El fiscal, a Mas: “Este juicio también es democracia”

El fiscal del caso 9-N ha convertido su informe final en un discurso de alto voltaje político. Emilio Sánchez Ulled ha rechazado uno de los mantras del soberanismo sobre el proceso a Artur Mas: que se trata de un juicio político. “Aquí no se está enjuiciando la voluntad popular. No se está juzgando ni persiguiendo la democracia”, ha dicho el fiscal, que en un discurso de más de dos horas ha hecho una defensa cerrada de la independencia de la Fiscalía y del Estado de derecho: “Este juicio también es democracia. Porque la democracia es muchas más cosas de las que se han dicho aquí. No es solo votar”, ha explicitado.

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El fiscal ha repasado, como se acostumbra en estos trámites, las pruebas e indicios contra los acusados. Y ha insistido en que el Gobierno catalán organizó la consulta del 9 de noviembre de 2014 pese a la prohibición dictada, cinco días antes, por el Tribunal Constitucional. Pero ha ido más allá con un informe de gran calado político, en el que ha rechazado las acusaciones vertidas contra la Fiscalía sobre su dependencia del Gobierno. “No hemos recibido ninguna indicación que viniera de allí, lo crean o no. Y es más: yo no lo habría consentido”.

Sánchez Ulled ha “desvelado” el encargo que la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, le hizo cuando fue designado fiscal del caso 9-N. “Me dijo que quería una valoración técnica rigurosa en un asunto delicado. Y en el sentido que fuera: archivar o acusar”, ha dicho el fiscal, consciente de que se trata de explicaciones que “normalmente no aparecen en ningún sitio” y que ha considerado necesario explicitarlas por la expectación que ha generado el caso: “La ciudadanía merecía una explicación”.

El proceso del 9-N, ha insistido, no aborda la convocatoria de un proceso de participación ni la asistencia de voluntarios; tampoco, el voto de 2,3 millones de personas el 9 de noviembre de 2014. El juicio solo trata de “comprobar si, una vez dictada la suspensión” por el Tribunal Constitucional (el 4-N) el Gobierno catalán siguió impulsando la consulta. Y, de ser así, “si esa conducta es un delito” de desobediencia.

El grueso del informe lo ha centrado en detallar las pruebas de los delitos de desobediencia y prevaricación. Sánchez Ulled ha intentado desmontar la tesis del expresident de que el proceso quedó en manos de voluntarios. Al desoír el veto, los acusados —Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau— han provocado “una ruptura de las reglas del juego democrático y de la convivencia”. El sistema político “garantiza cualquier opción política y democrática”, ha añadido el fiscal, que ha denunciado la “opacidad” del Gobierno catalán en el proceso y su intento de “enmascarar”, con los voluntarios, la realidad: que en todo momento estuvo detrás de la consulta.

Las pruebas practicadas en el juicio (documentos, testigos) han “acreditado el control público sobre la preparación y el desarrollo” del 9-N, “en abierta, clara, patenta y flagrante vulneración de lo ordenado” por el Tribunal Constitucional. “El presidente de la Generalitat, que lo es de todos, articuló una estrategia de desafío abierto a lo ordenado” por el tribunal, con la “colaboración directa” de Ortega y Rigau. El fiscal pide diez años de inhabilitación para Mas por desobediencia y prevaricación, y nueve para sus consejeras por los mismos delitos.

Tras el 4-N, el Gobierno no dio ninguna indicación para detener la consulta. Y permitió que los trabajos encargados a empresas privadas (básicos para la celebración del 9-N) siguieran adelante. El fiscal ha insistido en que los acusados “sabían lo que hacián” y que no pueden alegar que no entendieron bien el alcance de la prohibicíon. Sánchez Ulled ha explicitado qué habría preguntado a Mas,en caso de que éste le hubiera contestado (en su declaración, el expresident se limitó a responder a su abogado): “Dígame usted, por favor, de esta resolución, ¿qué es lo que no entiende?” El fiscal ha pedido al tribunal que valore “el clima de sonrisas y miradas entre testigos y acusados”.

En la segunda parte de la exposición, Sánchez Ulled se ha centrado en los aspectos “técnicos y jurídicos” del delito de desobediencia. En ese punto reside la clave de la sentencia que el tribunal debe dictar. Según el fiscal, en este caso se dan “todos los requisitos” que exige el delito de desobediencia. Y citó a su favor sentencias del Tribunal Supremo.