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El Gobierno regional admite que no halla las cuentas del Campus de la Justicia

El fracasado proyecto para reunir las sedes judiciales de Madrid costó 105 millones de euros

Los terrenos de la ciudad de la justicia, en Valdebebas (Madrid).
Los terrenos de la ciudad de la justicia, en Valdebebas (Madrid).

El Gobierno madrileño lleva más de un año buscando, sin éxito, las cuentas generales del Campus de la Justicia, el megaproyecto frustrado de reunir en un solo espacio las sedes judiciales de la capital y que ha dejado un agujero de 105 millones de euros. “Hasta la fecha no se ha localizado el Libro Mayor de contabilidad [el documento principal con todas las operaciones contables de una empresa] correspondiente a los años 2008 a 2014”, acaba de contestar el Ejecutivo a la petición hecha en noviembre de 2015 por un diputado de la oposición.

Amontonamiento de cargos, repetidos, bien pagados y a veces difícilmente justificables; inexistencia de planificación económica; contratos adjudicados sin concurso y facturas sin concurso ni contrato; gastos desorbitados en maquetas, merchandising y hasta 72 viajes promocionales… Los indicios de irregularidades en torno al proyecto de Campus de la Justicia, nacido oficialmente en 2005 y finiquitado en 2014 después de gastar 105 millones, llevan años acumulándose. De tal modo, que de la comisión parlamentaria que investiga el endeudamiento de la Comunidad de Madrid salió el pasado septiembre un informe sobre los puntos oscuros del proceso que acabará, en su versión definitiva, en la fiscalía.

Una de las evidencias más claras es la falta de transparencia en la gestión de la sociedad, puesta de manifiesto con la desaparición de expedientes y contratos (incluido uno millonario con el arquitecto Norman Foster) o la justificación tardía o inexistente de sus actividades (en 2010 se dejaron de presentar a la Cámara de Cuentas). Y ahora vuelve a quedar en evidencia, quizá más claramente que nunca, después de que el Gobierno regional admita que no es capaz de encontrar el documento más básico y principal de cualquier empresa, el Libro Mayor de contabilidad, entre 2008 y 2014, de la sociedad pública que tenía que poner en pie el faraónico proyecto: Campus de la Justicia S. A.

Y tampoco localizan la declaración informativa de operaciones a terceros (que las empresas deben presentar a Hacienda detallando las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios) entre 2005 y 2014. “Tras haber dedicado meses a la búsqueda de la información solicitada, no se ha localizado”, respondió el pasado 31 de enero, 15 meses después de que se abriera el expediente de la petición, el viceconsejero de Justicia, Enrique Ruiz Escudero.

Y eso, a pesar de que el Gobierno madrileño dirigido por Cristina Cifuentes asignó en julio de 2015 a 10 funcionarios la tarea de ordenar toda la documentación referente al campus. Han encontrado muchas huellas de la actividad, entre facturas, contratos, etcétera, explican fuentes de la consejería, pero sin esas cuentas generales como referencia, tampoco está claro qué es lo que hay y qué es lo que falta dentro de un maremágnum de papeles que ocupan más de 100 metros lineales.

El equipo de Cifuentes ha tratado de distanciarse todo lo posible del proyecto en el que se embarcaron sus predecesores en la presidencia madrileña y compañeros en el PP, Esperanza Aguirre (que puso en marcha la idea de una megaciudad con 14 edificios) e Ignacio González (que trató de rescatarla en 2014 en una versión mucho más modesta).

Sin embargo, desde la oposición, Podemos ha reprochado con insistencia lo que ve como “comportamiento diletante, cuando no obstruccionista” del equipo de Cifuentes con respecto a las peticiones de información sobre este asunto. El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez pidió las declaraciones de operaciones con terceros en octubre de 2015 y sobre el Libro Mayor de cuentas en noviembre de ese mismo año.

Bolígrafos y corbatas

También por aquellas fechas la diputada del PSOE Mercedes Gallizo presentó varias preguntas sobre el gasto en merchandisingde Campus que le acaban de responder. La sociedad pública gastó algo más de 18.000 euros en artículos promocionales del proyecto: 6.264 euros por 200 corbatas; 9.439 por 5.800 bolígrafos y lápices; 2.631 por 350 paraguas; y 3.480 euros por 2.500 llaveros. Se hicieron para repartirlos en las ferias, exposiciones y actos institucionales de presentación de la iniciativa. El método de contratación fue el siguiente: se invitó a tres empresas a que enviaran sus propuestas y se eligieron las más baratas. En este caso, fueron la de las empresas Duoplucidad, Telepresent S. A. y The Jrath S. A.

En todo caso, en las próximas semanas el informe sobre las conclusiones de la investigación en la Asamblea, con las aportaciones de todos los grupos, llegar previsiblemente a la Fiscalía. Y, si los indicios dan lugar a una investigación, ya será la justicia la que empiece a pedir información.

De momento, en los 200.000 metros cuadrados en el barrio de Valdebebas, al noreste de la capital, que tenían que acoger el megaproyecto, apenas hay un solitario edificio sin inaugurar: la sede del Instituto de Medicina Legal. Y, bajo tierra, otros 1.300 metros de túneles que debían unir todos los edificios y costaron 60 millones de euros. El Gobierno de Cifuentes decidió olvidar definitivamente el proyecto, pero no podrá hacerlo hasta que los tribunales resuelvan el conflicto que mantiene con Acciona y OHL, las empresas que estaban a punto de hacerse con el proyecto de construcción en la pasada legislatura.

Juzgados viejos y la ciudad que nunca llegó

El mal estado de los juzgados de la Comunidad de Madrid (con sedes obsoletas, muchas de ellas carentes de básicos elementos de seguridad) ha obligado en las últimas semanas al consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, a reunirse con sindicatos, jueces y fiscales y prometerles un 30% más de presupuesto en 2017 para el mantenimiento de las infraestructuras. Esta partida sufrió durante la crisis un severo recorte, pero además, al menos en el caso de la capital, la promesa de una ciudad de la justicia —con nuevas, modernas y reunidas sedes— hizo que mucho antes se relajaran las preocupaciones por estos edificios.

Pero esa ciudad, al menos de momento, no va a llegar, y las necesidades de mejora, según jueces, fiscales y sindicatos, no pueden esperar. Así, los cuatro grupos de la Asamblea (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) reclamaron el jueves al Gobierno un pacto por la justicia que incluya un plan de choque para frenar el deterioro de los juzgados.

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