Fiscalía y acusación piden dos años para el expresidente de Kutxabank

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El ‘caso Kutxabank’ sienta en el banquillo a Mario Fernández

Visto para sentencia. Las acusaciones del juicio por los pagos de Kutxabank ordenados por su expresidente, Mario Fernández, al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces, a través del despacho de abogados de Rafael Alcorta, es decir, la fiscalía y la acusación popular, han mantenido hoy la petición de condena para los tres acusados al considerar probado que causaron un quebranto económico al banco. Frente a ellos, tanto la defensa de Fernández como la de Alcorta y la de Cabieces han solicitado una "sentencia justa" que defienda la libre absolución de todos ellos.

En la última sesión del juicio en la sección sexta de la Audiencia de Bizkaia, el fiscal y la acusación popular han pedido al tribunal que imponga una pena de dos años de prisión a los tres encausados por los delitos de administración desleal y falsedad en documento mercantil, o alternativamente distintas penas de hasta tres años y medio de cárcel. Coinciden en que fue decisión personal de Mario Fernández que Kutxabank pagara a Cabieces 5.873 euros al mes durante tres años, y que se hiciera a través de las facturas que la entidad abonaba al despacho de Alcorta, que asesoraba al banco en materia laboral. Esa decisión se plasmó en un "acuerdo" rubricado en febrero de 2012 por Fernández y Cabieces, y que es, para las acusaciones, la prueba fundamental para su incriminación, ya que su contenido se fue cumpliendo correlativamente, e incluso se reflejó en una factura unos gastos de un supuesto viaje no realizado por el exdelegado del Gobierno.

"No es que esos tres señores se reunieran para tramar" su actuación, sino que fue "una participación adhesiva, un dolo que va surgiendo en la medida que se conocen los entresijos de la relación", según el fiscal. Fernández reconoció ante la Sala que buscó un acomodo profesional para Cabieces después de que así se lo pidieran desde dos partidos políticos y como se había hecho en otras ocasiones con personalidades que habían estado en primera línea en la lucha contra ETA. El ministerio público ha pedido "no llamar sueldo" a esos pagos porque puede "inducir a equívoco: lo que hay es una orden de pagar unas cantidades" desde el banco a un tercero, sin que este tuviera que trabajar por ello y "en detrimento del patrimonio de Kutxabank". "Kutxabank siempre salía perdiendo" y Cabieces beneficiado, ha sentenciado.

Ningún documento, "ni un solo rastro" acredita que Cabieces hiciera trabajo alguno en el despacho de Alcorta en los tres años en los que se realizaron esos pagos, ha dicho. "No hay ni una sola prueba tangible y documentada del supuesto trabajo de asesoramiento realizado durante tres años" por Cabieces; "ni un solo escrito, ni un solo correo, ni una sola nota manuscrita, ni siquiera un apunte de la mano del señor Cabieces" que verificara su intervención en algún asunto de ese despacho, ha comentado. Solo los encausados Cabieces y Alcorta, así como empleados del despacho, han hablado del trabajo del primero.

Pantalla

El fiscal ha reprochado a Alcorta que aceptara la forma ideada por Fernández para utilizar su despacho "como pantalla" y así pagar indirectamente a Cabieces. "Fue en realidad un compromiso de pagos a Cabieces a costa de la entidad", lo que, a juicio del fiscal, se aprecia especialmente en la "factura falsa en la que se finiquitan los pagos previstos", que Cabieces no llegó a cobrar "porque ese último cheque le quema en las manos", cuando ya la trama se había hecho pública. Respecto a la actuación de Mario Fernández, el fiscal indica que no es posible "mayor reconocimiento del daño causado que la devolución de esos pagos", que abonó el expresidente del banco a la entidad cuando conoció que se estaba investigando.

La acusación popular, ejercida por Jone Goirizelaia en representación de un grupo de sindicatos y organizaciones sociales encabezados por LAB, ha reflexionado sobre la existencia de "puertas giratorias" de políticos que tras abandonar sus cargos cobran de empresas y que, a su juicio, se evidencia en este caso. La abogada se ha sumado a la petición de penas de la Fiscalía, si bien ha planteado subsidiariamente que se condene a tres años y medio de cárcel a Cabieces y Alcorta, y a dos años y tres meses de prisión a Fernández.

Goirizelaia ha pedido a la sala que valore la negativa de los tres acusados a contestar a sus preguntas y que dé por buenos los relatos de las acusaciones. Las defensas han asegurado que Cabieces trabajó realmente como colaborador para Alcorta en asuntos relacionados con Kutxabank y que la actuación de sus clientes no perjudicó al banco. El abogado Carlos Bueren ha asegurado que su cliente, Mario Fernández, "no solo no causó perjuicio económico alguno a Kutxabank", sino que su actuación fue "beneficiosa" para los intereses de la entidad y ha pedido para él "una sentencia justa" advirtiendo que "está en juego el honor de una persona".

Ha recordado que su defendido devolvió al banco los 240.000 euros y que en ningún momento del procedimiento el banco se personó como acusación particular o perjudicado, y ha asegurado que Fernández "no solo generó beneficios como resultado de su gestión, sino también como consecuencia de su sacrificio económico personal". Bueren ha concluido en la lectura de sus conclusiones que: "Aquí no están todos los que son, ni son ninguno de los que están". Javier Beramendi, representante legal de Alcorta, ha explicado que su defendido tuvo que aceptar la orden de Kutxabank de que el exdelegado del Gobierno empezara a cobrar todos los meses de su despacho como colaborador y no pudo oponerse a ello porque tenía contrato de iguala con la entidad.

"Poca capacidad de negociación tenía Alcorta como despacho pequeñito con un mastodonte como Kutxabank", ha dicho el letrado. Jesús Urraza, letrado de la defensa del exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, ha iniciado su informe asegurando que "detrás de este procedimiento sin sentido hay conceptos que nada tienen que ver con lo jurídico" ya que, si el colaborador al que pagó Kutxabank no hubiera sido un político de la relevancia pública de su patrocinado, el proceso "no hubiera llegado a este punto". Urraza ha tratado de restar credibilidad al testimonio del auditor de la entidad que aseguró que Cabieces recibió hasta 240.500 euros del banco, sin que este recibiera a cambio una contraprestación de servicios.