.

“Doy fe de que si de algo es culpable es de anteponer su compromiso médico y ético a su bienestar administrativo”, relata uno de los pacientes de Soriano, que no quiere ver publicado su nombre. “El doctor Soriano se ha opuesto desde el principio a los recortes en sanidad, al desmantelamiento del hospital Carlos III y a los intereses de ciertos laboratorios, y tal actitud lo enfrenta ahora a un conflicto que de momento se dirime en el plano administrativo, donde quienes le acusan son las mismas personas que luego le condenan”, añade, y alude al “evidente trasfondo político” de los problemas del facultativo.

“Ambición desmedida”

Un reconocido especialista de la misma área que el médico caído en desgracia discrepa de los motivos que le han llevado hasta aquí: “Una ambición desmedida y unos criterios éticos muy cuestionables le llevaron a entrar en una espiral de productividad científica que sobrepasaba con mucho la capacidad de su unidad”, explica. “En esa carrera de publicación desorbitada se dejó por el camino las normas éticas y legales”.

Según esta fuente, que pide anonimato, “por un lado perdió la credibilidad ante el colectivo de especialistas en el área, que empezamos a sospechar de la veracidad de muchos de los datos que publicaba. Por otro perdió el apoyo de la industria farmacéutica, a la que manipulaba y presionaba en su beneficio, pero que empezó a tener miedo de verse envuelta en algún escándalo. Y como tercer factor, la presión ejercida sobre su propio equipo para que trabajaran siguiendo sus criterios sin posibilidad de cuestionamiento, generó conflictos internos que probablemente han dado lugar a que algunas de sus prácticas irregulares hayan acabado saliendo a la luz”.

Otro experto en enfermedades infecciosas coincide en que “en el sector hay consenso en que no es una persona fiable”. “Fue muy prolífico y muy original a la hora de crear hipótesis y líneas de investigación, era brillante, pero cuando tiene una idea no repara en medios para llevarla a cabo, aunque se extralimite en el uso de recursos públicos o en cuestiones éticas con tal de ser el primero que llega a conclusiones. Hoy ha perdido la credibilidad”, añade.

Esas prácticas también se han conocido fuera de España, lo que le podría cerrar las puertas a incorporarse a alguna institución extranjera. La revista HIV Clinical Trials le retiró definitivamente de su comité editorial el año pasado, según confirma la empresa editora a EL PAÍS. También retiró el artículo que publicó tras hacer el ensayo clínico ilegal.

Sin embargo, otras revistas de prestigio, como Clinical Infectious Diseases, le mantienen en el comité editorial y su nombre sigue apareciendo en artículos científicos, aunque como autor secundario. “Hace unos cinco años que no se le autoriza ninguna actividad investigadora”, señala una fuente de su hospital.

“No puede hacer ensayos con pacientes, pero sí analizar datos o escribir el paper”, señala uno de los especialistas en enfermedades infecciosas, que añade otro de los rasgos que, en su opinión, definen a Soriano: “En el trato es muy educado, pero difícil para trabajar en equipo, salvo si ese equipo está a su disposición”. El médico intentó en 2013 y 2015 hacerse con una plaza de jefe servicio en sendos hospitales públicos madrileños, pero los tribunales escogieron a otros candidatos.

La sanción que ahora le ha expulsado del hospital de La Paz no supone un punto final a los problemas judiciales de Soriano, que tiene recurrida en vía administrativa la sanción de la Consejería de Sanidad. La titular del juzgado número 26 de Madrid aún tiene que decidir sobre el fondo del asunto, pero en un auto reciente al que ha tenido acceso EL PAÍS considera que el médico debe cumplir los dos años sin empleo ni sueldo entre otras cosas porque ya “ha sido sancionado por varias infracciones disciplinarias” y los perjuicios económicos que sufra “pueden ser reversibles en caso de prosperar el recurso”.

Soriano trabaja ahora en un centro privado de la capital algunos días a la semana. Si volverá algún día a la sanidad pública lo decidirán los tribunales.