El fiscal del 9-N a Mas: “Este juicio también es democracia”

El fiscal ha convertido este viernes su informe final del caso 9-N en un discurso de alto voltaje político. Emilio Sánchez Ulled ha rechazado uno de los mantras del soberanismo sobre el proceso abierto a Artur Mas por desobediencia: que se trata de un “juicio político”. “Aquí no se está enjuiciando la voluntad popular. No se está juzgando ni persiguiendo la democracia (...) Este juicio también es democracia”, advirtió el fiscal en su discurso, en el que hizo una defensa cerrada de la independencia de la Fiscalía y del Estado de Derecho. Mas hizo uso del derecho a la última palabra para replicarle: “Estamos aquí por el éxito del 9-N”.

“La democracia”, ha afirmado, “es muchas más cosas de las que se han dicho aquí. No es solo votar”. “Lo crean o no”, ha desvelado Sánchez Ulled, la Fiscalía no ha recibido “ninguna indicación” ni presión del Gobierno a propósito del 9-N. “Es más, yo no lo habría consentido”. La exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, solo le pidió una “valoración técnica rigurosa” y le dio vía libre para “archivar o acusar” según su criterio, agregó.

En la última sesión del juicio, el fiscal ha dejado claros los límites de la justicia, que no aborda “ni la convocatoria” de la consulta, ni la “participación de voluntarios” ni tampoco la votación, a cuya llamada acudieron 2,3 millones de catalanes el 9 de noviembre de 2014. La vista solo trata de “comprobar” si, una vez dictada la suspensión por el Tribunal Constitucional (cinco días antes), el Gobierno catalán siguió impulsando la consulta. Sánchez Ulled cree que sí y pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para la exvicepresidenta Joana Ortega y para la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau por desobediencia y prevaricación.

Mas y sus consejeras provocaron “una ruptura de las reglas del juego democrático y de la convivencia”. El sistema político “garantiza cualquier opción política y democrática”, ha recordado el fiscal, que ha denunciado la “opacidad” del Gobierno catalán en el proceso y su intento de “enmascarar”, con los voluntarios, la realidad: que en todo momento estuvo detrás de la consulta. Esa es la tesis que se esforzó en demostrar. Las pruebas (testigos, documentos) han “acreditado el control público sobre la preparación y el desarrollo” del 9-N.

El Gobierno catalán actuó “en abierta, clara, patenta y flagrante vulneración de lo ordenado” por el Tribunal Constitucional. “El presidente de la Generalitat, que lo es de todos, articuló una estrategia de desafío abierto a lo ordenado” por el tribunal, con la “colaboración directa” de Ortega y Rigau.

Tras el veto, el Ejecutivo no dio ninguna orden de detener la consulta. Y permitió que los trabajos encargados a empresas privadas (básicas para la celebración del 9-N) siguieran adelante. El fiscal ha insistido en que los dirigentes “sabían lo que hacían”. Y ha señalado que no pueden alegar que no entendieron bien el alcance de la prohibición. Sánchez Ulled ha explicitado que habría preguntado a Mas, en caso de que este le hubiera contestado (en su declaración, el expresident se limitó a responder a su abogado): “Dígame usted, por favor, de esta resolución, ¿qué es lo que no entiende?” El fiscal ha pedido al tribunal, además, que valore “el clima de sonrisas y miradas entre testigos y acusados”.

En la segunda parte de la exposición, Sánchez Ulled se ha centrado en los aspectos "técnicos y jurídicos" del delito de desobediencia. En ese punto reside la clave de la sentencia que el tribunal debe dictar. Según el fiscal, en este caso se dan "todos los requisitos" que exige el delito de desobediencia. Y citó a su favor sentencias del Tribunal Supremo.

Tras los informes de las defensas, Mas ha ejercido un derecho que asiste a todo acusado: el de la última palabra. Y lo ha aprovechado para defender la consulta y arremeter contra la Fiscalía. “No nos engañemos. No estamos aquí por haber desobedecido, sino por el éxito del 9-N”. La consulta “no gustó al Estado”, que la interpretó como un “desafío” y quiso que sus responsables “pagaran por ello”.

En su intervención, de 23 minutos, ha vuelto a proclamarse “máximo responsable” del proceso y también, de “haber escuchado a la gente”. Pero también ha defendido su inocencia: “Tenemos la convicción íntima de que no somos culpables de haber cometido ningún delito”. Mas ha intentado recoger la pregunta al aire de la Fiscalía —“no entendimos la resolución, y por eso pedimos aclaraciones”— y ha reprochado a la institución no haber salido en su defensa ante las “calumnias, difamaciones y operaciones de guerra sucia” de las que se siente víctima.