El defensor del menor exige datos y coordinación contra el acoso escolar

"Recuerdo la soledad, una que nunca se acababa, no encontraba fuerzas para sonreír, pero tampoco para suicidarme, y lo único que hacía era encerrarme en la habitación y llorar". Es el relato de Luis, de 14 años, un menor víctima de acoso escolar en Andalucía. Uno de entre un número desconocido de menores que lo sufren en la comunidad por la falta de datos para diagnosticar el problema. Una información que sería relevante para poder prevenir, detectar y recuperar a los alumnos, según se describe en el Informe especial sobre acoso escolar y ciberacoso presentado este lunes por el Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, al presidente del Parlamento de Andalucía, para que posteriormente sea defendido en la Cámara.

"Estamos ante una situación de emergencia. Ahora hay más alarma social, más interés mediático sobre este tema, que esta disperso y oculto. Necesitamos más trasparencia para saber dónde se producen los casos, quiénes acosan y son acosados, en qué zonas, cómo se trata el tema. La Administración tiene que cambiar el sistema. Tal y como está es imposible saber nada", ha apuntado Maeztu tras la presentación del texto, que ha sido trabajado en la oficina durante un año ante una considerada "falta de efectividad" de las respuestas respecto a esta cuestión.

En 2016 se duplicaron las quejas por acoso en la oficina del defensor con 41 tramitadas frente a las 22 de 2015, la mayoría de ellas después de una intervención de Maeztu en televisión mientras hacía declaraciones de este tema. "Ahora hay mayor conciencia social contra el acoso. Antes pasaba más desapercibido, siempre estaba oculto y daba miedo. Incluso en los colegios no lo quieren reconocer porque es una seña de desprestigio, pero no es así", ha dicho el defensor, que no obstante, reconoce que en Andalucía se registran niveles aceptables de convivencia. Educación por su lado, apunta que el Observatorio para la Convivencia Escolar ha registrado un 0,03% de situaciones de acoso en las escuelas, 358 casos entre un alumnado de casi dos millones

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En el documento presentado se desarrollan 26 propuestas vinculadas a la coordinación de los ámbitos de Educación, Sanidad, Justicia, Servicios Sociales, familias y fuerzas de seguridad para erradicar este fenómeno. Entre las iniciativas se plantea un plan integral de convivencia escolar, estudios, sensibilización, formación para profesores y personal médico e implicación de los medios de comunicación. Unas medidas para las que Maeztu ha pedido un presupuesto sin cuantificar.

"En el plan integral de convivencia se puede determinar cuál es el papel de cada uno", apunta Maeztu, que en concreto plantea que la plataforma Séneca, donde los profesores registran la información educativa, debería de contar con apartados para completar campos que permitan diagnosticar el problema. Ante esta demanda del defensor, la Consejería de Educación, ha remitido posteriormente en un comunicado que ya contempla la inclusión de registro de casos de acoso en el sistema Séneca, aunque el defensor exige más detalle su cumplimentación. De igual forma, la oficina pide también que se filtren los datos en el sistema de registros de la Consejería de Justicia, Adriano, y en la fiscalía de menores.

El defensor, que ha descrito el acoso como un maltrato continuado con intención de hacer daño para apoderarse de la voluntad de otra persona, ha recalcado las palabras "intención, repetición y dominio", para que no se confunda con una mala conducta puntual en el aula. Unas concepciones que reconoce confusas y cuya gestión no está resuelta ni en el ya existente Protocolo andaluz de actuación en supuestos de acoso escolar, publicado en 2011, ni el protocolo de actuación sobre identidad de género en el ámbito educativo, de 2015. Textos para los que se ha detectado falta de formación por parte de los responsables sobre su implementación.

El ciberacoso, que ya cuenta con un protocolo de actuación de la Consejería de Educación, es considerado también en la oficina como uno de los temas clave a tratar por suponer una persecución sobre la víctima que surge incluso fuera del aula. "Las nuevas tecnologías permiten tener un control del niño durante 24 horas. Es un instrumento muy poderoso", ha apuntado Maeztu, que ha asegurado que las conductas violentas en los alumnos provienen del exterior, ya sea el ambiente familiar o social, y que no está vinculado con el nivel económico del entorno. "Si nos ponemos todos las pilas, en un año esta situación podría cambiar totalmente", ha concluido Maeztu.